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Reto para la transformación

Los jóvenes rurales en zonas de cultivos ilícitos: análisis del GDR en Colombia

17 octubre, 2018

De acuerdo con el análisis preliminar realizado por Rimisp, los territorios afectados por los cultivos de coca generan mayores retos para la generación de oportunidades económicas de los jóvenes rurales.


La presencia de actividades ilegales en las zonas rurales del país es uno de retos más importantes para la transformación de los territorios en Colombia. Desde el mes de agosto de 2018, el Grupo de Diálogo Rural (GDR) ha centrado su atención en los 183 municipios donde hay presencia de cultivos de coca con el propósito de reconocer las afectaciones sobre el desarrollo económico de los jóvenes rurales.

Es así como el pasado 25 de septiembre se dieron cita los integrantes de este Grupo, con el objetivo de conocer el análisis realizado por Rimisp sobre las condiciones socioeconómicas, educativas y otras dinámicas que se tejen alrededor de las actividades ilícitas y cómo afectan la realidad de los jóvenes rurales.

El análisis se centró en las características de los 183 municipios que reportaron presencia de cultivos de coca en el año 2016, según datos publicados por el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de UNODC.

Es así como los departamentos con mayor cantidad de hectáreas de coca sembradas en este periodo son Nariño(42.627), Putumayo(25.162), Norte de Santander (24.830) y Cauca(12.595). Por otro lado, los municipios con mayor área sembrada son Tumaco (23.147), en Nariño, Tibú (12.787) en Norte de Santander y Puerto Asís, en Putumayo. Los dos primeros representan, respectivamente, más de la mitad de los cultivos de coca de sus departamentos y, entre ambos, representan cerca del 25% de los cultivos de coca del país.

Según las proyecciones de población del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), los municipios con presencia de cultivos de coca concentraron el 14% de la población nacional en el 2017. En el área rural dispersa, el 58% de la población de estos municipios tiene menos de 30 años, con una mayor participación de la población menor a 15 años, lo cual evidencia altas tasas de natalidad según el Censo Nacional Agropecuario realizado en el 2014. Por su parte, las mujeres jóvenes en las zonas rurales afectadas presentaron en 2016, un número de hijos 30% más alto frente al promedio nacional y 39% mayor al de los municipios sin presencia de cultivos de coca.

Paralelamente, los municipios afectados presentan una incidencia global de la pobreza considerablemente más alta respecto al promedio nacional (81% contra el 69%). Esta diferencia es más amplia si se comparan estas cifras con las de los municipios sin presencia de estos cultivos (67%). “La tendencia se mantiene en las zonas urbanas y rurales, pero es particularmente dramática en las rurales, que cuentan con una incidencia del 89% en las zonas con cultivos ilícitos, frente al 78% en las zonas sin estos cultivos. De igual manera, la desigualdad es mayor en las zonas afectadas, que presentan un índice GINI de 0,49 frente al 0,45 del promedio nacional y de las zonas libres de estos cultivos” puntualizó Ángela Penagos, Secretaria Técnica del GDR en Colombia.

En cuanto a cobertura de educación, los municipios con cultivos de coca tienen el 25% de cobertura neta en el 2016, mientras que los municipios sin estos cultivos tienen una cobertura promedio del 42%. Asimismo, el porcentaje de la población entre los 5 y los 24 años que asistió a alguna institución educativa en los territorios afectados fue del 53% en 2005, frente al 62% de los municipios libres de estos cultivos (DANE, 2005).

Frente a este panorama, los integrantes del Grupo coincidieron en afirmar que esta situación reduce las alternativas lícitas para los jóvenes rurales. Por lo tanto, es necesario pasar de cifras a conocer con mucho más detalle las características de los territorios afectados por estas actividades y las condiciones de sus jóvenes desde su perspectiva individual.

“Es necesario incorporar nuevas metodologías e indicadores que tengan en cuenta a los territorios. Solo somos capaces de averiguar esto medianamente”, puntualizó Olga Lucía Acosta, integrante de la Red

“Entender el fenómeno y sus particularidades un buen ejercicio. Concentrarse en dos municipios y realizar una especie de estudio de caso para hacer una propuesta muy precisa que contenga investigación nos permitirá generar acciones con mayor incidencia” puntualizó Ángela Penagos.

En este sentido el GDR complementará el diagnóstico con información secundaria con el propósito de contrastar estudios territoriales que permitan profundizar en el análisis micro del territorio, y avanzará en la construcción de la mejor metodología que permita generar oportunidades de desarrollo económico para los jóvenes rurale partiendo del reconocimiento de las capacidades y herramientas de respuesta que han desarrollado los territorios para hacerle frente a las actividades ilícitas en Colombia.