En su más reciente análisis, Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, reflexiona sobre cómo la presencia del COVID-19 ha afectado la oferta de alimentos y la demanda de productos agropecuarios en México, Colombia y Chile.

La reflexión realizada a partir de información recopilada en sitios oficiales de los Gobiernos, medios de comunicación, blogs y noticias, destaca que, si bien el abastecimiento de alimentos se ha mantenido durante la pandemia, existe una preocupación sobre los posibles choques que esta situación podría generar.

En Colombia, el abastecimiento de alimentos en los centros mayoristas es normal hasta mediados de abril, incluyendo la Semana Santa, aun cuando la Central de Abastos de Bogotá estuvo cerrada dos días. De hecho, hubo un leve aumento de la oferta interna y también de las importaciones.

“Los precios de los alimentos en Colombia crecieron un 2,21%, lo que se asocia al incremento de la inflación durante el mes de marzo, como resultado de la caída vertical del precio del petróleo. Frutas frescas, arroz, hortalizas, papas, plátanos y cebolla, fueron algunas de las subclases que mayores incrementos de precio presentaron durante el mes. Con esto, los alimentos acumulan una variación de precios anual del 7,19%” señala el documento.

En Chile, las ferias libres, que representan el canal de distribución principal para la inmensa mayoría de chilenos, se han visto parcialmente afectadas por las medidas tomadas. Según reportes de la Confederación Gremial Nacional de Organizaciones de Ferias Libres, Persas y Afines (ASOF), el 80% de las 1114 ferias libres funcionan con normalidad y el 20% de ellas han presentado alteraciones en su servicio.

Según la Asociación de Municipios de Chile, los precios en los supermercados llegan a ser hasta tres veces los productos de la feria. Aunque por el momento no se registran alzas sistemáticas en los precios de los principales productos alimenticios en los supermercados, esta relación podría aumentar en caso de clausura de ferias, afectando la seguridad alimentaria de numerosas familias.

De otro lado, en un mediano-largo plazo, las principales asociaciones de productores y ganaderos, así como las principales instituciones públicas relevantes, no informan de una disrupción en los trabajos agropecuarios a causa de la actual crisis. No obstante, la actual situación de sequía histórica por la que pasa Chile sí amenaza la producción tanto agrícola como pecuaria e impide su crecimiento al ritmo de los últimos años.

En México, el documento señala que, aunque no se cuenta con datos oficiales sobre la oferta de alimentos en las semanas de cuarentena, personas y autoridades coinciden en asegurar que el abastecimiento se ha mantenido entre los rangos de normalidad para la época del año y que, a la Central de abastecimiento de CDMX, siguen llegando cada día cerca de 45 mil toneladas de frutas, verduras, carnes y abarrotes para abastecer los mercados del área metropolitana de Ciudad de México, donde viven unos 20 millones de personas.

En lo que respecta al precio de algunos alimentos, el huevo registra una subida en el precio de un 29% respecto al año pasado y la pechuga de pollo vale un 12.7% más, como consecuencia de un brote de gripe aviar. El azúcar ha sufrido problemas con una pronunciada sequía en 2019 en los cañaverales de los principales estados productores, como San Luis Potosí, Veracruz, Campeche y Oaxaca. Por esta circunstancia, la producción se ha recortado hasta el momento un 17.4% respecto al mismo periodo del año pasado y su precio se ha elevado un 8.4% entre el 30 de marzo y el 8 de abril en los mercados mayoristas.

Sobre la demanda de productos agropecuarios, el análisis señala que en Colombia es altamente probable que la parálisis de la vida social y económica conlleve una disminución fuerte del consumo, especialmente de bienes no indispensables y de servicios, que afectaría sustantivamente el turismo y el consumo de alimentos fuera de la casa. Esta situación aún no se refleja en los precios por el crecimiento de la inflación, pero si en las dificultades de mantener los canales de comercialización tradicionales.

Se calcula que, por el cierre de la economía hasta finales de abril, se podrían perder en Colombia 1,1 millones de empleos. Además, según la OIT (2018), en América Latina y el Caribe hay al menos 140 millones de personas trabajando en condiciones de informalidad, lo que representa alrededor de 50% de los trabajadores.

La demanda de alimentos en el caso chileno enfrenta los mismos desafíos. Los restaurantes y otros locales de ocio que canalizan una relevante parte del consumo de alimentos, presentan dificultades en la temporada de la pandemia. El 20% de los hogares con mayores ingresos gasta, en promedio, CL$100.000 mensuales en restaurantes y similares. Así, la medida de cierre de establecimientos y la limitación de actividades de ocio generan una significativa reducción de la demanda de alimentos.

Según los datos para el primer trimestre de 2020 de la Encuesta Nacional de Empleo (INE, 2020), el 28,8% de los chilenos se encuentra en una situación de informalidad laboral, lo que se asocia a una mayor vulnerabilidad y menor seguridad y estabilidad en los ingresos.  Si bien la demanda de alimentos suele considerarse como inelástica en relación con los ingresos, los tipos de productos, así como su calidad, son más susceptibles de registrar cambios ante caídas en el presupuesto familiar disponible.

La demanda por alimentos en México tampoco ha sido inmune al COVID-19. Desde la llegada de la pandemia, se han visto cambios en el comportamiento habitual, no sólo por el interés individual de prevenir algún desabastecimiento, sino por el consumo mayor de varios Estados que adelantaron compras de comida, productos de higiene, así como productos de limpieza y papelería.

Para terminar, el documento señala algunas recomendaciones para mantener el equilibro durante esta temporada. Una de ellas, resalta la importancia de fortalecer los protocolos de sanidad para que los centros de almacenamiento de alimentos cumplan con las condiciones exigidas. Así mismo, sugiere proveer de apoyo logístico y de almacenamiento para evitar que los costos de transporte incrementen los precios de los alimentos, y los precios al productor se reduzcan.