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Prácticas políticas y corrupción “sofocan” al Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria

22 Junio, 2017

Presenta Laure Delalande ponencia en el 11º Congreso de la AMER. El trabajo es sobre el PESA y cómo ha transitado de un proceso de cambios positivos a un círculo vicioso de clientelismo y captura de rentas; antes de la actual etapa sombría, el programa fue valorado por su complejidad y capacidad para incidir en zonas muy pobres


El Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) –existente desde hace más de diez años en México y enfocado a promover proyectos productivos en zonas rurales de alta y muy alta marginación– ha caído en una etapa de “sofocamiento”.

Son varios los motivos, entre ellos la sobre burocratización; la corrupción en la proveeduría, la captura política de las Agencias de Desarrollo Rural (ADR) por parte de actores influyentes, y cambios metodológicos realizados en los años recientes, que reorientan el objetivo del PESA hacia la producción y productividad (versus el desarrollo de capacidades, que se tenía originalmente), lo cual es un grave error, pues “el potencial de desarrollo de las zonas rurales pobres rebasa por mucho lo relativo a la producción y productividad agropecuaria”.

Este planteamiento lo expresó Laure Delalande, investigadora de Rimsp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Representación México-Centroamérica), en su ponencia “El PESA: del círculo virtuoso al círculo vicioso”, presentada en el Decimoprimer Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales (AMER) “Marejadas rurales y luchas por la vida”, que se realiza en Bahía de Banderas, Nayarit, 20 al 23 de junio.

La ponencia fue expuesta el 21 de junio en la mesa de debate “Pobreza y exclusión en México y Brasil: perspectivas y desafíos sobre las políticas públicas hacia el campo”.

Delalande destacó que otro factor que ha dañado al PESA es la eliminación de la gradualidad en su operación con la supresión de las distintas etapas de intervención en las comunidades, pues con ello “se deja de reconocer que el desarrollo en zonas rurales marginadas es un proceso, y no una acción aislada; se privilegia una visión ingenieril y de soluciones prácticas a problemas puntuales, en lugar de una visión de desarrollo de capital humano y que ponga en evidencia los procesos sociales, políticos y económicos de los territorios”.

La investigadora dijo que el PESA –que inició con apoyo de asistencia técnica y con diseño de metodología de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)– es considerado el único programa público masivo con un enfoque con elementos de desarrollo territorial en zonas rurales de México.

Además el programa ha sido relevante en el pasado reciente dado su diseño complejo y eficiente, pues ha logrado llevar a cabo intervenciones e iniciativas de asistencia técnica en zonas rurales de alta y muy alta marginación; ello, a pesar de la dispersión y poca accesibilidad comunes en estas regiones.

“Desafortunadamente, vemos que no se ha valorado la permanencia del PESA. El programa se ha viciado y está expuesto a problemas políticos y a diversas formas de captura que afectan a muchísimos programas sociales en el país”, comentó Delalande.

El análisis del PESA que hizo la investigadora es crítico y retrospectivo de las principales etapas que marcaron la evolución del programa en el tiempo, con un enfoque particular en elementos del entorno institucional-político que influyeron sobre éste.

En su origen, el PESA era una respuesta a la casi ausencia de políticas públicas federales dirigidas a las zonas rurales de alta y muy alta marginación. Se hizo necesario diseñar incentivos para la creación de una oferta de servicios en estas regiones tradicionalmente abandonadas por las políticas públicas de fomento productivo. “La innovación constante, el involucramiento de distintos actores y el mantenimiento de principios firmes fueron variables determinantes para el desarrollo y la consolidación del PESA, antes de su sofocamiento en los últimos años”, dijo Delalande.

El PESA permitió acuerdos entre el sector público y el privado (las ADR, en específico, que son un modelo operativo de intervención a escala local, compuesto por un equipo multidisciplinario). “Las ADR han demostrado ser un modelo de extensionismo con cierto éxito, que hasta la fecha permite garantizar una presencia institucional continua” en zonas pobres rurales.

Pero luego hubo un “punto de quiebre” que marcó el inicio del actual periodo de “sofocamiento” del PESA. “Argumentamos [en el análisis] que, en la actualidad, la continuación del PESA en el tiempo responde ya no a criterios técnicos, sino de mantenimiento de un equipo burocratizado y de la necesidad de seguir reproduciendo cierta retórica política”, señaló Laure Delalande.

Dijo que la metodología del PESA se halla en situación incierta, debido entre otras causas a:

  1. i) Se han sobreestimado los alcances del programa. Si bien comprobó ser altamente efectivo para aspectos tales como la reactivación de ciertas dinámicas locales, carece por supuesto de potencial para eliminar la pobreza, no obstante haber generado ilusiones en ese sentido. El programa no pretendió nunca atender problemas estructurales, por ejemplo relacionados con la oferta institucional y de servicios y bienes públicos en el territorio;
  2. ii) Ausencia de una estrategia clara de sensibilización y convencimiento a los funcionarios en turno. “El PESA tiene que luchar constantemente contra intereses políticos opuestos al mejoramiento de las condiciones de las comunidades. En particular, una estrategia asumida y proactiva de sensibilización y convencimiento por parte de actores externos a la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) pudo haber evitado la deriva política a la cual ha sido sujeto el programa en los últimos años”;
  3. iii) Ausencia de liderazgo para la orientación estratégica del programa. Existen pocos análisis realizados por los actores del programa sobre cuáles son los principales retos actuales de éste; menos aún, propuestas realistas de cómo atenderlos;
  1. Multiplicidad de actores con peso en la toma de decisiones, con intereses distintos. Hoy en día existe una gran variedad de actores que tienen intereses ya sea genuinos, o particularizados y adversos, en torno al programa: los gobiernos de los estados, la Sagarpa central, las delegaciones de la Sagarpa, la FAO, pero también los proveedores y las organizaciones o despachos interesados en recibir financiamiento;
  2. Si bien el PESA inició como un programa principalmente de desarrollo de capacidades con aspectos metodológicos participativos, no ha logrado abordar ni desarrollar estrategias convincentes de desarrollo territorial y proyectos económicos de mayor escala. Las experiencias aisladas llevadas a cabo por ciertas ADRs con mayor grado de iniciativa no pueden cubrir “formalmente” este hueco metodológico.

Delalande concluyó su ponencia con una serie de recomendaciones “para evitar un mayor desmantelamiento del programa y buscar su reposicionamiento en las políticas públicas del país”. Destaca la propuesta de fortalecer al PESA como la principal política pública para el desarrollo rural en zonas pobres, ante instancias federales y federativas principalmente, vía la construcción de un discurso claro sobre 1) qué es el PESA; 2) a qué problemas responde y qué tipo de política pública pretende ser; 3) cuáles han sido sus logros y cuáles son sus retos actuales, y 4) por qué es importante tanto la continuidad como la innovación constante en el marco del programa.

Otras propuestas tienen que ver con el fortalecimiento institucional y metodológico del programa. Destacó también la urgencia de sistematizar y capitalizar la experiencia del PESA, pues ésta ha traído conocimientos valiosos para el diseño de políticas de atención a la pobreza rural en México.