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Editorial

Mujeres indígenas:  Desafíos para contribuir en procesos de participación política y de toma de decisiones

1 Noviembre, 2017

El trabajo de Rimisp ha estado fuertemente centrado en entender las dinámicas territoriales –es decir la interacción entre las estructuras, las instituciones y los agentes sociales internos y externos de los territorios- que determinan las posibilidades de alcanzar un desarrollo con crecimiento económico e inclusión social o, por el contrario, generan mecanismos de exclusión de ciertos grupos sociales, como mujeres, pueblos indígenas y jóvenes. Más recientemente, se ha venido desarrollando esfuerzos por comprender mejor cómo las construcciones sociales en torno a los roles y las relaciones de género determinan o se ven determinadas por las dinámicas específicas de los territorios, lo cual puede favorecer o restringir el pleno ejercicio de las mujeres. Existe a la vez un reconocimiento de que las diferentes dimensiones de la identidad de las personas –como etnia, clase, orientación sexual, edad, religión, etc. – se intersectan, generando múltiples formas de exclusión y discriminación. Por ende, quiénes somos, dónde nacemos y a qué grupos sociales pertenecemos determinan tanto nuestras relaciones de género como el acceso a derechos y oportunidades


Esta edición de nuestro boletín explora en particular la intersección entre género y etnia para ilustrar los desafíos que enfrentan las mujeres indígenas latinoamericanas para participar en procesos de participación política y de toma de decisiones. Asimismo, las notas nos ofrecen una mirada fresca a una masa crítica de iniciativas recientes de Rimisp orientadas a construir una agenda de investigación sobre género y territorio.

En Chile, una caracterización de las mujeres indígenas nos muestra cómo la intersección entre brechas de género, étnicas y territoriales resultan en mayores tasas de pobreza por ingresos y multidimensional, una menor participación laboral, escasa participación política y mayores índices de violencia intrafamiliar. Frente a esta realidad, Rimisp se alió con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y ONU Mujeres, para promover un encuentro nacional de lideresas indígenas. El encuentro permitió avanzar hacia una nueva agenda nacional de desarrollo de las mujeres indígenas, la cual podrá servir como base para generar diálogo con el estado chileno.

En Colombia, Rimisp trabaja con la Fundación Avina en el fortalecimiento de capacidades de representantes de diversos resguardos (comunidades autónomas indígenas) del departamento del Cauca, en materia de participación ciudadana e incidencia en los procesos de planeación y formulación de programas y proyectos en sus territorios. En ese contexto resalta la todavía baja participación de las mujeres, derivado de las normas culturales y sociales predominantes en estos territorios.

Aún mayores son los retos que enfrenta Marichuy Patricio Martínez, elegida por el Congreso Nacional Indígena (CNI) de México como vocera representante indígena para las elecciones federales de 2018 y aspirante a ser candidata independiente a la Presidencia de la República. En un panorama electoral aún incierto y caracterizado por el desencanto de la ciudadanía frente a los altos niveles de corrupción y violencia registrados durante la administración actual, la primera candidatura de una mujer indígena busca poner en la mira pública la situación de exclusión, invisibilización y desventaja que sufren las mujeres y los pueblos indígenas.

Finalmente, desde Perú nos llega la singular experiencia de dos dirigentes campesinas, Lucila Quintana y Rosario Romero, participantes del Grupo de Diálogo Rural Andino, que han logrado un hito de incidencia en la política pública del continente, al lograr la creación y aprobación de la Ley de Promoción de la Agricultura Familiar. Dicha ley, por una parte logra la la caracterización y el reconocimiento de la existencia de los productores y de la agricultura familia, así como el reconocimiento de la propiedad de la tierra de los pequeños productores. Por otra parte, la ley promulga la obligatoriedad de que las poblaciones campesinas cuenten con todos los servicios básicos, incluyendo el uso adecuado del agua, priorizando el consumo humano y solo posteriormente las actividades agrícolas y las grandes actividades económicas.

Las experiencias antes mencionadas, si bien dan cuenta de graduales avances en la participación política de las mujeres, también ponen en evidencia los desafíos que persisten en la región en términos de las barreras estructurales creadas por instituciones discriminatorias, así como de las brechas en las capacidades que implican que las mujeres tienen menor probabilidad que los hombres de contar con la educación, los contactos y los recursos necesarios para convertirse en líderes eficaces.

Para incrementar el liderazgo y la participación de las mujeres se requiere, por lo tanto, un entendimiento profundo del contexto territorial y político más amplio; el fortalecimiento de las capacidades de liderazgo de las mujeres y la promoción sistemática de su acción colectiva. Los desafíos ilustrados son además un llamado a diseñar estrategias diferenciadas para atender la heterogeneidad de experiencias de desigualdad que viven las mujeres en América Latina.