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México

Indispensable, fortalecer al Estado para inducir desarrollo de comunidades donde hay proyectos energéticos

23 Febrero, 2017

Participa la Oficina de Rimisp México-Centroamérica en diálogo sobre transformación de conflictos socio-ambientales en América Latina durante la presentación, en el CIDE, del Reporte sobre Foro Regional en este tema.


Representantes de comunidades de América Latina que conviven y/o enfrentan proyectos energéticos en sus territorios, así como analistas, académicos, funcionarios públicos, empresarios y organizaciones no gubernamentales detectaron una serie de factores que afectan a esas comunidades y deben ser corregidos a fin de alcanzar paz social y fomentar desarrollo.

Entre ellos destaca la debilidad del Estado, pues, dado el paradigma de la Responsabilidad Social, se ha dejado en manos de las empresas inversionistas las decisiones de cómo “compensar” los impactos ambientales y sociales de sus proyectos, y realmente no se están subsanando daños, se están afectando derechos humanos y el Estado soslaya el cumplimiento de obligaciones básicas (por ejemplo en seguridad social).

Nadjeli Babinet, miembro del Centro de Colaboración Cívica, AC, mencionó lo anterior al presentar el Reporte del Octavo Foro Regional de Transformación de Conflictos Socio-ambientales en América Latina, cuyo lema fue “Energía, Derechos e Identidades: Oportunidades y retos del diálogo multisectorial”, realizado el 24 y 25 de octubre de 2016 en la Ciudad de México, en instalaciones del Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC (CIDE), por primera vez fuera de Ecuador.

La presentación del Reporte ocurrió el 16 de febrero de 2017 en el CIDE, y entre los asistentes estuvo Jorge Romero León, director para México y Centroamérica de Rimisp. La anfitriona fue Mara Hernández, coordinadora general del Programa de Negociación, Mediación y Diálogo (ProDiálogo) del CIDE, y fueron comentaristas Lucero Ibarra, Rodrigo Meneses y Eduardo Villarreal, todos ellos del CIDE; Susana Cruickshank, directora del Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública, AC, y Miguel Álvarez, presidente de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).

Babinet dijo que el Foro –en el cual participaron más de 150 personas de la academia, expertos, organismos internacionales, comunidades indígenas, organizaciones civiles, empresarios y funcionarios públicos de Bolivia, Brasil, Cuba, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Venezuela, Estados Unidos, Suiza y Canadá– fue escenario para reflexiones tales como el hecho de que los grandes proyectos instalados en comunidades indígenas se están multiplicando en América Latina y sus impactos se observan fundamentalmente a nivel local, en contextos de alta desigualdad, “y aumentan la desigualdad, haciendo más grandes las brechas entre las cosmovisiones, y, con Estados débiles, no hay compensación ni mitigación a todos los daños ambientales, de salud y económicos que generan. Ello además de que generan conflictos entre los miembros de las comunidades; algunos se sienten beneficiados por los proyectos (por razones tales como empleo) y otros sienten daño”.

También Babinet destacó “la necesidad de cambiar el enfoque que se da al rol de las comunidades, no sólo en estos proyectos, sino en el desarrollo local regional y nacional. Se requiere pasar de un enfoque pasivo de las comunidades como receptoras de beneficios o de impactos a un rol activo como socios y tomadores de decisión en el territorio”. Esto, afirmó, “crea tensión mucho con el paradigma de Responsabilidad Social, donde tradicionalmente las empresas deciden qué es lo que quieren dar de forma voluntaria a una comunidad y no necesariamente respondiendo a las prioridades de la propia comunidad […] pueden estar invirtiendo en una escuela, pero a la vez contaminando el agua o violando otro tipo de derechos humanos. Y entonces se percibe que la empresa busca mantener una reputación pero niega los impactos negativos y no busca mitigarlos”. Y en ese marco, el Estado ha sido débil. En el Foro se insistió en la necesidad de que “queremos un Estado que funcione y que provea de certezas”.

Así, agregó, en el Foro se consideró que el Estado debe recuperar su papel central para atender su obligación de exigir a las empresas que respeten los derechos humanos. Mencionó el hecho de la realización de consultas en las comunidades. Éstas muchas veces resultan ficticias, o no hay garantía de que el resultado de tales consultas en efecto se aplique; son estrategias que invisibilizan a las comunidades.

Dijo que “hay un interés, sobre todo de los gobiernos, por institucionalizar el esquema de beneficios sociales, pero hay bastantes vacíos sobre cómo implementar y garantizar que las comunidades asuman un rol como agentes del desarrollo, y evitar que se siga replicando, tal vez con otro nombre y conceptos, el esquema de Responsabilidad Social”.

Destacó que alrededor de los conflictos generados por los proyectos energéticos, han surgido otros más como resultado del cambio climático –restricción de recursos hídricos, sequías, inundaciones, entre otros– y del crimen organizado, que implica violencia y extorsiones. Esto complica todos los escenarios y muchas veces las autoridades, las empresas y las comunidades no saben siquiera cómo actuar. En el caso del crimen organizado, el gobierno se enfrenta al hecho de que, para querer resolver conflictos, uno de los actores es ilegal.

Susana Cruickshank subrayó la importancia de este Reporte, pues, dijo, si bien hay experiencias muy ricas del trabajo de la sociedad civil, existe un vacío de sistematización”. El Foro, señaló, ha sido un punto de partida para la reconstrucción del diálogo entre los actores de los conflictos que se generan alrededor de los proyectos energéticos, y eso es una buena noticia, ya que “desde diferentes ámbitos vemos la necesidad de reconstruir las relaciones del tejido social, considerando que tenemos instituciones súper débiles, una sociedad civil muy débil, con comunidades muy débiles y un Estado también débiles”.

Los principales objetivos de esta edición del Foro fueron: 1) Fortalecer las capacidades de los actores para transformar los conflictos socio-ambientales vinculados al sector energético en América Latina por medio del diálogo; 2) generar un espacio de diálogo entre la academia, funcionarios públicos, empresarios y organizaciones civiles vinculados al desarrollo de proyectos energéticos en la región, y 3) analizar los marcos institucionales que regulan los sectores energéticos en la región para identificar factores de riesgo y oportunidad para la prevención y transformación de conflictos.