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Cohesión Territorial para el Desarrollo

Financiamiento al Desarrollo

 

Por Sergio Granados y Jorge Rodríguez

  1. Establecer metas concretas para el año 2018 respecto de mejorías en los siguientes cinco indicadores: i) Ingresos propios de los Gobiernos Regionales, como porcentaje de sus ingresos totales; ii) Inversión de los Gobiernos Regionales, como porcentaje de la inversión pública total; iii) Inversión no condicionada de los Gobiernos Regionales, como porcentaje de su inversión total; iv) Gasto de los Gobiernos Regionales, como porcentaje del gasto público total; y v) Gasto no condicionado de los Gobiernos Regionales, como porcentaje de su gasto total.Cabe señalar que respecto de las metas específicas a establecer, en primer lugar se debe especificar claramente cómo se definirán en términos operativos los indicadores propuestos, de manera que su seguimiento sea replicable y consistente en el tiempo. En segundo lugar, se requiere contar con la información necesaria para establecer la línea base de cada uno de estos indicadores. Asimismo, es pertinente plantear metas para estos indicadores no sólo a nivel agregado, sino que también analizarlos a nivel de cada Gobierno Regional, pues el promedio agregado puede esconder heterogeneidad.
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  3. Asignar en la ley de presupuestos las provisiones para inversiones regionales directamente al programa de inversión de los Gobiernos Regionales. Esto puede hacerse de manera gradual, reduciendo el peso relativo de estas provisiones para que al año 2018 no superen el 15%. Este porcentaje debiera ser suficiente para contar con cierta flexibilidad para hacer frente a necesidades emergentes y para realizar asignaciones consistentes con el grado de avance en la ejecución de los presupuestos de los distintos Gobiernos Regionales.
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  5. Implementar un mecanismo de “poder de decisión” de los Gobiernos Regionales, consistente en incorporar en sus presupuestos, recursos que hoy son sectoriales. Con ellos, los Gobiernos Regionales decidirán su asignación “comprando servicios”, vía convenios con los ministerios sectoriales, según sus propios lineamientos estratégicos, teniendo cuidado de evitar la duplicidad de programas. Para un mismo presupuesto de gasto público total, esto implica disminuir el peso relativo de los presupuestos de los ministerios sectoriales, y al mismo tiempo, aumentar el peso relativo de los presupuestos de los Gobiernos Regionales. Se sugiere comenzar con el área de fomento productivo, emprendimiento e innovación, abarcando a instituciones como CORFO, INNOVA, SERCOTEC, INDAP, FOSIS y otras afines.
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  7. Crear por ley un Fondo de Convergencia Regional para apoyar el desarrollo de los territorios más rezagados en materia de desarrollo socioeconómico. Este Fondo sería complementario al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), pues consideraría como criterio básico para la asignación de recursos las brechas existentes en distintos indicadores socioeconómicos regionales respecto del promedio nacional. Dentro de estas brechas también deben incluírselas brechas de capacidad de gestión de los Gobiernos Regionales[1].
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  9. Establecer por ley un impuesto específico de beneficio para los municipios y para los Gobiernos Regionales (compartido en una proporción a determinar), a aquellas actividades empresariales y proyectos de inversión que por su naturaleza generen externalidades negativas en el territorio donde se ubican. Este impuesto sería un ingreso propio de los municipios y Gobiernos Regionales que lo reciban, por lo que el uso de los recursos recaudados sería de libre disposición. El impuesto en cuestión debiese pagarse en cuotas mensuales, y debiese aplicarse mientras la actividad generadora de externalidades esté en funcionamiento. El pago de este impuesto en ningún caso debe eximir a los proyectos de cumplir las normas (ambientales, sanitarias, laborales y otras) que la ley les exige.
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  11. Identificar en la ley de presupuestos del sector público, al momento de su discusión en el Congreso, una desagregación regional de los presupuestos ministeriales, en aquellas asignaciones que sean efectivamente desglosables por región. Si bien estos recursos no forman parte de los presupuestos de los Gobiernos Regionales, esta propuesta al menos permitiría visibilizar de mejor manera el esfuerzo de gasto público sectorial por región. Con esta información a la vista, los distintos actores políticos y los ciudadanos podrían evaluar la equidad territorial del gasto en cuestión. Una asignación que en principio podría cumplir con este requisito es la inversión sectorial. Gradualmente se debiera exigir que otras asignaciones sectoriales de gasto corriente y de transferencias de capital también se presentasen de manera regionalizada. Asimismo, se propone incorporar en los informes de ejecución presupuestaria que periódicamente publica la DIPRES, el avance en la ejecución de estos recursos.
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  13. Crear una ley de responsabilidad fiscal sub-nacional que abarque tanto a Gobiernos Regionales como a municipios. Dicha ley establecerá que los responsables del manejo fuera de norma de los recursos que le son asignados sean sancionados con la pérdida de derechos políticos por plazos que impidan que se beneficien de su actuar postulando a cargos de elección popular. Una ley de este tipo es fundamental para romper el círculo vicioso de las finanzas públicas de los gobiernos sub-nacionales, por cuanto ayudaría a generar mayor confianza en el Gobierno Central y en la ciudadanía respecto de la capacidad de los Gobiernos Regionales y municipios de hacer buen uso de los recursos públicos que se les entreguen, generando así una mayor disposición a aumentarles sus recursos.
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  15. Fortalecer la estructura de los Gobiernos Regionales, de manera de asegurar que cuenten con las herramientas de gestión y el personal idóneo para poder administrar de manera eficaz una cantidad de recursos significativamente superior a la actual. Se propone revisar la cantidad de personal y su perfil en la División de Planificación y Desarrollo y en el cargo de Administrador Regional, de manera de identificar brechas e implementar un programa que permita cerrarlas en cada caso. Este programa debe ser transitorio y debe ser financiado con recursos del Gobierno Central. Eventualmente se debe revisar también la escala de remuneración de los profesionales en los Gobiernos Regionales, de manera tal que sea útil para atraer y retener profesionales calificados.
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  17. Iniciar un proceso progresivo de traspaso de servicios públicos a los Gobiernos Regionales mediante el traslado de competencias y recursos. Para ello se debe evaluar qué servicios podrían ser regionalizados y convertirse en servicios regionales dependientes de cada Gobierno Regional. Los SERVIUs y las Seremías de Vivienda podrían ser los primeros en iniciar este proceso. Esto requiere que los Gobiernos Regionales cuenten con capacidad de ejecución de proyectos y, en el caso de los subsidios habitacionales, habría que asegurar una parte de la cuota del programa de adjudicaciones para decisión regional. Los servicios que pasen a ser dependientes de los Gobiernos Regionales deberían contar con presupuestos determinados por el Gobierno Regional respectivo, el que también debiese designar a sus autoridades y definir las políticas para su territorio, sin perjuicio de una política global que defina el ministerio respectivo a ser implementada con recursos del Gobierno Central. Por ser este un cambio institucional mayor, se sugiere comenzar con un programa piloto en una o dos regiones. Cuando se realice el traspaso de un servicio a un Gobierno Regional, la ley de presupuestos debiese traspasar al presupuesto regional los recursos que antes eran asignados al servicio en cuestión.


[1] Propuesta planteada también por Von Baer et al (2012) “Chile descentralizado y desarrollado”. Programa de institucionalidad y políticas públicas regionales, Instituto de Desarrollo Local y Regional, Universidad de La Frontera.