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Cohesión Territorial para el Desarrollo

Educación Superior

 

Por Miguel Crispi

  1. Garantizar oferta pública de educación superior en todas las regiones del país. Para ello, el Estado debe invertir en dotar de planteles universitarios a las regiones que carecen de ellos (XI y, relativamente la VI). Si ello no es rentable económicamente, sí lo es socialmente, al ir aparejado a externalidades positivas relacionadas con la apertura de oportunidades para los alumnos de dichos territorios y las posibilidades de desarrollo de la región en su conjunto a partir de la investigación y la innovación generadas con vocación regional.
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  3. Crear un nuevo polo de desarrollo universitario en el norte del país. El fortalecimiento de la oferta universitaria en la zona norte del país (donde la población de las regiones XV, I, II y III es de 1.350.334 habitantes), es necesario para equilibrar la existencia de los polos ya consolidados en la zona centro y centro-sur.
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  5. Asegurar un nivel de calidad mínimo para la oferta de las universidades públicas en todo el país, que considere su pertinencia territorial. Es necesario nivelar la oferta de las universidades públicas, de modo que las regiones cuenten con universidades sobre un piso mínimo de calidad acreditado, para lo cual se requiere un programa de inversión pública fuerte en infraestructura, investigación y extensión, y planta docente. En el proceso de acreditación, debiese incluirse la dimensión “vinculación con el medio”, favoreciendo la vinculación de los planes curriculares con los desafíos de desarrollo de cada región.
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  7. Establecer una relación más estrecha entre las universidades y los procesos de desarrollo regional, involucrando a las universidades en los procesos de planificación del Gobierno Regional. Diseñar un nuevo tipo de relación entre las universidades públicas y los gobiernos regionales, asegurando que las competencias, capital humano e investigación que desarrollan dichos planteles, se encuentre vinculados y sirvan para los propósitos que cada gobierno regional ha definido para el futuro de sus regiones. El objetivo principal que persigue una medida de este tipo es asegurar que los bienes públicos que generan las universidades públicas colaboren al desarrollo regional. Como medida concreta se sugiere involucrar a las universidades en los gobiernos regionales, invitando a éstas a hacerse cargo de los desafíos que proponen las agendas regionales de desarrollo.
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  9. Creación, en cada una de las regiones del país, de Centros de Estudios Regionales. Su función será colaborar con información pertinente para el diseño de los planes de desarrollo regional y servir de puente entre las universidades, el sector público y el sector productivo para responder a los desafíos regionales.
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  11. Generar incentivos para que los buenos alumnos se queden en su región de origen. En este punto, se proponen medidas como la creación de un sistema de becas que otorgue gratuidad a quienes pertenezcan al 10% superior de su ranking y decidan cursar estudios superiores en sus regiones, que cubra junto con la matrícula y el arancel, gastos de manutención (esto supone que previamente se ha avanzado en que todas las regiones cuentan con una oferta pública de educación superior de calidad). Junto con ello, implementar planes de intercambio entre universidades públicas, de manera tal que quienes se queden en su región, puedan realizar algunas fases de su formación en los polos universitarios ya consolidados del país; y generar campus universitarios con residencias asociadas en los planteles regionales, favoreciendo la permanencia, especialmente de quienes provienen de las provincias de cada región.