En el conversatorio “Jóvenes Cultivadores de coca y amapola en Colombia, México, Ecuador y Perú: experiencias biográficas de la actividad productiva y expectativas de futuro”, organizado y presentado por Rimisp, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural se revelaron los resultados de la investigación en la que, a través de 38 entrevistas a jóvenes entre 15 y 29 de Colombia, México, Ecuador y Perú, se identificaron los factores sociales, económicos y políticos que contribuyen a que las juventudes de estas regiones rurales decidan cultivar o participar de esta actividad.

El espacio contó con la participación de Yuritzin Flores Puig, directora de la oficina Rimisp en México y quién fue enlace territorial en este país para la investigación, Carlos Córdoba, director de la oficina Rimisp en Colombia e investigador principal del estudio y Sarah David, asesora de GIZ en temas de políticas de drogas. Asimismo, en el espacio participaron dos expertos de México y Colombia, de Noria Research, María Teresa Martínez y de la Fundación Ideas para la Paz, Juan Carlos Garzón respectivamente.

Al respecto, Carlos Córdoba, manifestó que “lo que quisimos fue darle una mirada distinta a un tema recurrente como son los cultivos ilícitos y pensamos en darle voz a quiénes se están dedicando a estos temas, sin embargo, con este espacio no pretendemos llegar a verdades irreveladas, ni a posiciones monolíticas, sino presentar más insumos para la discusión y otras dimensiones del tema que alimenten las discusiones académicas, de la sociedad civil y que ojalá podamos impactar en las agendas de los gobiernos en la toma de decisiones sobre estos temas”.

Entre los principales hallazgos que se revelaron en la conversación, se resalta la metodología que se utilizó para las entrevistas, en las que se tuvo en cuenta la experiencia personal, la actividad productiva y las expectativas para el futuro de los jóvenes. En el caso de Colombia se realizaron en la región del Catatumbo y el sur del Cauca, en Ecuador en la provincia de Esmeraldas, en México en distintas localidades del estado de Guerrero y en Perú en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, región conocida como el VRAEM.

Asimismo, en el encuentro se analizó como factor determinante la nula presencia del Estado en los territorios analizados, “la falta de presencia institucional en temas sociales y económicos es un factor que se repite en todos los países y que contribuye a que jóvenes decidan cultivar coca y amapola. Hemos evidenciado que se debe conocer mejor las realidades de estas comunidades para poder entender la intervención que se requiere y conocer de manera específica la situación de los y las jóvenes que están dedicados a estos temas” indicó Carlos Córdoba

En Latinoamérica se produce gran parte de las sustancias ilícitas que se consumen a nivel global y este es un mercado que ha crecido de manera significativa en la región en los últimos años. En Colombia la expansión de cultivos de coca en el país se ha venido agudizando en la última década, así como en Perú que pasó de 42,900 hectáreas en 2014, a 52,100 hectáreas en 2018;  en el caso de Ecuador se ha posicionado en el mercado global de la cocaína, especialmente por las dinámicas que se generan en la frontera con Colombia,  y finalmente en México, para el año 2018, se identificaron en el país un total de 28.000 hectáreas con cultivos de amapola, lo que equivale a aproximadamente 450 toneladas de goma de opio.

Respecto a las dinámicas en torno a la actividad, Sarah David, manifestó que “las economías de drogas prosperan en zonas donde les permiten las condiciones. La mayoría de regiones de cultivo, son zonas frecuentemente remotas y se caracterizan por la pobreza, las pocas posibilidades de ingreso, por infraestructura débil e inseguridad en los derechos de la tierra. Los jóvenes se enfrentan a la falta de acceso a mercados legales e insuficientes a servicios básicos”. Esto se puede evidenciar en todos los territorios analizados, por ejemplo, en el estado de Guerrero en México, manifestó Yuritzin Puig “es uno de los estados más pobres del país, con altos niveles de marginación y con condiciones de salud y alimentación precaria; de hecho, las vías de transporte y comunicación son casi inexistentes, esto representa para los jóvenes aislamiento y pocas oportunidades. Solo hay escuelas a nivel primario”. En todos los territorios analizados, los jóvenes se dedican principalmente a la siembra de los cultivos, labor que en la cadena de valor y consumo está en el último lugar por sus ingresos y por la precariedad del oficio,” los cultivadores se quedan en la fase en la que no queda claro cuál es el papel que tienen y por lo general quedan excluidos.  A pesar de ser un mercado lucrativo, los cultivadores son los que menos ganan y están sometidos a una constante estigmatización”, así lo manifestó María Teresa Martínez.

Por su parte Juan Carlos Garzón, afirmó que “se debe dejar la medida restrictiva de pensar el desarrollo rural únicamente en términos de desarrollo agropecuario, y se debe replantear cuál es el papel del Estado en esta actividad. Pensar cuál es la función que tiene en estos territorios; que pueden hacer estas comunidades y la manera como involucramos a los jóvenes en estas discusiones”.

Finalmente, el estudio pretende aportar evidencia para la comunidad internacional sobre un grupo que ha sido olvidado o no se ha tomado en cuenta como son los jóvenes y es un primer impulso para abrir el debate y se mejoren las políticas públicas, manifestó Sarah David.

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