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La situación de las jóvenes del campo es sumamente difícil, con un nivel de pobreza que podría llegar al 60% en las zonas rurales. Indicadores como la educación, la salud y el empleo ponen en evidencia que las mayores brechas, las sufre la juventud rural. Los impactos del Covid-19 ahondarán estas desigualdades y ante eso la organización comunitaria y el trabajo en redes se vislumbran como una alternativa.
De acuerdo con las proyecciones de población elaboradas por la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, actualmente, en este país viven un total de 3.094.199 mujeres en la ruralidad. De este número, 1.083.275 son jóvenes, lo que equivale a un 35% de la población rural, entre los 10 y 29 años de edad.
La situación de las jóvenes del agro ecuatoriano es mucho más difícil que la de sus pares en las ciudades o que la de los varones en la misma ruralidad. Los estudios que hemos realizado en nuestra oficina de Ecuador dan cuenta de las claras brechas que las afectan. Por ejemplo, el informe “Jóvenes rurales en Ecuador Grupos de Diálogo Rural, una estrategia de incidencia”, elaborado por la investigadora Alejandra Estévez evidencia que este segmento cuenta con menores oportunidades laborales de empleo decente, menores posibilidades de acceso a educación de calidad, y con altas tasas de pobreza, “además de una proporción mayor de personas que no se encuentran trabajando ni estudiando, especialmente mujeres jóvenes rurales”, indica el documento.
Si bien es cierto, en lo referente a la educación, las brechas entre hombres y mujeres en los años de escolaridad son casi inexistentes. Sin embargo se observan claras desigualdades entre las mujeres rurales e indígenas y el resto. Es así que, las jóvenes indígenas tienen 4 años de escolaridad menos que las mujeres a nivel nacional y las mujeres rurales tienen en promedio 3 años menos de educación, que sus pares urbanas.
Uno de los mayores problemas de salud pública, que se relacionan directamente con la dificultad para superar la pobreza y la falta de oportunidades para las mujeres ecuatorianas es el elevado índice de embarazo adolescente. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador (INEC), en el país, 12 de cada 100 partos son de adolescentes y 4.9 de cada 10 mujeres en el Ecuador tuvieron su primer hijo en la adolescencia (entre los 12 y los 19 años), lo que sitúa al Ecuador con mayor índice de embarazos adolescentes en la región andina y el tercer lugar, a nivel de América Latina.
En el 2010, el 2,6 % de las mujeres rurales había tenido su primer hijo entre los 12 y 14 años, mientras que el 45,8 % de ellas lo habían tenido entre los 15 y 19 años.
El 77% de las mujeres rurales de más 12 años no cuentan con afiliación a la Seguridad Social. Y el 86% no cuenta con un seguro médico privado. En promedio registran un 2,7 de controles durante el embarazo, lo que representa bastante menos de los ocho controles prenatales mínimos que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS)
Entre las principales causas de muerte materna en el área rural se observa que el 38,6 % corresponda a “muerte obstétrica de causa no especificada”, le sigue con el 15,9 % la muerte por hemorragia posparto, ambas causas son prevenibles y están relacionadas con una atención médica inadecuada, deficiente o inexistente.
La Primera Encuesta de Violencia de Género realizada por el INEC en 2011, evidencia los siguientes resultados: el 60,6% de las mujeres en Ecuador ha vivido algún tipo de violencia., en algún momento de su vida. La violencia contra la mujer no tiene mayores diferencias entre zonas urbanas y rurales: en la zona urbana el porcentaje es de 61,4% y en la rural 58,7%. De acuerdo a la etnia, el porcentaje más alto que ha vivido algún tipo de violencia se concentra en la población indígena con el 67,8% seguida de la mujer afroecuatoriana con el 66,7%.
En lo referente a los indicadores laborales, los datos consignados por el , establece que las mujeres rurales presentan un 79% más de desempleo que los hombres y un 39% que las mujeres urbanas. El porcentaje de jóvenes mujeres rurales con empleo informal es el doble en comparación a las mujeres urbanas. Las mujeres indígenas presentan una brecha de 32 puntos porcentuales más de informalidad que el promedio nacional.
Teresa Quizhpe, vicecoordinadora de la Red Nacional de Jóvenes Emprendedores Rurales del Ecuador (Renajer), joven profesional turística, está consciente de las dificultades que deben enfrentar las mujeres en el campo. Su propia historia, en la comunidad Akakana de la provincia de Loja, refleja el esfuerzo continuo para superar las condiciones adversas presentes en la ruralidad, “Las dificultades han sido muchas. Las jóvenes rurales estamos convencidas que podemos cambiar nuestra realidad, pero no contamos con la confianza en nuestras capacidades, de parte de nuestra misma gente. La falta de estudios o de un financiamiento impide que muchas veces, podamos cumplir nuestros sueños. Para nosotras la prioridad, también es la recuperación de nuestra identidad, nuestra esencia y nuestra cultura y demostrar todo el potencial que tenemos”, explica.
De su lado, Ney Barrionuevo director de Rimisp en Ecuador reflexiona sobre la realidad que enfrentan las mujeres rurales en la actualidad y que corre el riesgo de empeorar, ante el agravamiento de la crisis económica y social, debido a los impactos del Covid-19.
“En nuestro país la pobreza tiene rostro rural, rostro de mujer, de mujer joven y además de mujer joven indígena. La pobreza rural a diciembre de 2019 fue del 41,8%, mientras que cinco años atrás se ubicaba en el 35%. Es decir, ya se había dado un incremento sustancial y es probable que con una caída del PIB tengamos niveles de pobreza rural que lleguen al 60% a finales de año, y desafortunadamente afectará principalmente a las jóvenes mujeres rurales”.
Ante la interrogante de cómo enfrentar este panorama poco prometedor, que parte ya de una realidad desigual, Teresa cree que “la organización desde las comunidades es sumamente importante. Es importante que la juventud aporte creativamente a este cambio; las jóvenes debemos repensar mejores formas de vida, para nosotras y nuestro entorno. Debemos buscar estrategias de humanización, proponiendo formas de cuidado del ambiente y defensa del territorio, sobre la base de alternativas económicas justas y valoradas”, sostiene.
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