Editorial: Celeste Molina

Este pasado 15 de octubre se ha conmemorado una vez más el Día Internacional de las Mujeres Rurales y, como todos los años, la comunidad internacional reitera su llamado para empoderar a las mujeres rurales con el fin de reducir la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, este año, a la deuda histórica y estructural con las mujeres rurales, debemos sumar los impactos de la pandemia del COVID-19, la cual ha puesto de manifiesto de manera brutal, los efectos de la desigualdad -y en particular de la desigualdad de género- que azota a la región latinoamericana.

La CEPAL y la FAO han vaticinado que la pobreza en las zonas rurales podría alcanzar el 42%. Esto significa que alrededor de 10 millones de habitantes rurales -de los cuales casi 6 millones son mujeres- podrían dejar de generar los ingresos suficientes para cubrir necesidades alimentarias básica. Las mujeres se ven obligadas a hacer frente a la crisis desde una posición de desventaja que precede a la pandemia: están sobre representadas en el empleo informal, ostentan los trabajos más precarios y con menor remuneración, carecen de los activos productivos necesarios (tierra, agua, servicios financieros, capacitación, etc.) para participar de forma beneficiosa en la economía y para comercializar sus productos en los mercados. Las brechas tecnológicas que enfrenta el mundo rural, y especialmente las mujeres rurales, se hacen aún más evidentes en un contexto de pandemia que nos ha obligado a depender más que nunca de la tecnología para llevar a cabo las tareas cotidianas esenciales y para interactuar con nuestra comunidad. A esto se suman las cargas desiguales de trabajo reproductivo que recaen sobre las mujeres y la exacerbación de la violencia de la que han sido objeto -misma que ha sido ampliamente documentada- a lo largo de estos meses de pandemia.

Los datos antes mencionados apuntan a la urgencia de repensar y reforzar de forma decidida y urgente las estrategias para garantizar el desarrollo y el empoderamiento económico de las mujeres rurales. Es por este motivo que Rimisp se ha unido junto con otras 27 organizaciones y entidades públicas, privadas y multilaterales en la campaña #Mujeres Rurales, Mujeres con Derechos. Dicha campaña llama a promover la autonomía económica de las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes, mediante el desarrollo de políticas y programas que garanticen su acceso a recursos productivos, a la protección social, a la capacitación, así como su derecho a participar de las decisiones que afectan sus vidas.

Varias de las apuestas programáticas y de incidencia de Rimisp buscan contribuir a esta agenda a favor de las mujeres rurales. Nuestro trabajo pone énfasis en disminuir las brechas y barreras en la participación, autonomía económica y toma de decisiones por parte de jóvenes y mujeres en los territorios rurales. Nuestra convicción es que esto se logra con una participación activa en espacios de diálogo y a través de la conformación de coaliciones territoriales orientadas a mejorar los procesos de planificación y gestión territorial, a impulsar cambios institucionales o de política pública, así como a proponer nuevos modelos de gobernanza. Dos pilares fundamentales para lograr este tipo de transformaciones son el fortalecimiento de capacidades de los actores clave del territorio y la generación de evidencia.

En el caso del fortalecimiento de capacidades, por ejemplo, hemos tenido el privilegio de acompañar, en el marco del Proyecto MELYT implementado por ONU Mujeres, un proceso de formación sobre empoderamiento económico y desarrollo territorial de las mujeres de la red trinacional de mujeres de la Región Trifinio “HOSAGUA”.  La red integra a una diversidad de mujeres del territorio, desde productoras y emprendedoras, hasta funcionarias de las oficinas municipales de la mujer y colectivos pro derechos de las mujeres. El objetivo de la red es constituirse en un referente para la defensa de las mujeres de la Región del Trifinio ante actores gubernamentales a nivel nacional y del Sistema de Integración Centroamericano (SICA). La red HOSAGUA también participa en una serie de diálogos territoriales que buscan identificar acciones territoriales de emergencia que puedan ser parte de una agenda territorial en común.

En El Salvador, en un proceso promovido por Rimisp y nuestros aliados de Fundación PRISMA, una coalición de jóvenes y mujeres rurales busca identificar estrategias que contribuyan a una mejor gestión de conflictos socio territoriales alrededor del acceso al agua y la conservación de los recursos naturales del departamento de Ahuachapán, en un contexto de avance de los cultivos de caña de azúcar. Al igual que en Guatemala, las acciones van acompañados de procesos de fortalecimiento de capacidades, orientados a proveer herramientas para promover cambios transformacionales en los territorios.

Como menciono anteriormente, la generación de evidencia de datos duros que puedan fundamentar las apuestas de transformación en los territorios rurales, es vital para nuestro trabajo. Es así, que nos preparamos para lanzar, en el marco del Observatorio de Género, nuevos datos sobre las mujeres rurales de Colombia, Chile y México.

En materia de seguridad alimentaria y nutricional, donde las mujeres rurales también juegan un rol fundamental tanto en el ámbito productivo como reproductivo, los últimos análisis de FAO apuntan a que los sistemas alimentarios muestran más resiliencia que otros sectores de la economía, como el turismo y los servicios. Sin embargo, los impactos son diferenciados según se trate de Sudamérica, Centroamérica o el Caribe. Rimisp, a través de su programa Siembra Desarrollo que se implementa en Chile, Colombia, Ecuador, México y Guatemala, se propone recopilar información sobre el desempeño de los sistemas agroalimentarios en los próximos tres años y, de particularmente, de recoger historias de vida de mujeres rurales en el ámbito de la producción y el consumo de alimentos.

Con estas y otras acciones más, Rimisp busca poner su grano de arena para desarrollar, conjuntamente con las mujeres rurales que lideran los procesos mencionados, estrategias para paliar los impactos inmediatos de la crisis, así como plantear estrategias que aceleren la recuperación económica tras la pandemia. Los retos son muchos y complejos, pero lo que queda claro es que la ruta de la recuperación no será efectiva sino contempla la participación protagónica de las mujeres rurales.