En el caso de nuestro país se resalta que en el 2008, la tasa de embarazo adolescente por cada mil mujeres marcó extremos de 333 casos en Aysén y Magallanes, contra solo cuatro en Vitacura. En cuanto a la participación de mujeres como candidatas en las elecciones municipales 2008, se registra un 100% en Caldera, Coelemu y Río Verde, y 0% de participación en más de la mitad de los municipios chilenos.

En otro orden el informe sostiene que mientras en el sector oriente de Santiago el promedio Simce 2008 de Matemática y Lenguaje fue de 306, en Arica y Parinacota fue de 191, siendo el promedio de 247, tendencia que se mantiene, según la última medición informada de la prueba.

Por otro lado, respecto a personas en situación de pobreza e indigencia, en 2009, la provincia de Malleco registraba un 35% versus solo un 7% en la de Antofagasta.

En Chile, la investigación demuestra que las enormes brechas en todas las dimensiones analizadas se mantienen y no ceden. “Los promedios nacionales esconden las desigualdades extremas entre un territorio y otro. Nuestro interés es indagar cómo una política pública mejora o empeora la situación de un país y cómo su impacto determina el desarrollo de los territorios. Tenemos la convicción de que la equidad fomenta el crecimiento económico de un país y genera más oportunidades de educación, capacitación, empleo y acceso a salud. Así, mejora la calidad de la fuerza de trabajo y se promueve un entorno de mayor cohesión social”, indicó la socióloga de Rimisp y coordinadora del Informe, Ignacia Fernández.

El Informe Latinoamericano Pobreza y Desigualdad 2011 es un estudio cuantitativo y cualitativo elaborado por Rimisp–Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.

La primera parte del estudio exhibe cifras para las dimensiones de educación, salud, dinamismo económico y empleo, ingreso y pobreza; seguridad ciudadana, y género para Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú. Los resultados evidencian grandes desigualdades territoriales en América Latina.

La segunda parte analiza el papel que tienen las políticas públicas sobre esas desigualdades. Se postula que al no considerar las particularidades de los territorios, una misma política puede contribuir al desarrollo de un territorio, no tener impacto en otros y afectar negativamente a un tercero. En esta línea, el Informe analizó tres casos: ‘La política de educación escolar en Chile’; el ‘Bono de Desarrollo Humano en Ecuador’ y ‘Los Programas de Desarrollo Rural en México’. De igual forma, aborda las capacidades de los propios territorios, investigando indicadores de capacidad de gestión de los gobiernos locales y desigualdades entre los territorios.

La investigación muestra que en materia de pobreza y desigualdad en América Latina hay dos grandes tipos de problemas que se concentran territorialmente: en las zonas urbanas, las principales dificultades surgen a partir de la inseguridad ciudadana y la desigualdad de ingresos. En cambio, en zonas rurales los obstáculos para el desarrollo se relacionan con la falta de acceso a derechos básicos como salud, educación o acceso a empleo en rubros no primarios. Asimismo, se observó que en los diez países analizados, las zonas más rezagadas están agrupadas entre sí, conformando grandes territorios marcados por la desigualdad. En base a este análisis, Ignacia Fernández concluye que “la pobreza es rural y la desigualdad, urbana”, definiendo así a las gigantescas brechas que existen entre los territorios estudiados por el Informe, incluyendo los de Chile.

“Para implementar soluciones en los territorios afectados hay dos actores clave: primero, el gobierno central, pues sus decisiones de política pública impactan directamente sobre las condiciones de vida de la población. Luego, los municipios y los actores sociales locales, quienes tienen herramientas para contribuir a revertir los procesos de desigualdad territorial”, enfatizó Fernández.