En el ámbito de los ingresos laborales se puede evidenciar una notoria diferencia, que juega en contra de las mujeres de la ruralidad, en relación a los hombres y a sus pares en las ciudades. La pandemia ha agravado su situación de trabajo y de autonomía económica.

Según el último Censo de Población, en el Ecuador viven 2.666.464 mujeres en los sectores rurales. Representan el 49.4% de la totalidad de personas asentadas fuera de las urbes, y, su situación en lo que al acceso a los derechos básicos, empleo y medios de vida revela una importante brecha en relación con los hombres rurales y con sus pares de las ciudades.

La realidad actual de las mujeres en Ecuador, en términos de autonomía económica, se caracteriza por la persistencia de la desigualdad, que se incrementa a nivel de las mujeres rurales e indígenas y las sitúa al margen de las oportunidades. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en una reciente actualización de sus cifras de empleo (marzo 2021), revela que si bien es cierto, la tasa de desempleo es menor en el campo, con un 2.8%, que en la ciudad en donde llega al 7,3%; el indicador de empleo global, a nivel rural fue mayor para los hombres con respecto al de las mujeres: 97.6% vs 96.6%.

La presencia de las mujeres de la ruralidad en el rango del empleo informal es alta. De acuerdo con el organismo estadístico, el 46,5% de personas con empleo a nivel nacional, se encontraban en el sector informal de la economía. Sin embargo, el campo acoge al mayor número de empleos informales, con un 73% de mujeres en este tipo de actividades, frente a un 62.3% de los hombres rurales, mientras que en las ciudades las cifras muestran un 44,8% de hombres y 48,6% de mujeres en este ámbito.

Si llevamos el análisis hacia la categoría del empleo adecuado en la ruralidad se evidencia que, la tasa de trabajo adecuado/pleno se ubicó en 24.8% para los hombres y 11.2% para las mujeres. Las diferencias también se observan en indicador del desempleo, que es un 3.4% más alto para las mujeres rurales, en relación con los varones.

En el ámbito de los ingresos laborales es donde podemos ver una notable diferencia, que juega en contra de las mujeres de la ruralidad. De enero a marzo de 2021, el ingreso laboral promedio de un hombre con empleo fue de USD 372.1; mientras que para una mujer con empleo fue de USD 328, a nivel nacional. En las áreas rurales, el ingreso disminuye a USD 270, para los hombres, mientras que las mujeres del campo perciben USD 198.3, colocándolas en el menor rango del indicador.

Un dato que se mantiene desde hacer varios años, partiendo de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) de los años 2002-2012, muestra la variación del índice de Gini para la distribución de la tierra en el país. Durante los años 2004 y 2005 este índice era de 0,74%. Mientras que en 2006, sube al 0,83% y baja nuevamente en 2007 a 0,78%; a partir de este año y hasta 2012 el índice de Gini, sobre el acceso de la mujer rural a  la tierra se mantiene casi en el mismo valor. Sin embargo, la misma encuesta determina, que el  25% de las Unidades Productivas Agrícolas (UPA) del país, son producidas o gerenciadas por mujeres, ya sea en calidad de cónyuges, hijas o arrendatarias.  Es decir, apenas el 25% de las mujeres rurales del Ecuador son dueñas de la tierra que ellas cultivan.

Para Carol Chehab, directora de Rimisp en Ecuador, frente a estos indicadores es indispensable que se implementen programas y proyectos dirigidos a mujeres, jefas de hogar, etc. Tanto, para mejorar sus condiciones de vida, como dotar de medios de producción y servicios de apoyo que les permitan generar producción comercializable que pueda articularse al mercado. “De las experiencias obtenidas de varios países se hace indispensable diseñar proyectos para el  empoderamiento económico de las mujeres, invertir en elevar sus capacidades y desarrollar activos estratégicos y oportunidades reales para que se desenvuelvan y alcancen su pleno desarrollo”, expresa, entre otros aspectos que pueden realizarse desde la política pública, con la vinculación del sector privado, la academia y la cooperación internacional.

La directora de Rimisp en Ecuador destaca que existe una falta de reconocimiento del aporte productivo de las mujeres rurales, que implica “una invisibilización en el decir y hacer de las mujeres en el área rural  y esto indiscutiblemente genera una falta de políticas de empleo con perspectiva de género, además de una desigualdad en el acceso al empleo y a las remuneraciones”.

Esta contribución en el desarrollo agrícola por parte de la mujer ecuatoriana tiene un papel fundamental en la producción, pero también en la comercialización de los productos. A eso se debe sumar su aporte mayoritario en el hogar, resguardando la seguridad alimentaria de la familia, en el cuidado a los mayores y los niños. “Y tampoco hay que olvidar su apoyo en los trabajos comunitarios, a nivel de las asociaciones y comunidades rurales, la mujer cumple un papel muy importante”, puntualiza.

La vulnerabilidad y el empobrecimiento de las mujeres rurales, debido a los efectos de la pandemia, son parte de los principales hallazgos de las investigaciones realizadas por Rimisp. Un dato que evidencia esta realidad es un 69% de los hogares con jefatura femenina, que han sufrido la reducción de sus ingresos, como una consecuencial del Covid-19, de acuerdo con la Encuesta sobre Seguridad Alimentaria y Alimentación, realizada en el marco del proyecto Siembra Desarrollo. Pequeña agricultura y alimentación resilientes al COVID-19, en los cantones de Daule, Santa Lucía y Palestina, (provincia del Guayas) y Ventanas y Mocache (provincia de Los Ríos), ubicados en la costa ecuatoriana.

La pandemia profundizó las brechas de género en la ruralidad, ya que con la pérdida significativa de los ingresos de las mujeres debido al desempleo “el empobrecimiento en las zonas rurales es mucho más notorio y ha impactado más en las mujeres”, señala.

Carol Chehab reitera la importancia de visibilizar el pensamiento y la realidad de la mujer rural, a fin de lograr su incidencia en una política pública, “que permita una entrada masiva en diferentes acciones para apoyarlas en aspectos como el emprendimiento, el desarrollo de sus capacidades, la asociatividad, la comercialización agrícola. Todo esto enfocado en la importancia de mejorar sus ingresos y reducir la pobreza”.