El fortalecimiento de pequeños y medianos agricultores promueve sistemas agroalimentarios más sostenibles, y podría reducir los impactos del coronavirus en la región latinoamericana.

La agricultura familiar (AF), de pequeña y mediana escala, se caracteriza por emplear principalmente, aunque no de manera exclusiva, mano de obra familiar, en la explotación de la tierra con apoyo de mano de obra y maquinaria bajo estrategias de eficiencia productiva.

A partir de 2019, según declaró Naciones Unidas, se inició el decenio de este tipo de agricultura, resaltando su relevancia en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030.

En medio de la pandemia del coronavirus COVID-19, el rol que juega la agricultura familiar, en la transición hacia sistemas agroalimentarios sostenibles, ha vuelto a adquirir importancia, esta vez, desde el foco de la seguridad alimentaria en los territorios rurales de América Latina.

Rimisp postula que la AF es un actor estratégico en términos de sostenibilidad, sin embargo, su potencial no ha sido aprovechado y/o incluido por las políticas públicas de los gobiernos latinoamericanos. La importancia de la agricultura familiar radica en el papel que juega en el suministro de alimentos, pero también en la transición hacia sistemas agroalimentarios sostenibles, y en la lucha contra una posible crisis alimentaria.

Para un desarrollo sostenible, entonces, se apunta a integrar la agricultura familiar en los sistemas agroalimentarios sostenibles de la región, comprendiendo sus dinámicas y valorando su rol multidimensional.

En este sentido, y ante la emergencia del coronavirus, Rimisp desarrollará el proyecto Siembra desarrollo.Pequeña agricultura y alimentación resilientes al COVID-19 con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá, para generar evidencia sobre los impactos en la producción, comercialización y consumo de alimentos en los territorios rural-urbanos de la región, y promover la recuperación post COVID-19 mediante procesos de diálogo de políticas y asistencia técnica a los gobiernos.

Según Ignacia Fernández, directora ejecutiva de Rimisp, “este proyecto nos va a permitir generar información de primera fuente sobre el modo en que el COVID-19 está impactando sobre las posibilidades de producción y comercialización de los pequeños productores agrícolas, y consecuentemente, sobre sus ingresos y calidad de vida; así como sobre los cambios en patrones de abastecimiento y consumo en los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad”.

“Con esta información buscamos contribuir al diálogo y la formulación de estrategias para la seguridad alimentaria, un problema que se está volviendo crítico para millones de hogares a consecuencia del COVID, así como para apoyar procesos de reactivación en las zonas rurales de América Latina” agregó la doctora en Sociología.

El proyecto se realizará en cinco países: México, Guatemala, Colombia, Ecuador y Chile.

La directora de oficina de Rimisp en México, Yuritzin Puig, dijo que en el campo mexicano “la mayor parte de su población enfrenta condiciones de pobreza y desigualdad, pero al mismo tiempo tiene oportunidades de poder producir alimentos sanos y nutritivos para ellos y contribuir en la seguridad alimentaria del resto de la población”.

De esta forma, el proyecto “nos da la oportunidad de analizar, alrededor de los sistemas alimentarios de localidades intermedias, las condiciones previas y post pandemia, que nos referirá una reflexión en materia de políticas con una gran variedad de actores”, agregó.

En efecto, la iniciativa que desarrollará Rimisp apunta, también, a promover cambios políticos e institucionales en el contexto de COVID-19, a través del diálogo de políticas públicas basado en evidencia y asistencia técnica a los gobiernos.

Desde Ecuador, el director de la oficina de Rimisp, Ney Barrionuevo, sostiene que “comprender mejor esos impactos a través de la investigación mediante encuestas y seguimiento a un grupo de mujeres en las zonas rurales de Guayas y Los Ríos permitirá proponer alternativas de políticas más sostenibles desde lo territorial hasta el nivel nacional, que atiendan las particularidades de las mujeres en la ruralidad, así como aprovechar su enorme potencial para contribuir a la salida de la crisis”.

Barrionuevo además sostuvo que “Ecuador ha sido uno de los países más golpeados por la pandemia del COVID-19 y se conoce que las mujeres rurales se encuentran siempre entre los grupos más vulnerables a los shocks económicos y sociales que se derivan de la crisis sanitaria”.

Otro de los grupos que podrían verse afectados por la crisis son los pequeños agricultores familiares. “Hoy en día se estima que cerca de 1.300.000 Unidades Productoras Agropecuarias (UPAs) son agricultores familiares, que a su vez que representan el 55,48% del total de UPAs (DANE, 2014)). Por lo tanto, se hace necesario prever los impactos que pueden tener este tipo de agricultores. Esta situación es especialmente relevante para Colombia, que en el 2018 el 4,8% de la población está condición de inseguridad alimentaria (FAO, 2019)”, detalló la directora de oficina en Colombia, Ángela Penagos.

Con este proyecto, Rimisp impulsa estrategias de transformación para la equidad territorial, basadas en una mejor comprensión de los debates que enfrentan los territorios rurales de América Latina.