Colombia ha vivido durante el último mes del año las movilizaciones más grandes de su historia reciente. Lo que inició con el descontento por la aplicación de una Reforma Tributaria, rápidamente se transformó en un estallido social en todo el país. Los manifestantes, principalmente jóvenes, buscan cambios estructurales que logren disminuir los niveles de pobreza que se han profundizado con la pandemia. Aunque los ojos de las movilizaciones están situados en ciudades como Cali o Bogotá, en los municipios del suroccidente colombiano también se han vivido fuertes manifestaciones, pero ¿de qué manera lo han hecho? ¿Cuáles son sus exigencias? ¿Cuál es el papel que debe tener un observatorio en una coyuntura como la del Paro Nacional?

Para responder estas preguntas dialogamos con dos líderes de organizaciones que hacen parte del proyecto Fortalecimiento de un observatorio para medir el cambio con perspectiva territorial con respecto de la situación que se vive en los municipios de la cordillera, específicamente en Argelia en el departamento del Cauca y en Cumbitara en el departamento de Nariño.

La situación actual en ambos municipios es muy similar, por un lado, el Paro Nacional ha sido bien recibido y apoyado, pues las personas se sienten representadas por las exigencias que están liderando los jóvenes a nivel nacional y manifiestan que este es “un problema de todos”. En ese sentido, los líderes y sus organizaciones han realizado marchas, velatones, murales y recolección de donaciones para las personas que se están movilizando; también han hecho pedagogía en el territorio hablando sobre el Paro y las razones para unirse a él. Mientras las personas de Cumbitara se han movilizado hacia el sector de Panoya, en la vía Panamericana, los manifestantes de Argelia se han desplazado hacia Popayán, también por la misma vía. Por otro lado, y aunque esto no ha afectado el nivel de movilización, los líderes manifiestan que se han presentado fenómenos de desabastecimiento y aumento de precios en los productos.

Ambos líderes coinciden en afirmar que los motivos del Paro Nacional no son de ahora, sino que vienen de tiempo atrás. Pedro Ramírez*, representante de una organización productiva de Cumbitara, nos cuenta que las exigencias que tienen al gobierno nacional son, principalmente, que se deje el abandono estatal en que viven, el cual se ve reflejado en el mal estado de las vías y la poca conectividad a los servicios de internet y telefonía. También, el precario acceso a la educación de calidad, lo cual los mantiene en un estado de aislamiento. De igual manera, exigen que se retiren las reformas que no han sido concertadas con la población, así como el respeto de los Derechos Humanos por parte de la fuerza pública.

A su vez, Luis Carlos Quisobonoy, miembro del Comité Universitario de Argelia Cauca (COMUNARC), cuenta que tienen cuatro puntos centrales como eje de sus exigencias: primero, el derecho a la protesta y a la movilización que es crucial en este paro en el que se han presentado casos de violación de los Derechos Humanos; segundo, la derogación del Decreto 380 que fija las reglas y regula el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante el glifosato; tercero, el cumplimiento del Acuerdo de Paz, especialmente el Punto 1 de Reforma Rural Integral y el Punto 4 de solución al problema de las drogas ilícitas; y cuarto, el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos.

Ahora bien, al conversar sobre el papel de un observatorio territorial en coyunturas como la del Paro Nacional, ambos coinciden en afirmar que el observatorio es un apoyo complementario para los procesos que vienen implementando con sus organizaciones. “El principal papel de un Observatorio debería ser el de informar no solamente a nivel externo, sino a través de mecanismos que permitan visibilizar e intervenir en pro de las comunidades, a través de la pedagogía”.

Para Pedro, el observatorio permite visibilizar sus exigencias ya que es un espacio en el que confluyen distintas voces y es ahí donde se pueden hacer propuestas de manera conjunta que favorezcan a los diferentes grupos poblacionales. Por su parte, Luis Carlos considera que el papel de la academia y los centros de investigación es fundamental en la medida en la que contribuyen a la interlocución con el campo y permite cerrar las brechas de desigualdad que existen. Por ejemplo, resalta la manera en la que una investigación podría determinar el daño ambiental que causa la aspersión aérea con glifosato en los territorios y cómo se podría explicar esto con una metodología sencilla para que los campesinos la comprendan.

Asimismo, Luis Carlos llama la atención sobre el potencial que tienen los indicadores cotidianos porque permiten ver la magnitud de un problema específico en su territorio, esto les permite intervenir en el debate con datos concretos y facilitar el diálogo con los gobiernos locales y nacionales mostrando la realidad de los territorios. Por ejemplo, “decir que más de 11 mil familias cocaleras en el municipio de Argelia, le apostaron a una sustitución voluntaria de cultivos pero que el gobierno no cumplió los acuerdos y ahí se quedó”. Al respecto, Pedro, resalta la importancia de consolidar organizaciones en los territorios ya que de esta manera las comunidades se unen y pueden trabajar hacía un mismo horizonte.

Pedro y Luis Carlos, coinciden en que, para avanzar en el diálogo en busca de una salida para la crisis actual, se debe indagar en soluciones a nivel territorial, que beneficien a los campesinos y campesinas quiénes han estado históricamente excluidos de las políticas del Estado.