Según el más reciente análisis realizado por el Grupo de Diálogo Rural en Colombia, las precarias condiciones que caracterizan a los municipios con presencia de cultivos de coca limitan considerablemente las alternativas de ingreso lícitas para los jóvenes rurales, debido a factores como la baja cobertura de educación, la deserción escolar, las dificultades de acceso a servicios de salud de calidad, las pocas opciones de empleo formal, que inducen la migración a centros urbanos o su inserción en actividades relacionadas con este cultivo.

Este diagnóstico, que tiene como objetivo visibilizar la situación que viven los jóvenes rurales en estos territorios del país, analizó los datos registrados en diversas fuentes oficiales de información como el Censo Nacional de Población y Vivienda; el Censo Nacional Agropecuario (CNA); el Informe de Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos; Terridata; el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI); entre otras.

El análisis se enfoca en dos aspectos. El primero, resalta las características propias de estos municipios en lo que se refiere a aspectos como conectividad, afectaciones derivadas del conflicto armado, tasa de homicidio, entre otras. En el segundo, señala las repercusiones que esta situación tiene sobre los jóvenes rurales.

Sobre el primer aspecto, el estudio toma como referencia los 183 municipios con cultivos de coca reportados por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMICI) en el año 2016. De ellos, el 44% se identifican como municipios eminentemente rurales, un 37% como rural-disperso; un 9% como intermedio y un 7% como ciudades y aglomeraciones de acuerdo con las categorías de ruralidad señadas por la Misión Rural.

Según el análisis realizado, estos municipios se encuentran más alejados de centros urbanos, no solamente tomando en cuenta la distancia lineal, sino los tiempos de viaje entre los municipios y los centros con una población de más de 100 mil habitantes. Esta situación dificulta el intercambio de diversas actividades económicas, sociales, culturales y políticas que promueven el desarrollo de estos territorios.  En promedio, el tiempo que toma llegar a los centros urbanos es casi el doble desde los municipios afectados que desde los municipios sin presencia de cultivos de coca.

Por su parte, en lo que se refiere al número de personas expulsadas por desplazamiento y la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, el análisis revela una correlación significativa. De acuerdo con la Fundación Ideas Para la Paz (FIP), el número promedio de desplazados en 2017 para los municipios donde se iniciaron procesos de sustitución de coca de manera voluntaria supera 10 veces el promedio de desplazados en municipios sin presencia de cultivos de coca. Además, la FIP ha documentado un aumento en la tasa de homicidios del 33% en estos municipios, el cual es 20% más alto en comparación con los municipios con cultivos de coca que no han iniciado el proceso de sustitución.

 Tabla 1. Estadísticas descriptivas Municipios con cultivos de coca

Fuente:  Elaboración propia con base en información del CEDE (2016), DNP, DANE e IGAC.

En cuanto a características de jóvenes que habitan en este municipio, el análisis evidencia que los territorios con cultivos de coca tienen un porcentaje más alto de jóvenes rurales (26.09%) con respecto a la población total del municipio en comparación con aquellos municipios que no tienen cultivos de coca (23.33%).

Del total de los 298.000 jóvenes entre los 15 y los 30 años registrados en el Censo Nacional Agropecuario del 2014 (CNA) en los municipios afectados en 2017, el 48,4% corresponde a mujeres, el 28% se considera afrocolombiano y el 18% indígena.

Según los datos registrados en Territada, para el año 2017 la Cobertura Neta de Educación en estos municipios estuvo ubicada 10 puntos porcentuales por debajo del resto de los municipios rurales que no presentan cultivos de coca, lo que evidencia los grandes retos y desafíos que enfrentan estos jóvenes rurales en materia de acceso a educación de calidad.

En lo que se refiere a salud, según datos del CNA (2014), el 91 % de los jóvenes que habitan las áreas rurales de los municipios con cultivos de coca se encuentra afiliado al sistema de salud. No obstante, se destaca que el 80% pertenece al régimen subsidiado, y solamente el 7% se encuentra en el régimen contributivo, lo cual refleja la precariedad de las oportunidades de empleo formal o mejores ingresos.

“Estos datos evidencian el grado de vulnerabilidad que experimentan los jóvenes rurales que habitan en municipios donde se cultiva coca. Alternativas lícitas que reconozcan estas particularidades, sus aspiraciones y deseos, son claves para contribuir a la transformación de sus realidades” afirmó Ángela Penagos, directora en Colombia de Rimisp- Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural

“En el Grupo de Diálogo Rural tenemos cabida personas que pensamos de muy manera distinta y tener esta multiplicidad de visiones para un problema tan complejo como generar oportunidades para los jóvenes en las zonas con cultivos ilícitos, es muy importante. Este asunto requiere una perspectiva integral y creo que lo hemos logrado: converger en nuevas perspectivas para pensar en alternativas” afirmó Sergio Guarín, Director de Reconciliación Colombia.

En la misma línea, Ana Mujica, directora de la Dirección de Mujer Rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se refirió al importante ejercicio que realiza el documento al unir diagnósticos previos y hacer un análisis más riguroso sobre jóvenes rurales que habitan en territorios con cultivos de coca. “Trata de analizar tanto la coyuntura del conflicto asociada a estos cultivos, pero también las variables sociales y económicas que pueden tener una incidencia en la decisión de los jóvenes para participar en estas actividades. Falta un componente cualitativo que permita tomar mejores decisiones, pero aun así para el Ministerio este análisis es importante porque estamos en el momento justo  en que estamos pensando políticas públicas para jóvenes y nos da luches para este caso particular”  afirmó la funcionaria pública.

A partir de este análisis, el GDR liderado por Rimisp, con el apoyo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas (FIDA), definirá una serie de recomendaciones que representen un insumo para formular mejores políticas públicas sobre esta situación. Será un documento general que estará disponible en enero 2020 el cual se divide en cinco partes.

La primera se realiza una contextualización de las características recientes de los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito y los jóvenes que habitan en ellos. En la segunda, se presentan las contribuciones de la literatura sobre los factores territoriales y las motivaciones individuales que afectan la presencia e incremento de los cultivos de uso ilícito. En la tercera parte se presenta un ejercicio empírico de correlación que busca identificar la dirección y magnitud de la relación entre la juventud rural y el comportamiento reciente de los cultivos de coca, tomando en cuenta las variables asociadas al crecimiento de los cultivos de uso ilícito identificadas por la literatura. Por último, se presentan unas consideraciones finales y se sugieren insumos para la elaboración de recomendaciones de política a partir de los resultados observados.