Si bien es cierto la mayor parte de contagios y víctimas mortales se encuentran en las ciudades, llama la atención que, en varios países de Latinoamérica, las zonas que siguen a continuación en las cifras oficiales, son áreas donde se concentra la pobreza y la ruralidad.

El brote del COVID-19 ha desencadenado una serie de medidas políticas y económicas sin precedentes para intentar contener su expansión. Con algunos meses de desfase respecto de Asia y Europa, desde marzo del 2020, América Latina ha comenzado a aplicar progresivamente medidas para enfrentar la crisis sanitaria. Estas iniciaron con la declaración de estados de emergencia y han otorgado a los  gobiernos centrales el poder y la capacidad para concentrar una serie de decisiones que, en otras condiciones, requerirían de la consulta y participación de otros poderes y niveles de gobierno.

En este escenario, un fenómeno que ha marcado el debate en la región es el rol que han jugado los gobiernos locales, y este ha sido el punto de partida de un equipo de investigadores de Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, integrado por Ignacia Fernández, directora Ejecutiva de Rimisp, los investigadores principales, Rodrigo Yáñez y Daniela García, el investigador Miguel Albacete y Daniela Castillo, asistente de Investigación; quienes proponen una reflexión sobre este papel y el desempeño los gobiernos subnacionales, en medio de una de las mayores crisis que ha enfrentado la humanidad moderna.

El documento denominado “La construcción de agenda política desde la acción ejercida por los gobiernos locales” inicia una serie de análisis de coyuntura sobre los efectos del coronavirus en América Latina, con énfasis en el medio rural. En esta primera entrega se realiza un acercamiento a la labor desempeñada por los gobiernos locales, que se han vuelto un actor político relevante por la presión impuesta al gobierno nacional forzando la adopción de medidas, principalmente, de aislamiento social y suspensión de clases. En muchas ocasiones estas disposiciones han evidenciado la tensión existente en el diálogo entre distintos niveles de gobierno, poniendo en evidencia, asimismo, el impacto que pueden tener las voces que provienen de los territorios en una agenda política a escala nacional.

Y el enfoque también se dirige con preocupación a las zonas en donde las desigualdades estructurales pueden causar consecuencias aún más graves de las ya registradas. ¿Qué va a suceder en las provincias y regiones más aisladas? ¿Aquellas con más pobreza y desempleo? Los alcaldes de las localidades más pobres y ubicadas en las zonas rurales no tienen el mismo poder de negociación que las capitales provinciales, lo que va a impactar en la capacidad que tengan para movilizar recursos. Si bien es cierto la mayor parte de contagios y víctimas mortales se encuentran en las ciudades, llama la atención que, en varios países de Latinoamérica, las zonas que siguen a continuación en las cifras oficiales, son áreas donde se concentra la pobreza y la ruralidad.

Un aspecto crítico para responder a la mayor complejidad de la emergencia en zonas rurales y con alta concentración de pobreza, y hacerlo en colaboración con los gobiernos locales, es contar con información oportuna, confiable y desagregada. El tema del acceso a la información ha sido otro punto crítico en la relación entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales. La demanda apunta también, a la necesidad de entregar información desagregada por municipios, para mejorar la capacidad de trazabilidad de los casos y anticiparse a las necesidades de apoyo de las localidades más afectadas.

Las medidas varían según las características políticas y constitucionales propias de cada país. En América Latina, el tipo de atribuciones con las que cuentan los gobiernos locales varía según el tipo de Estado y la profundidad de los procesos de descentralización emprendidos. México y Brasil son Estados de carácter federal, es decir, los estados que conforman una federación son autónomos, libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. Distinto es el caso de Colombia, Ecuador, Perú y Chile, que son estados unitarios, cuyos gobiernos de carácter intermedio y local cuentan con grados variables de poder y responsabilidad.

El análisis detalla algunas situaciones, que evidencian estas diferencias, las pugnas en el momento de tomar o no las medidas restrictivas y en ocasiones, la descoordinación entre las autoridades centrales y locales.

Es inevitablemente que la reflexión se dirige hacia el futuro. Hacia las consecuencias políticas de largo plazo y a pesar de las respuestas inicialmente similares de los gobiernos centrales, es probable que éstas sean bastante heterogéneas en el futuro. La pandemia ocasionada por el brote de COVID-19 marca la posibilidad de fortalecer el liderazgo de las instituciones existentes a nivel local, o, en su defecto de disminuirlo en detrimento de las decisiones de las autoridades centrales. Desde Rimisp seguiremos con atención el rol de los gobiernos locales en las políticas fiscales y sociales durante y después de la crisis.