Editorial Miguel Albacete

La alimentación es un derecho fundamental. Es una necesidad básica, ubicada en el origen de la vida y punto de partida de todo lo demás. Puede parecer redundante u obvio hablar de la importancia de la alimentación para el bienestar, la salud o el desarrollo cognitivo de las personas, para las familias, comunidades y culturas o incluso para el desarrollo de los países y sus economías. No obstante, y especialmente hoy en día, sigue siendo necesaria la lucha por el derecho a una alimentación adecuada, suficiente y digna.

A las puertas de la pandemia, El Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe de FAO dejaba ya a la región en una posición compleja, con varios años de continuo retroceso en la seguridad alimentaria y con un aparentemente incontenible avance del sobrepeso y la obesidad en niños y adultos. En este contexto golpeó el COVID-19, generando una importante crisis sanitaria que la alta informalidad laboral y las deficiencias en los sistemas nacionales de seguridad social han transformado en una crisis socio-económica con importantes repercusiones para la alimentación.

En este sentido, las caídas en la actividad económica y en el empleo registradas en la región han llevado a emitir advertencias alarmantes y realizar estimaciones ciertamente desalentadoras sobre los aumentos de la pobreza y la pobreza extrema. Pero, ¿hasta dónde ha llegado el impacto sobre la alimentación de los hogares?

Para contribuir a entender mejor este impacto y, más concretamente, la forma que ha tomado en los territorios urbano-rurales, lanzamos la Encuesta de Seguridad Alimentaria y Alimentación, cubriendo a más de 6.000 hogares en 10 territorios latinoamericanos. Los resultados obtenidos han permitido arrojar importantes luces.

La alimentación de los hogares hoy en día depende fuertemente de su capacidad para acceder a puntos de venta y de disponer de los recursos necesarios para la adquisición de alimentos, incluso para aquellos hogares rurales y productores, que siguen requiriendo de este acceso para lograr una dieta variada. Así, resulta fundamental comenzar entendiendo el impacto de la pandemia sobre los ingresos y, en este sentido, los resultados nos han permitido constatar una reducción generalizada de ingresos, la cual, en contra de lo inicialmente pensado por muchos, ha sido similar, cuando no mayor, en los territorios rurales. La importante vinculación entre zonas rurales y urbanas y la cada vez mayor relevancia del empleo rural no agrícola son factores que han podido contribuir a la transmisión del impacto y que, por cierto, recalcan la pertinencia del enfoque territorial y la necesidad de comprender las dinámicas rurales para poder apoyar oportunamente su desarrollo y atender sus necesidades.

El impacto económico de la pandemia ha venido acompañado, además, por un alza en los precios de los alimentos, posicionando a los hogares en una situación de presión y empujándolos a tomar medidas de adaptación que, en diferentes magnitudes, pueden comprometer su capacidad de recuperación. Algunas de estas medidas están directamente relacionadas con la dieta. Así, muchos hogares -entre 44% y 68% dependiendo del territorio que consideremos- han reducido su consumo de carne y pescado y entre 38% y 62% han disminuido el de frutas y verduras frescas. Estas reducciones de proteína animal y de productos frescos han sido, por otro lado, compensadas con un aumento del consumo de productos preparados o envasados, generalmente más calóricos y accesibles a menor costo, aunque también menos nutritivos.

En su conjunto, el impacto económico de la pandemia y los cambios en la dieta se ven reflejados en alarmantes tasas de inseguridad alimentaria en la región. En la mitad de los territorios considerados, la inseguridad alimentaria moderada o severa ronda el 50%, indicando que, en estos territorios, uno de cada dos hogares no tiene certeza sobre su capacidad para adquirir alimentos y ha visto reducirse la cantidad, variedad o calidad de su dieta por falta de recursos. Adicionalmente, en cuatro de estos territorios, la inseguridad alimentaria en sus niveles más severos afecta a más del 10% de los hogares. Estos han llegado a quedarse sin alimentos por falta de recursos y, en el peor de los casos, han pasado uno o más días sin comer, incluso sintiendo hambre.

Partiendo de este escenario general, es importante subrayar que no todos los hogares se ven afectados de la misma forma ni en la misma magnitud. Existen importantes estructuras de vulnerabilidad y de desigualdades horizontales, así como territoriales, que son imprescindibles tomar en consideración y conocer en mayor profundidad para generar respuestas adecuadas. Tal es el caso de los hogares liderados por mujeres. Con mayor ocupación en los sectores más afectados, mayor prevalencia de la informalidad laboral y la carga del trabajo reproductivo, estos hogares absorben proporcionalmente una mayor parte del impacto económico de la pandemia y muestran, consecuentemente, mayores tasas de inseguridad alimentaria junto con una mayor tendencia hacia el deterioro de las dietas. Otro caso que requiere especial atención es el de los territorios rurales, los cuales cuentan también una mayor proporción de hogares en situación de inseguridad alimentaria. En ellos, sus vulnerabilidades y desafíos propios se combinan ahora con el impacto de una pandemia que no los ha dejado al margen y al que tienen que hacer frente en un contexto de frecuente olvido, abandono y desconocimiento de sus dinámicas.

En clave de Agenda 2030, podríamos hablar del retroceso que suponen los resultados que arroja la encuesta de Seguridad Alimentaria y Alimentación para el cumplimiento del ODS 2, lo cual amenaza inevitablemente el logro de muchos otros objetivos de desarrollo sostenible. No obstante, el escenario amerita hablar de garantizar el derecho básico a la alimentación para todas y todos, atendiendo a las situaciones particulares de aquellos grupos más vulnerables. Esto, a su vez, impone la necesidad de redoblar los esfuerzos para contener la expansión, no sólo del COVID-19, sino también del avance de la inseguridad alimentaria y del hambre en la región. En el corto plazo, esta tarea conlleva el establecimiento de programas de respuesta rápida a la coyuntura, pero muchos de los esfuerzos se deben canalizar hacia la construcción de resiliencia mediante la generación de oportunidades y estructuras productivas inclusivas, hacia la puesta en pie de redes de protección social efectivas y sólidas, y mediante la inversión en los territorios y sus sistemas agroalimentarios.