En el último año, América Latina y el Caribe han experimentado un aumento notable en la frecuencia y severidad de eventos climáticos extremos, como lluvias intensas que han desencadenado inundaciones y deslizamientos de tierra, huracanes, olas de calor e incendios forestales. Para el año 2023 la temperatura promedio de la superficie de la Tierra fue la más cálida que se haya registrado (NASA) y según estimaciones de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), se perderán 23 millones de hectáreas más de bosques en la Amazonía entre el periodo 2021-2025. 

Estas condiciones han tenido repercusiones significativas en la salud pública, la seguridad alimentaria y el desarrollo económico de las personas, afectando especialmente a las comunidades rurales y costeras de la región. En estas áreas, los desafíos para superar la pobreza y garantizar derechos son aún mayores, lo que intensifica la vulnerabilidad de estas poblaciones frente a los efectos del cambio climático.

En este contexto, los territorios que han experimentado o siguen enfrentando el conflicto armado, y donde se registran constantes violaciones de derechos humanos, son particularmente vulnerables tanto al cambio climático como a la degradación ambiental. Esto se debe en parte, a que las capacidades de adaptación, tanto de las comunidades como de sus instituciones, suelen ser limitadas, ya sea por el bajo acceso a recursos financieros y tecnológicos, como por la fragmentación social que generan los contextos de conflicto y la priorización de políticas de otra índole que dejan en un segundo plano acciones de adaptación climática. 

En el marco del proyecto “Estudio de aprendizaje sobre la relación entre la degradación medioambiental, el cambio climático y los derechos humanos”, impulsado por el programa InspiraPaz de USAID/Colombia e implementado por Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural,  se llevaron a cabo seis jornadas de capacitación en los departamentos de Cauca, Norte de Santander y Caquetá con más de 120 representantes,  líderes y lideresas de Organizaciones de la Sociedad Civil. Estas jornadas permitieron, por un lado, conocer y apropiar conceptos fundamentales y herramientas para la gestión climática e identificar estrategias productivas y de gobernanza para la adaptación al cambió climático. Asimismo, generaron discusiones propositivas sobre medidas de autoprotección y protección colectiva que a nivel territorial se toman para reducir la vulnerabilidad y aumentar la capacidad de las comunidades para resistir o recuperarse de los impactos del cambio climático. 

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Bajo la premisa de que la adaptación al cambio climático debe ser participativa, informada y debe estar alineada con la realidad y entornos locales para que sea efectiva y pertinente, se desarrolló como apoyo a estas jornadas un recurso pedagógico denominado “Adaptación al cambio climático como medida de autoprotección y protección colectiva”. Este material busca contribuir a las acciones de adaptación al cambio climático desde la ciudadanía y las comunidades rurales, y se enfoca no solo en la priorización, diseño y seguimiento de las medidas de adaptación, sino también en resaltar su rol en la gestión sostenible de los recursos naturales y en la protección tanto de los ecosistemas, como de los derechos que permiten garantizar estas acciones que buscan reducir su vulnerabilidad ante fenomenos de degradacion ambiental y amenazas climáticas extremas en sus territorios.

La gestión del conocimiento y la generación de información sobre el cambio climático y sus diferentes impactos constituyen insumos fundamentales para la toma de decisiones que reduzcan la vulnerabilidad de las comunidades y territorios frente a los efectos del cambio climático en contextos de conflicto armado. Así mismo,  es igualmente relevante el fortalecimiento y la difusión de saberes y prácticas ancestrales, locales y nativas, que las comunidades rurales han desarrollado para adaptarse a los cambios climáticos y mitigar la degradación ambiental. 

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