En esta cuarta edición, el Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad pone en discusión la desigualdad territorial desde la mirada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), considerando indicadores a nivel subnacional para algunos de estos objetivos, e indagando en la articulación de actores, aspecto central para que la implementación de la Agenda 2030 permee a todos los territorios.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen en su base un enfoque holístico que busca la integración de las tres dimensiones del desarrollo ‒económico, social y ambiental‒ y la participación de todos los actores ‒públicos, privados y de la sociedad civil‒ en los niveles micro, meso y macro, bajo la premisa de no dejar a nadie atrás. Los objetivos y metas de la Agenda 2030 son de carácter integrado, interrelacionado e indivisible, de alcance mundial y de aplicación universal.

Este enfoque integrado que subyace a la Agenda 2030 es uno de los principales desafíos que enfrentan los estados latinoamericanos para su implementación, pues requiere construir mecanismos institucionales que superen lógicas tradicionales de organización compartimentalizada y articular actores diversos bajo una visión común. Como bien señala el Informe Anual sobre el Progreso de los ODS en América Latina y el Caribe “este proceso no es evidente y requiere la creación y el fortalecimiento progresivo de una confianza mutua entre actores que no necesariamente están acostumbrados a colaborar y que suelen tener visiones diferentes del mundo” (CEPAL 2016: 45).

El desafío de la articulación no es un tema nuevo para los gobiernos de la región y representa un ámbito de creciente preocupación para los organismos internacionales, consistente con la invitación a una mirada integral de los ODS que realiza la Agenda 2030.

Con este Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2017, Rimisp se suma a dicho debate, postulando que, desde un enfoque territorial, la articulación entre distintos niveles de gobierno y distintos actores resulta un imperativo. Hemos visto que la desigualdad en América Latina tiene un componente territorial diferente y adicional a las desigualdades que se manifiestan entre personas, hogares y grupos, donde los territorios rurales han sido sistemáticamente los más rezagados de las dinámicas de desarrollo. Descentralizar la Agenda 2030 requiere del fortalecimiento de los vínculos entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales, así como del gobierno con la sociedad civil y el sector privado, de modo que la agenda sea pertinente y tenga el alcance requerido para todos los territorios de la región, independientemente de los desafíos particulares que cada uno de estos enfrenten. En abierta sintonía con la consigna de la Agenda 2030 “que nadie se quede atrás”, postulamos la necesidad de “no dejar a ningún territorio atrás”, como sabemos que ocurre en la actualidad, cuando predominan dinámicas de desarrollo que registran claros aventajados y rezagados.