El Informe evidencia la existencia de notables brechas territoriales y su impacto sobre las desiguales posibilidades de desarrollo de los territorios. Se estructura en dos secciones principales. La primera da cuenta de la inequidad territorial. Las cifras promedio de los indicadores socioeconómicos de cada país, en muchas ocasiones esconden varianzas significativas entre losterritorios del mismo, ya sea entre territorios urbanos y rurales o entre distintas unidades político-administrativas. Es así como algunos indicadores sociales en un país determinado pueden hacer parecer que no existen problemas en el ámbito que miden, dado su valor promedio, pero ocultar que dicho promedio se compone de resultados de territorios en los cuales efectivamente el indicador es satisfactorio y resultados de otros territorios donde es claramente insatisfactorio.
El análisis que se realiza en la primera parte del Informe identifica territorios particularmente rezagados (o adelantados) y que presentan brechas negativas (o positivas) significativas respecto del desarrollo de su propio país, entendiendo que en la región hay países con estados de desarrollo más avanzados que otros (Capítulo 1). Encontramos casos, por ejemplo, de países de nivel de desarrollo promedio relativamente bajo en los cuales no hay territorios particularmente rezagados ni adelantados, así como casos de países de nivel de desarrollo promedio relativamente alto en los que solo unos pocos territorios tienen resultados satisfactorios, mientras que el resto se encuentra rezagado.
La segunda parte del Informe analiza las implicancias de estas desigualdades en las políticas públicas y su relación con las capacidades institucionales. Se postula que las políticas sectoriales no son neutras ante la desigualdad territorial, pues una misma política puede contribuir al desarrollo de un territorio, no tener mucho impacto en otros y afectar negativamente a un tercero.
Se presentan los casos de dos políticas -la política de educación escolar en Chile y los programas de desarrollo rural en México-; y un programa -el Bono de Desarrollo Humano en Ecuador- (Capítulo 2). Estas iniciativas tienen propósitos distintos, unos más acotados que otros; unas tienen una larga trayectoria y otra es una iniciativa reciente, pero más allá de sus diferencias coinciden en un aspecto: son políticas diseñadas con propósitos sectoriales que pueden tener resultados agregados positivos, pero cuando éstos se analizan de manera desagregada espacialmente se revelan importantes desigualdades en sus resultados e impactos. Las razones que explican las brechas territoriales que no logran eliminar (y que muchas veces agudizan) estas iniciativas son distintas y en muchos casos, anteriores al diseño y la implementación de las políticas. Tienen que ver, precisamente, con el tipo de diferencias territoriales que, a la larga, las políticas contribuyen a perpetuar, por no ser consideradas al momento del diseño de las intervenciones.
Al interior de los propios territorios radica parte de la explicación de las brechas existentes, pues las capacidades institucionales y sociales son desiguales.
Esta afirmación queda demostrada al repetir el análisis estadístico realizado en la primera parte del Informe, con indicadores de la capacidad de gestión de los gobiernos locales, lo que da cuenta, una vez más, de importantes brechas territoriales (Capítulo 3). El Informe termina haciendo referencia a dos casos de desarrollo endógeno –el Proyecto Sierra Sur en Perú y el Territorio Solidario de las Provincias del Sur de Santander en Colombia- que muestran cómo a pesar de las capacidades diferenciadas y los contextos socialmente adversos, determinados arreglos socio institucionales contribuyen a revertir tendencias potencialmente negativas (Capítulo 4). Ambas experiencias son producto de una gestión local exitosa, que integra a distintos actores, aportando un fuerte componente ciudadano y democrático, aumentando las capacidades de gestión local e innovando en la construcción de herramientas para el desarrollo y la superación de la pobreza.