Iniciando el año 2024, los 32 departamentos y más de 1100 municipios deben abocar la tarea de formular los planes de desarrollo para su periodo de gobierno. Varias entidades del Estado central están dando directrices sobre que incluir en estos planes, los cuales deben basarse en los programas de gobierno que fueron inscritos en la Registraduría. Son muchos los retos que enfrentan los y las gobernantes de las entidades territoriales, desde los temas sociales clásicos como salud y educación, pasando por las necesidades de infraestructura vial o social y las apuestas para el desarrollo económico, así como la inclusión de los temas ambientales. Sin embargo, hay un tema que la realidad está imponiendo como central y prioritario en términos de las responsabilidades de todos los niveles de gobierno: el derecho humano a la alimentación o la seguridad y soberanía alimentaria.

El derecho a la alimentación es un derecho complejo, depende de varios factores como la disponibilidad de alimentos, el acceso a los mismos, los ingresos para poder adquirirlos, así como la calidad y la oportunidad en la adquisición y consumo. Varios de estos factores dependen de los mercados, otros de las regulaciones y otros de acciones concretas por parte de los gobiernos en todos los niveles. Es por esto que, desde Rimisp, consideramos indispensable que los próximos planes de desarrollos de municipios, distritos y departamentos, contengan de manera explícita, programas y proyectos que garanticen el derecho humano a la alimentación de población. Hemos investigado este tema a fondo en varios territorios de América Latina y encontramos evidencia de cómo con el enfoque territorial se podría avanzar de manera más rápida en atender este derecho prioritario. El documento que se presenta a continuación recoge parte de esas conclusiones y aporta propuestas para los próximos planes de desarrollo.