Señala Javier Pérez, Gerente Nacional Área de Reducción de Pobreza e Inequidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Colombia, sobre los datos entregados en el Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad “Juventud Rural y Territorio”2019, el cual analiza el cumplimiento de algunos de los indicadores de la Agenda 2030 al interior de 5 países de la región.

Teniendo presente que Colombia es uno de los países más desiguales de Latinoamérica y en el cual los jóvenes que habitan en territorios con mayor desigualdad, enfrentan mayores desafíos para acceder a oportunidades de desarrollo social y económico, Javier Pérez, nos indica

¿Por qué esta información sobre la desigualdad es relevante y cómo puede contribuir para el desarrollo de mejores políticas públicas en Colombia? 

El informe Latinoamericano para el Desarrollo Rural 2019 revela que Colombia encuentra las mayores desigualdades territoriales cuando se trata de poner fin a la pobreza monetaria y la pobreza multidimensional, es decir al ODS 1. A este respecto, el documento aporta importantes hallazgos, concluyendo que, si bien la tasa de pobreza ha mostrado reducciones, las brechas entre diferentes departamentos permanecen constantes.

Así mismo son persistentes las brechas entre las zonas urbanas y rurales. Un ejemplo de ello es que la pobreza monetaria en el campo colombiano en 2018 fue de 36% mientras que la pobreza monetaria en las zonas urbana fue de 24% de acuerdo con cifras del DANE.

Por su parte y de acuerdo con el DANE, el porcentaje de hogares en situación de pobreza multidimensional en Colombia en 2018 fue de 19,6%.  En las cabeceras urbanas la cifra fue de 13,8% y en los centros poblados y rurales fue de 39,9%, es decir, que el porcentaje de hogares en pobreza multidimensional fue 2,9 veces mayor en la ruralidad. En este sentido, las privaciones que refleja el Índice de Pobreza Multidimensional – condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y juventud, salud, trabajo, acceso a servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda- dan cuenta de las privaciones que tienen los hogares rurales y que impactan su calidad de vida.

Por ejemplo, el estudio económico de la OCDE sobre Colombia en 2019 afirma que el transporte de un producto hasta un puerto tarda en promedio 44 horas en Colombia, el doble que en México y más de cuatro veces el tiempo que tarda en Chile. Superar la brecha de aislamiento territorial requiere invertir en transporte y de forma sostenida 1,3% más del PIB durante al menos 20 años, tal como lo señala el estudio de la OCDE. A su vez, los territorios rurales carecen de estructuras y mecanismos que favorezcan la gobernanza efectiva, por lo cual es necesario que las acciones estén enfocadas en que las poblaciones tengan acceso a educación de calidad, que estén empoderadas en términos de derechos humanos y con mayores posibilidades de incidir en las políticas públicas.

En este escenario, el análisis realizado por RIMISP aporta información de suma importancia para el diseño e implementación de políticas públicas en Colombia que apunten al cierre de estas profundas brechas territoriales, que permitan focalizar los esfuerzos de la política de desarrollo humano y productivo en los territorios con mayores necesidades. Precisamente, los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET-, que cuentan con el apoyo técnico del PNUD, son una estrategia de Gobierno que está permitiendo avanzar hacia un desarrollo sostenible equitativo que no deje a nadie atrás.

También da cuenta que lo jóvenes rurales se ven afectados por esta situación. ¿Cuál es la relevancia de poner foco en ellos en el diseño de políticas públicas que promuevan la transformación rural en Colombia?

De acuerdo con el informe, los territorios en donde existen mayores rezagos en el cumplimiento de la Agenda 2030 y en el Índice de inclusión económica de los jóvenes, es en donde más se limita y desaprovecha el potencial que este grupo poblacional tienen para contribuir al desarrollo de sus territorios.

Esta situación crea una mayor propensión a reproducir fenómenos de trampas de pobreza y desigualdad, generando atrasos en todas las áreas del desarrollo. Sin embargo, un mayor nivel de desarrollo no garantiza de forma orgánica ni homogénea la inclusión de población joven, sino que es necesario contar con políticas públicas específicas que promuevan el cierre de brechas a través del reconocimiento de las necesidades, oportunidades y potencialidades de la población joven, de tal forma que contribuyan al desarrollo territorial. (RIMISP, 2020. p. 139-140)

La transformación rural en Colombia requiere contar con un enfoque de construcción desde lo local, una población capacitada para liderar y afrontar los cambios y un contexto que incentive la productividad, la cohesión social y la sostenibilidad ambiental. En este sentido, los jóvenes se convierten en un pilar estratégico que puede  impulsar la capacidad de innovación y la generación de nuevas ideas, no obstante, aún existen retos. Por ejemplo, en materia de educación, de cada 100 adultos que habitan en las zonas rurales dispersas, 95 no tienen educación superior, ni tecnológica, ni universitaria (Censo Nacional Agropecuario, DANE 2014).

En términos de infraestructura para la educación y el desarrollo, las sedes escolares rurales no cuentan con algunas condiciones que podrían potenciar las capacidades de los jóvenes. El 26,9% tiene servicios de internet mientras que este porcentaje asciende a 89,2% en las sedes urbanas, hecho que da cuenta de las nuevas desigualdades que van surgiendo en el siglo XXI. El Informe de Desarrollo Humano 2019 del PNUD centrado en la superación de la desigualdad en el marco de los ODS, destaca que las desigualdades estructurales y las nuevas desigualdades interactúan con las principales fuerzas sociales, económicas y ambientales y condicionarán la vida de los jóvenes actuales y de sus hijos.

La empleabilidad en entornos rurales es otra variable determinante para que los jóvenes lleguen a transformar los entornos en los que viven.  De acuerdo con  el informe “Tendencias mundiales del empleo juvenil 2017”, los jóvenes son esenciales en las decisiones y visiones de desarrollo de los territorios, por eso “(e)s fundamental hacer frente a los persistentes desafíos sociales y del mercado laboral que enfrentan(…), no sólo para alcanzar el crecimiento sostenible e inclusivo sino también para el futuro del trabajo y la cohesión social.” (Organización Internacional del Trabajo- OIT, 2017). En las zonas rurales la atención al empleo y medios de vida debe contar con unos lineamientos específicos dado que, de acuerdo con cifras del DANE, la tasa de desempleo de jóvenes rurales en Colombia para el 2019 se ubicó en 13,5%, es decir, 3 puntos porcentuales por encima de la tasa nacional (10,5%) y 7 puntos porcentuales de la tasa de desempleo rural (6,5%).

En conclusión, centrar el diseño e implementación de políticas públicas a la agenda del desarrollo para la transformación rural, debe partir de conocer a profundidad quiénes son los jóvenes más dejados atrás, dónde están, cuáles son sus necesidades y cuál ha sido su trayectoria de vida y por ende las causas estructurales, subyacentes o coyunturales que los mantienen en situación de privación y desigualdad. En segundo lugar, es clave avanzar en el empoderamiento de esta población, todos los jóvenes deberían tener plena comprensión de sus derechos, conocer los mecanismos para hacerlos valer y las luchas históricas que se han dado para reconocerlos. La educación para la ciudadanía es clave para lograr que se dé una participación ciudadana ascendente y vinculante de los jóvenes y pueden convertirse en agentes de cambio y aminorar los desequilibrios de poder y la corrupción. Finalmente, pasa por identificar los aceleradores en términos de políticas y acciones de desarrollo a partir de los cuales se puede lograr transformaciones estructurales de forma más ágil, eficaz y eficiente y diseñar e implementar políticas y acciones multisectoriales.