El día Mundial de la Justicia Social nos recuerda qué tan lejos estamos de la erradicación de la pobreza, el acceso a un empleo pleno y decente para todos y todas, así como las condiciones mínimas de bienestar. Sobre todo, ahora en medio de la pandemia que deja al descubierto la carencia de servicios de salud, educación y desempleo, acrecentando la situación de pobreza entre millones de familias mexicanas y centroamericanas, precisó Yuritzin Flores Puig, Directora de la Oficina de Rimisp en México.

La contracción de la actividad económica se traduce de manera particular en pérdida de empleos.  Según las últimas estimaciones de la CEPAL, la tasa de desempleo abierto en los países  de Centroamérica, República Dominicana y México incrementará en un 9.7% , lo que representa 3 puntos porcentuales por encima del año anterior. Este incremento, significa que cerca de 1,9 millones de personas se quedarán sin trabajo, cifra significativamente mayor a la observada en la crisis financiera global de 2008-2009.  Esto, afecta particularmente  a las personas que laboran en el sector informal, que representan un 63.5% de las personas que trabajan en la subregión.

En ese sentido, Yuritzin Flores destacó que  “hoy los empleos en México están riesgo, según cifras de la OIT, al menos 24 millones de trabajos que representan el 44% de empleo total en México, se tambalean. Esto, como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia y de las medidas sanitarias aplicadas, como el cierre total o parcial de distintos negocios, de los cuales, se estima que más de un millón no volverán abrir”.

La situación se agrava aún más entre los y las jóvenes,  que de por sí antes de la pandemia no era fácil, tenían que lidiar con empleos precarios y en condiciones de desigualdad social. En esta crisis, los jóvenes de distintas regiones de México y Centroamérica han tenido que enfrentar el despido y desempleo, lo que implica un ingreso menos en sus familias.

En este sentido,  las juventudes, especialmente las rurales, se ven afectadas de manera desproporcionada por la emergencia sanitaria. Sin embargo, previo a la pandemia, la desigualdad estaba presente en la distribución del ingreso, en las condiciones de vida, de salud, en la educación, la vivienda, las oportunidades de desarrollo, y en el mundo laboral y cultural.

De acuerdo a nuestro Informe Latinoamericano Pobreza y Desigualdad, sobre la situación de la juventud rural en América Latina (2019), la Directora de la Oficina México, explicó  que “las y los jóvenes rurales son notablemente más vulnerables que sus pares urbanos”. La incidencia de la pobreza es mayor, alcanzan menos años de estudio, y el acceso al trabajo formal e informal es más difícil, lo que empeora en el caso de las mujeres. Asimismo, aunque su acceso a la educación ha aumentado en relación con la generación de sus padres y abuelos, todavía alcanzan menos años de estudio en promedio que sus pares urbanos.

Además, de que “los jóvenes deben considerarse como un detonante de cambios en sus  territorios”.  Aprovechar el potencial de contribución de las y los jóvenes, a través de su involucramiento en las dinámicas territoriales, resulta clave para avanzar hacia la transformación de los territorios y la superación de trampas de pobreza y desigualdad. No obstante, en muchas ocasiones la población joven enfrenta notables desafíos para formar parte de la estructura de oportunidades de sus territorios, reproduciendo además patrones de desigualdad que se gestan y consolidan en esta etapa del desarrollo personal.

El caso de los y las jóvenes en México

De acuerdo a INEGI, las juventudes rurales mexicanas representan casi el 40% de la población joven del país y cerca del 10% de la población nacional. En 2018, el profesor investigador Isidro Soloaga, estimaba que seis de cada diez jóvenes rurales viven en situación de pobreza, y dos de cada diez, viven en pobreza extrema.

En relación con los ingresos, las jóvenes rurales enfrentan una doble brecha: la relativa al tamaño de la localidad y la brecha de género.

Alrededor del 60% de los jóvenes está en el mercado laboral informal en México, lo que los sitúa en condiciones de precariedad laboral. De acuerdo a cifras del CONEVAL en 2016, solo el 22,7% de los jóvenes rurales contaban con seguridad social, mientras que la cifra se elevaba a 27,6% en el caso de los que habitan en localidades semiurbanas y a 50% en el caso de los urbanos.

El caso de los y las jóvenes en El Salvador

Las personas jóvenes son aproximadamente una de cada cuatro habitantes en El Salvador y enfrentan problemáticas severas, con fuertes brechas entre zonas rurales y urbanas del país. Según el último Informe de Desarrollo Humano del PNUD, las zonas rurales el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la población joven rural es 5,5% inferior al de la juventud urbana en 2017.

Si bien, El Salvador ha avanzado en la reducción de la pobreza monetaria, todavía persiste una alta incidencia de pobreza multidimensional. En 2017, el PNUD estimó que  el 33,4% de los hogares salvadoreños son pobres multidimensionales, siendo la población joven uno de los grupos más afectados. Se estima que el 41,8% de las personas entre 15 y 29 años vive en hogares en pobreza multidimensional.

Respecto a las condiciones de trabajo, las personas jóvenes tienen menos acceso a un trabajo decente que el promedio de la población. Tan solo el 16,6% de la población económicamente activa es menor de 29 años (2017). Menos de dos de cada diez jóvenes, sin diferencias entre hombres y mujeres, tienen las condiciones para aprovechar sus capacidades y generar un ingreso suficiente como para lograr un nivel de vida decente. Por su parte, la tasa de desempleo juvenil es 2,6 veces superior a la de las personas adultas mayores de 30 años, y asciende al 12%.

Una característica particular de quienes viven en el área rural es que tienen procesos de inserción laboral a una edad más temprana que sus pares urbanos, pues en promedio inician casi tres años antes (14 versus 16 años).

 Retos y oportunidades

 Finalmente, Yuritzin Flores, Directora de la Oficina de Rimisp en México, puntualizó que “en el contexto actual, el camino hacia la justicia social aún tiene un largo andar, sobre todo para los y las jóvenes, quienes son un grupo representativo en México y Centroamérica, es necesario y urgente ofrecerles oportunidades, especialmente,  en los ámbitos educativo y laboral”.

Lograr la inclusión de los y las jóvenes en la economía significa apostar por un crecimiento sostenible, avanzar en la lucha contra la pobreza y disminuir su participación en actividades criminales, junto con ello, la migración.

En los territorios rurales, se presentan mayores desafíos para garantizar la inclusión económica de niños y adolescentes que se acercan a la juventud.

“Enfrentamos un momento difícil, los y las jóvenes tienen un papel central en un proceso de recuperación, no podemos dejarlos atrás o no incluirlos. Esto significa una mayor atención en materia de políticas y programas gubernamentales orientadas a jóvenes de territorios rurales y urbanos que ofrezcan un futuro más promisorio”, puntualizó la Directora de la Oficina de Rimisp en México.