• América Latina vive una época de crisis democrática, que deja al descubierto viejas cuestiones como la inseguridad, la corrupción, inoperancia estatal, el desprestigio de la clase política, la brutalidad de las fuerzas de seguridad y la falta de sentido común, entre otras.

La crisis sanitaria mundial a la que nos enfrentamos muestra la situación de la sociedad Latinoamericana. La región vive su peor momento, superando  el millón de muertes.

Más allá de las pérdidas humanas, la región sufre una crisis económica sin precedentes, de acuerdo al   informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Producto Interno Bruto (PIB) regional se contrajo un 7.7%, arrastrando el cierre de casi 3 millones de empresas, lo que ha impulsado el desempleo y la informalidad.

Durante el último año y con el impacto de la pandemia, la pobreza creció en la región en unos 45. 4 millones de personas (CEPAL). Con este aumento, el total de individuos en esta situación pasó de 185,5 millones en 2019 a 230,9 millones en 2020. Ese número equivale a más de la tercera parte (37,3%) de la población de América Latina y el Caribe.

Adicionalmente, América Latina vive una época de crisis democrática, que deja al descubierto viejas cuestiones como la inseguridad, la corrupción,  inoperancia estatal, el desprestigio de la clase política, la brutalidad de las fuerzas de seguridad y la falta de sentido común.

La comunidad internacional ha seguido de cerca la crisis en Colombia, por la ola de protestas ante la reforma tributaria impulsada y posteriormente retirada por el gobierno de Iván Duque; las manifestaciones en Perú en contra de la postulación de Keiko Fujimori y la  votación histórica en Chile, en el que la izquierda y los candidatos independientes se impusieron sobre los partidos de derecha.

Todo eso sucede mientras la pandemia sacude a la región con cifras récord y un desaliento generalizado por conseguir soluciones que recorre la región de sur a norte y  de norte a sur. Si bien cada país encuentra diferentes formas de resolución, también es posible identificar elementos comunes.

Vientos autocráticos en América Central

En este contexto regional de deterioro democrático, Centroamérica no es la excepción. En El Salvador los comicios legislativos y municipales de febrero reconfiguraron el mapa político. El partido oficial, Nuevas Ideas, se convirtió en la primera fuerza política del país al lograr 56 diputaciones, con lo cual ejerce la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, suficiente para modificar o reescribir la Constitución (Art. 238). Con ello se ha resquebrajado el bipartidismo, dejando a los partidos tradicionales, ARENA y FMLN (que registraron una caída en sus votos hasta de 79% en comparación con la última elección) con muy escasas posibilidades de ejercer su rol de oposición.

La primera acción de la nueva Asamblea Legislativa fue votar para destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general, quienes durante el último año se opusieron a ciertas medidas del Ejecutivo. Las acciones de la nueva Asamblea suscitaron las críticas de analistas, académicos, defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad internacional, quienes calificaron los hechos como un atentado al estado de derecho y advirtieron que el país se queda sin contrapesos para controlar las acciones del Gobierno y de la Asamblea Legislativa.

En Guatemala, la expulsión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) en 2018, durante el mandato del Presidente Jimmy Morales, fue seguida por una serie de acciones orientadas permitir que una alianza de líderes políticos y empresariales, contrarios a los avances en la lucha contra la corrupción, retomara gradualmente el poder del Congreso y de las cortes de justicia. El más reciente golpe al estado de derecho lo asestó el Congreso de la República el pasado mes de abril -cuando valiéndose de dudosos argumentos legales- se negó a tomarle juramento a la magistrada de la Corte de Constitucionalidad, la jueza Gloria Porras, en lo que analistas consideran el paso definitivo en la estrategia de re-cooptación del sistema de justicia.

En Nicaragua, en días pasados el Parlamento de ese país aprobó el nombramiento de los magistrados para el Consejo Supremo Electoral (CSE) que organizará los comicios de noviembre, con una mayoría de magistrados afines al partido oficial. Con ello se descartan los llamados a una reforma electoral que permita elecciones libres en el país. Las controvertidas reformas a la Ley Electoral, que fueron propuestas y aprobadas por la mayoría absoluta de diputados sandinistas, establecen inhibiciones a los candidatos de la oposición, anulan la observación electoral y dejan el control absoluto de los comicios del próximo 7 de noviembre en manos del gobernante Frente Sandinista (FSLN).

Con esta situación Daniel Ortega Murillo busca llegar por tercera ocasión a la presidencia, junto con su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo, con lo cual lograría 20 años de permanencia en el poder, sin tomar en cuenta los 10 años que gobernó en el periodo de la revolución de los años ochenta.

El deterioro de las instituciones democráticas en Centroamérica es sumamente preocupante, señaló Celeste Molina, Directora de Rimisp para Centroamérica.  Si bien los contextos varían, los eventos recientes en la subregión tienen en común una serie de elementos: una clara estrategia de cooptación de los poderes legislativo y judicial, el aprovechamiento de la crisis provocada por la pandemia para adoptar medidas restrictivas y limitar las libertades civiles, así como un incremento de la represión de las fuerzas del orden frente a las protestas ciudadanas. Los hechos recientes en los diversos países de la región, argumentó, apuntan a un ulterior debilitamiento de las instituciones centroamericanas, cuyo fortalecimiento se impulsó con gran dificultad desde finales de los años 80.

 México ante la encrucijada electoral 2021

México está inmerso en un proceso electoral fuertemente radicalizado, con alarmantes problemas de violencia contra los candidatos y candidatas, en su mayoría  por el predominio del narcotráfico en el territorio nacional.

Las  elecciones intermedias a efectuarse el próximo 6 de junio, se convierten en las de mayor peso político, ya que se renovarán los curules en la Cámara de Diputados, la mitad de los gobiernos estatales, congresos locales y autoridades municipales. Este proceso definirá que partido tendrá una mayoría, sobre todo en el Congreso, ya sea Morena o las coaliciones entre partidos de distintas ideologías, bajo pretexto de lograr un equilibrio de poder.

La realidad que se enfrenta desde el inicio de este sexenio, es la división ideológica partidista entre los y las mexicanas, un tema no menor, generando diferentes tipos de  violencia entre los miembros de comunidades, colonias, barrios y localidades. En este contexto, las poblaciones, especialmente las rurales, se ven afectadas de manera desproporcionada, por una parte, debido a la emergencia sanitaria, por otra las carencias prevalentes previos a la pandemia y que en estas elecciones no se ven muy claras las apuestas de mejora en sus condiciones de vida en las propuestas de los candidatos.

Es el caso del municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla de acuerdo al Consejo Nacional de Población (CONAPO) se encuentra en un alto grado de marginación. Esta situación origina que las autoridades comunitarias y habitantes trabajen por una agenda común de propuestas para favorecer el desarrollo rural y el buen vivir de las comunidades, por lo que en días pasados invitaron a los ocho candidatos para el cargo de presidente municipal, para dar a conocer de primera mano, las necesidades, problemas y soluciones por parte de los habitantes.

A la reunión solo acudieron los representantes de Mauricio Moreno García candidato por el Movimiento de Regeneración Nacional (PT, Morena y PSI) y el candidato Aniceto Leal Palestina del Partido Nueva Alianza, quienes escucharon los problemas que aquejan a las localidades de la sierra,  como la escasez de agua y sequía, los impactos del proyecto minero Ixtaca, las malas condiciones de los caminos, así como la preocupación frente a la reciente inseguridad que empiezan a vivir sus pobladores.

Frente a esto, las autoridades comunitarias y sus ciudadanos, ciudadanas  entregaron una agenda común que se trabajó de manera colectiva durante el último mes alrededor de los siguientes ejes temáticos: 1) Escasez y gestión del agua; 2) Proyecto de mina; 3) Carreteras y caminos; 4) Seguridad; 5) Medio ambiente y; 6) Salud Pública.

Francisca oriunda de Santa María Zotoltepec y participante de la reunión, señala: “tengo un sentimiento encontrado sobre la reunión con los candidatos, me siento contenta y orgullosa del interés que se está manifestando en las 18 comunidades que pertenecen a  Ixtacamaxtitlán, comenzamos a despertar y reflexionar sobre nuestras necesidades y las exigencias hacia quien nos represente. Por el otro lado, me siento molesta y enojada por la falta de responsabilidad y ética hacia los pueblos de los restantes candidatos. No deben de olvidar que nosotros somos quienes les damos el triunfo con nuestro voto. Las autoridades tienen la obligación de acercarse a las comunidades no solo en elecciones, sino estar pendientes de la comunidad”.

A este respecto, Yuritzin Flores, Directora de Rimisp para México, comenta: “este ejercicio ciudadano responde a un trabajo colectivo y al mismo tiempo a una necesidad, que hoy enfrentamos todos los votantes, el ser escuchados por los futuros servidores públicos y establecer espacios de diálogo entre los distintos actores en los territorios, tarea que desde Rimisp venimos impulsando. Sin duda, este ejercicio marca un precedente, ya que esta acción no se había llevado a cabo anteriormente y a la que también se sumaron las voces de los jóvenes”.

Finalmente, Celeste Molina, Directora de Rimisp para Centroamérica, añade que es fundamental promover espacios de diálogo e interlocución entre sociedad civil, los gobiernos, el sector privado y demás actores sociales: “las estrategias para la reconstrucción económica de Latinoamérica requerirán la participación de una ciudadanía activa, que pueda articularse alrededor de procesos de transformación social y de desarrollo socioeconómico incluyentes”.