En el Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2011 señalábamos que Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, se sitúa en el campo de quienes piensan que las desigualdades regionales, especialmente cuando tienen la magnitud que hemos visto en América Latina, sí son un problema y un obstáculo al desarrollo. Si bien compartimos la idea de que en un mundo de mercados perfectos y en el largo plazo, debería producirse un proceso de convergencia regional como el que postula el Banco Mundial (2009), hay un conjunto de factores que, en la práctica y en los horizontes de tiempo de una o dos generaciones, impiden o demoran esta convergencia.

Desde la perspectiva del tema que nos ocupa en este nuevo Informe, esta afirmación nos lleva a preguntarnos por el tipo de reformas institucionales que es necesario emprender para que las posibilidades de quienes habitan en un determinado territorio de acceder a un empleo de calidad, no dependan únicamente de las características de la estructura económico-productiva. Distinguimos varios ámbitos de reformas.

Reformas tendientes a modificar la estructura productiva de sectores y territorios de baja productividad, entre las que encontramos políticas de fomento y promoción de la actividad económica que contribuyen a diversificar la estructura productiva o a generar encadenamientos entre sectores de baja y alta productividad; políticas de desarrollo del capital humano que permiten mejorar la calificación de los trabajadores para incrementar la productividad del trabajo; políticas de regulación y supervigilancia del cumplimiento de la normativa laboral vigente. Las brechas que informa el Capítulo 2 dejan claramente establecido, por ejemplo, que la inversión en educación y el apoyo al desarrollo de sectores productivos no primarios en los territorios rezagados son políticas que en el mediano plazo pueden incidir en mejorar sus indicadores de calidad del empleo.

Reformas en el diseño y ejecución de políticas públicas laborales y de protección social, de manera tal de pasar del enfoque tradicional, en que priman las visiones, programas y presupuestos sectoriales, más que las aproximaciones integrales para satisfacer las necesidades de cada territorio. La invitación es a diseñar e implementar políticas de desarrollo integral de los territorios, que den acabada cuenta de la diversidad de condiciones territoriales y que, consecuentemente, ofrezcan bienes y servicios diferenciados según las condiciones específicas del contexto en que serán implementadas.

Un tercer conjunto de reformas apela a la necesidad de incrementar el poder de decisión de los gobiernos locales (descentralización) de manera tal de permitir una mayor adaptación de las políticas nacionales a las necesidades locales, y complementarlas con respuestas específicas a dichas necesidades. Varios de los casos documentados en la Tercera Parte de este Informe sellan su relativo éxito en la particular conjunción de políticas nacionales con respuestas locales pertinentes y oportunas a las posibilidades que abre el escenario económico en un momento determinado. Se trata de avanzar en que esa capacidad de respuesta sea la norma, más que la excepción.

Se requieren también políticas de apoyo específico a los territorios más rezagados, de manera de ir reduciendo las brechas existentes tanto en la calidad del empleo como en otros indicadores socioeconómicos, documentados en la Primera Parte de este Informe. Como un punto de partida básico, se requiere contar con sistemas de información que permitan la rendición de cuentas periódica sobre la evolución de las brechas territoriales.

Otro desafío de la región es impulsar procesos de fomento al diálogo social para la búsqueda de acuerdos, desde la promoción de estándares laborales que fijen condiciones mínimas aceptables, hasta el fortalecimiento de la negociación colectiva y la eliminación de prácticas anti-sindicales. Desde la perspectiva territorial, resulta clave que el avance en la legislación y normativa nacional en estas materias, se conjugue con políticas de desarrollo territorial, que permitan potenciar las capacidades sociales, políticas e institucionales de los territorios, de manera tal que los actores sociales en los territorios interactúen y vayan construyendo sus formas de acción colectiva de la forma, con los ritmos y con los objetivos que ellos mismos valoren y sean capaces de implementar.

Cerrando brechas territoriales: mejores oportunidades de empleo para las personas independientemente del lugar donde vivan.