Danae Mlynarz Puig, directora de la oficina de Rimisp en Chile, hace un recorrido por las distintas acciones que se han realizado en el contexto de la pandemia y proyecta el trabajo que se viene en los próximos meses.

El informe “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2020” (SOFI, por sus siglas en inglés), lanzado hace unas semanas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), indica que en Chile 15,6% de la población (2,9 millones de personas) sufre algún tipo de inseguridad alimentaria (moderada o severa) y que 3,8% de la población (700 mil personas) padece inseguridad alimentaria severa.

Las cifras presentadas en el informe de la FAO coinciden con los resultados que ha generado el proyecto “Siembra Desarrollo” en Chile y son parte de los desafíos planteados en la hoja de ruta que elaboró la oficina de Rimisp enel país a partir de la llegada como directora de Danae Mlynarz, en marzo de este año.

“Esta situación prioriza nuestra línea de trabajo sobre sistemas agroalimentarios sostenibles en Chile y fortalece el avanzar en el proyecto ‘Siembra Desarrollo’ para visualizar el aporte de la agricultura familiar campesina en ello, como también en el incidir para que el derecho a la alimentación esté consagrado en nuestra nueva Constitución”, indica la cientista política y Magister en Política y Gobierno.

Pandemia y alimentación en los hogares de Chile

El impacto de la pandemia por COVID-19 en la seguridad alimentaria se explica en gran parte por la destrucción de empleo que limita la capacidad de los hogares para generar ingresos y que ha exacerbado las brechas y desigualdades territoriales.

Rimisp, a través del proyecto “Siembra desarrollo. Pequeña agricultura y alimentación resilientes al COVID-19”, iniciativa apoyada por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá, se encuentra trabajando para que las políticas públicas de desarrollo rural post pandemia asignen un rol estratégico a la agricultura familiar para sistemas agroalimentarios sostenibles.

Tras un año de implementación, el proyecto ha sido clave para visibilizar el impacto en la seguridad alimentaria de los hogares en las regiones de La Araucanía y Los Lagos, poniendo el foco en las desigualdades territoriales que suelen escapar de informes como el desarrollado por la FAO.

En ese sentido, Danae Mlynarz destaca la importancia de mirar las cifras de inseguridad alimentaria teniendo en consideración las distintas realidades territoriales: “La encuesta desarrollada en dos regiones del país que tienen un fuerte componente rural, nos permite desmitificar aspectos que muchas veces invisibilizan las realidades rurales. Me refiero al constatar que la inseguridad alimentaria tanto severa como moderada impacta con mayor fuerza a los habitantes de zonas rurales que a los de zonas urbanas, así como también el mayor impacto en los hogares con jefatura femenina, por tanto, lo importante es visualizar esta intersección de desigualdades para levantar políticas públicas adecuadas”.

La Encuesta de Seguridad Alimentaria y Alimentación, desarrollada por Rimisp y aplicada en los meses de noviembre y diciembre de 2020, señala que la inseguridad alimentaria llega a afectar a 14% de los hogares en La Araucanía y hasta el 17,5% de los hogares en Los Lagos. La situación se agrava, además, en el caso de los hogares en comunas rurales donde el impacto de la pandemia y las respuestas espacialmente ciegas, se suman a las vulnerabilidades previas con mayores tasas de pobreza, menores ingresos y menor acceso a servicios básicos.

“La encuesta pone en manifiesto los problemas de malnutrición que deja la pandemia. Tanto en obesidad al consumir los hogares mayor cantidad de alimentos procesados, como en desnutrición al abandonar la carne, pescado, verduras y frutas”, añade la directora de Rimisp en Chile al ser consultada sobre los principales cambios en la dieta de los hogares que emergen de los resultados de la encuesta.

El aumento de los precios y la insuficiencia de los ingresos, es decir, la erosión del poder adquisitivo, son los principales factores que explican el aumento de la inseguridad alimentaria. Al respecto, Danae Mylnarz indica que en Chile “la principal ayuda estatal que se pudo recoger en la encuesta son las canastas familiares, las cuales no necesariamente permiten dietas equilibradas ni soluciones integrales”.

Inicio del Grupo de Diálogo Rural en Chile

Los resultados de la encuesta permiten tener un diagnóstico claro sobre el impacto de la pandemia en los ingresos y la seguridad alimentaria. En ese contexto, el proyecto “Siembra Desarrollo” ha impulsado el Grupo de Diálogo Rural (GDR) en Chile para contribuir al desarrollo de estrategias y políticas para la recuperación post COVID-19.

Rimisp y la Pontificia Universidad Católica de Chile, sede Villarrica, a partir de marzo de este año, convocaron a distintas organizaciones ligadas a la agricultura familiar campesina de la región de La Araucanía y la provincia de Chiloé (región de Los Lagos). Esta iniciativa de diálogo e incidencia tiene por objetivo apoyar el diseño de mejores políticas al llevar a los gobiernos las ideas y evidencias generadas por diferentes actores, que no tienen la oportunidad de participar en la toma de decisiones.

“Hemos avanzado en conocimiento y confianza en los GDR levantando un diagnóstico bastante completo de cómo la pandemia ha afectado a los pequeños productores, siendo muy significativos las dificultades que genera el incremento en el precio de los insumos, la falta de lugares para comercializar, los problemas de conectividad y el costo del transporte”, detalla la trabajadora social sobre los problemas vividos por la agricultura familiar en la pandemia. Para los próximos meses “tenemos el desafío de avanzar en propuestas más concretas e incorporar a otros actores del territorio a los GDR para avanzar en conjunto en esta co-construcción”, señala la directora de la Oficina Chile.

Asociatividad y cooperativismo en la Agricultura Familiar

En el marco de la Cumbre 2021 para los Sistemas Alimentarios, Rimisp Chile y la Fundación Superación de la Pobreza convocaron al diálogo “Asociatividad para la alimentación del futuro” en que abordaron el potencial del modelo cooperativo y de la asociatividad en Chile para contribuir a sistemas alimentarios sostenibles, inclusivos y resilientes, así como identificar estrategias para su impulso.

El diálogo, realizado el pasado 13 de julio, forma parte de los esfuerzos de diálogo que impulsa el proyecto “Siembra Desarrollo” y contó con la participación de más de 90 participantes. El evento tuvo la participación de Paula Carvajal, cultora indígena y lideresa de la región de Atacama (ver video), y Jorge Huichalaf, presidente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Küme Mogen de La Araucanía (ver video), quien forma parte del GDR de su región.

Las opiniones, experiencias y visiones que se lograron en el diálogo permiten contribuir al diseño de vías de acción a nivel local, nacional y global. Danae Mlynarz destaca el intéres de Rimisp por impulsar el asociativismo: “A través del proyecto ‘Siembra Desarrollo’ hemos podido observar cómo aquellos que han enfrentado la pandemia asociados han tenido una mejor situación, al tiempo que gracias al diálogo realizado constatamos los necesarios cambios culturales, institucionales y de colaboración estatal para que el cooperativismo y el asociativismo en Chile puedan fortalecerse dejando una hoja de ruta bastante completa para abordar”.

Enfoque territorial en el Proceso Constituyente

Chile se encuentra cursando un histórico proceso de debate y reconfiguración social y política que emergió con fuerza desde el estallido social en octubre del año 2019, que a la vez se mezcla con el impacto de la crisis sanitaria, socioeconómica y alimentaria producto del Covid-19.

“Estamos viviendo un momento histórico en Chile, pero también un momento único en la posibilidad de instalar en la agenda el enfoque territorial. Hoy muchos actores hablan del territorio y Rimisp tiene 35 años de trabajo conceptual y empírico sobre el tema para hacernos cargos de esas desigualdades territoriales”, plantea la directora de la Oficina Chile.

Muchas organizaciones están abocadas en que la voz de distintos territorios sea incluida en la nueva Constitución, Rimisp Chile se ha sumado a ello con el proyecto “Constitución para los Territorios” y como miembro de la Red para la Participación, de la cual Danae Mlynarz es una de las coordinadoras.

“Desde Rimisp buscamos una Constitución donde el Estado reconozca los territorios en su dimensión de constructo social y por lo tanto considere sus particularidades y necesidades específicas en la garantía de derechos, inversión pública, normativa y cuerpo legal, tal que habilite pertinentemente el desarrollo territorial inclusivo. Que además entregue un mandato constitucional a las instituciones para desarrollar sus objetivos y políticas. Que el Estado asegure el acceso y ejercicio de derechos con enfoque territorial. Es decir, pertinente y adaptada a la heterogeneidad de cada territorio del país y sus necesidades y potencialidades, expresada en su identidad sociocultural, su especificidad geográfica, demográfica y económica”, concluye la directora de la Oficina Chile de Rimisp.