Columna de Opinión:
Natalia García-Huidobro B., estudiante Diplomado de Cohesión Territorial para el Desarrollo. Septiembre de 2021

Recientemente se ha anunciado una segunda fase de estudios de factibilidad técnica para la creación de la región de Aconcagua, anhelo de diversas organizaciones de la sociedad civil y de autoridades locales que han impulsado esta nueva configuración administrativa y política. Los resultados de este estudio probablemente serán un insumo que considerará la Convención Constituyente en su revisión de la actual división político administrativa de nuestro país. Es a la luz de esta reflexión, y después de un trabajo sostenido en el territorio por los últimos 3 años, que me permito aportar mi visión respecto de los desafíos que tiene este territorio de conformarse finalmente la región de Aconcagua.

Existen muchos elementos que hacen pensar que una nueva conformación administrativa podría ser un aporte a la cohesión territorial para el desarrollo del valle del Aconcagua. Hoy, es un territorio que sufre un doble rezago, respecto de Santiago y respecto de la capital regional, Valparaíso, donde se toman las decisiones de las políticas públicas sin consideraciones de pertinencia territorial.

También existen razones económicas que avalarían la división de la región de Valparaíso, al menos en la mirada desde Aconcagua: entre las provincias de San Felipe y Los Andes se genera el 73% del Producto Interno Bruto (PIB) regional, pero recibe sólo un 18% de la inversión regional, según estudios realizados por la Subsecretaria de Desarrollo Regional (Subdere).

Por otra parte, el valle del Aconcagua se constituye histórica y geográficamente como una unidad natural y no ficticia o política. Tiene una historia común que se remonta a los dominios del toqui picunche Michimalonco. Más tarde, con la creación de la República, se constituyó como la Provincia de Aconcagua hasta el proceso de regionalización que se dio a medidos de los años ’70. Este es un territorio que comparte una historia y una identidad común, en el que están presentes actividades productivas similares a lo largo del territorio, con un patrimonio cultural material e inmaterial muy característico, y un patrimonio natural que es parte de la identidad aconcagüina. Y que hoy se encuentra golpeado de manera transversal por el cambio climático, con los múltiples desafíos que eso implica.

Me gustaría en esta oportunidad dejar planteados tres ámbitos que me parecen importantes de abordar si se crea la región de Aconcagua, y para los cuales se requerirán políticas públicas sectoriales y articulación de los gobiernos locales con el gobierno central, y también con las industrias, universidades y organizaciones de la sociedad civil.

Por una parte, el cambio climático, y más específicamente la crisis hídrica, provoca una cada vez mayor tensión entre las actividades extractivas mineras, la agroindustria y el uso que hacen de los recursos naturales, y una ciudadanía cada vez más consciente de la necesidad de impulsar un desarrollo sostenible para no perjudicar el futuro de las siguientes generaciones. Cada vez se observan más emprendimientos asociados a la agroecología, al manejo de residuos, al turismo cultural y de montaña, y a la innovación como adaptación al cambio climático. Surge entonces el desafío de articulación público privada, en torno a la economía circular y la innovación, potenciando oportunidades de nuevas formas de generación de recursos económicos para el territorio.

En segundo lugar, y mientras avanza la tecnificación de la minería y la agricultura, es necesario abordar la reconversión de una población que se ha vinculado tradicionalmente a estos sectores y hoy experimenta una precarización de sus fuentes laborales.

Por último, y relacionado con los dos temas anteriores, también se observa hoy como una preocupación entre diversos actores del territorio, una significativa migración de jóvenes a núcleos urbanos distantes como Santiago y Valparaíso, en busca de oportunidades de estudios y trabajo, lo que se vincula además a una política habitacional que, sin mirar la realidad local, ha creado villas con lógica urbana en espacios rurales, rompiendo el tejido social y redes de apoyo familiares y comunitarias.

La creación de la región de Aconcagua por sí sola no traerá solución a estas y otras problemáticas existentes en el territorio, pero sin duda podría facilitar la articulación de los 10 municipios y el gobierno central, para tener políticas sectoriales y diferenciadas para este territorio en específico, y que aborden las agendas definidas por los actores presentes en el territorio como aquellas prioritarias para su desarrollo.