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Colombia

Una mirada a la productividad, la conectividad y la capacidad de acción en los territorios con cultivos ilícitos

25 julio, 2019

De acuerdo con el más reciente Informe de FIDA “Crear oportunidades para los jóvenes del medio rural” Colombia es uno de los países que presenta mayores avances. Según análisis del Grupo de Desarrollo Rural, los territorios con presencia de cultivos ilícitos presentan mayores desafíos al respecto.


A propósito del Informe “Crear oportunidades para los jóvenes del medio rural” elaborado por el Fondo Interamericano de Desarrollo Agropecuario (FIDA) en el cual se destaca la productividad, conectividad y capacidad de acción como los tres pilares fundamentales que pueden guiar de manera general las políticas de desarrollo rural dirigidas los jóvenes rurales, el Grupo de Diálogo Rural en Colombia, realizó un análisis de estos pilares de acuerdo a las características de los territorios con presencia de cultivos de uso ilícito en el país.

De acuerdo con el análisis del Censo Nacional Agropecuario del año 2014, los jóvenes rurales entre 14 y 28 años representan el 25% de la población total de los territorios afectados por cultivos de uso ilícito en Colombia.  Por ello, esnecesario definir e implementar políticas de desarrollo rural y productivo que promuevan alternativas de ingreso lícito pensando en este grupo poblacional.

Como consecuencia del Acuerdo Final firmado en 2016, este esfuerzo se ha iniciado a través del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos ilícitos (PNIS) el cual tiene como objetivo la generación de condiciones materiales e inmateriales de bienestar a partir del apoyo a proyectos productivos en las áreas rurales con cultivos de coca. Aunque no existe un componente dedicado de manera exclusiva a los jóvenes, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) ha evidenciado que el 41% de la población en estas zonas es menor de 19 años, se presentan altas tasas de natalidad y una migración de la población adulta a otros territorios con mejores oportunidades.

Por otra parte, se debe resaltar que el PNIS involucra las labores de recolección de la hoja, un eslabón de la cadena de producción de la coca que emplea de manera significativa a los jóvenes. Estos trabajadores, conocidos también como “raspachines”, han sido caracterizados por su condición flotante, vulnerabilidad económica y por presentar una falta de acceso a la tierra para el desarrollo de actividades agropecuarias.

El Informe “Crear oportunidades para los jóvenes del medio rural” identifica tres pilares fundamentales para orientar las políticas de desarrollo rural dirigidas a esta población: productividad, conectividad y capacidad de acción.

El informe sitúa a Colombia en el cuadrante que presenta mayores avances en estas transformaciones. “Si bien Colombia ha presentado a nivel general avances importantes en la generación de las condiciones necesarias para el desarrollo de sus jóvenes rurales, en el plano local y, en especial, en aquellos territorios golpeados por la violencia y las economías ilegales, existen limitaciones en los tres pilares señalados” señaló Juan David Quiñones, asistente de investigación de la oficina de Rimisp en Colombia.

En primer lugar, los rezagos que presentan los territorios con presencia de cultivos de uso ilícitofrente a los municipios libres de ellos reflejan un reto mayor para la juventud rural. Estos municipios presentan una incidencia global de la pobreza de 81% frente a un promedio nacional del 69%. De igual manera, la desigualdad en el ingreso es mayor teniendo en cuenta que presentan un índice GINI de 0,49 frente al 0,45 del promedio nacional y de las zonas libres de estos cultivos.

En lo que se refiere a la dimensión Productiva, destacada en el informe de FIDA, según cifras del DANE, en los municipios con presencia de cultivos ilícitos, solo el 19% de su PIB se origina de actividades agropecuarias, cifra que es más baja si se compara con los municipios libres de estos cultivos donde el 24% de su PIB se origina de actividades agropecuarias. “En este sentido, las políticas públicas deben considerar el papel de la agriculturay sus bajos niveles de productividad en los territorios con presencia de cultivos ilícitos” puntualizó Ángela Penagos, Secretaria Técnica del GDR Colombia.

De otro lado, otra situación que limita las estrategias tendientes a incrementar la productividad es la informalidad en la tenencia de la tierra. Según datos de UNODC, la informalidad de la tierra en municipios con cultivos de coca asciende al 85% y el país no cuenta con la tierra suficientepara el desarrollo de proyectos productivos sostenibles de estas familias.

Así lo evidencian estudios de caso realizados por FIP en los municipios de Briceño (Antioquia)y San José del Guaviare (Guaviare), en los cuales la cantidad de tierras de la mayoría de las familias del PNIS es insuficiente para lograr la sostenibilidad de los proyectos propuestos. En esa medida, cultivos que hacen parte de la oferta del Programa como el café o el cacao requieren de una cantidad mínima de tierra para su sostenibilidad, pero en municipios como Briceño las familias cuentan con menos tierra (menos de 1 hectárea) de la necesaria para la viabilidad de estos cultivos.

Así mismo, la FIP y la Defensoría evidenciaron que en departamentos como Guaviare y Vichada existen áreas en las que se superponen varias figuras de ordenamiento territorialen las cuales no es permitido el desarrollo de actividades agropecuarias.

Sumado a lo anterior, hay una situación que merece especial atención y está relacionada con las áreas correspondientes a resguardos indígenas, reservas forestales y parques nacionales, en las cuales no es posible adelantar el desarrollo de los proyectos del PNIS. “En ellas, “las instituciones enfrentan un desafío adicional para diseñar alternativas de acceso a la tierra para estas familias” afirmó Juan David Quiñones.

De otro lado y según estudios realizados por Rimisp, estos territorios siguen presentando una conectividadmuy baja que dificulta el acceso a mercados y representa una variable determinante en la aparición y consolidación de los cultivos de coca en los municipios donde opera el Programa. De ahí la necesidad de proveer bienes públicos como infraestructura y vías que contempla el programa.

Finalmente, respecto a las condiciones que median el desarrollo de las capacidades para la acción, entendida por FIDA como la capacidad de tomar decisiones que afecten las trayectorias personales, nuevamente la situación es menos favorable para los jóvenes rurales que habitan en los municipios que cubre el PNIS.

Según la Defensoría del Pueblo y la FIP, durante los últimos años, las amenazas y homicidios de líderes sociales vinculados a procesos de sustitución se han incrementado. Si bien lo anterior es un fenómeno que se ha extendido en el país, los territorios en donde se adelantan procesos de sustitución han experimentado un incremento del 165% en los homicidios de líderes sociales. El desafío es fortalecer las medidas de protección para las familias y vincular a los jóvenes rurales en ellas.

Bajo este contexto, el GDR ha focalizado su discusión en comprender estas realidades para diseñar opciones productivas que superen limitaciones derivadas de la insuficiencia de la tierra, mediante la tecnificación y especialización de las actividades agrícolas que sean capaces de generar valor agregado en los predios de las familias.

Aunque un factor determinante recae en el acceso y formalización de la tierra en estas áreas, el GDR considera fundamental apoyar iniciativas que superen el sesgo agropecuario y contribuyan al desarrollo de las trayectorias de los jóvenes a partir de una diversidad de saberes y conocimientos coherentes con las transformaciones de los territorios.

Ello requiere, implementar programas de formación y educación rural que no solamente tengan como objetivo el incremento de la productividad agrícola sino el desarrollo de las capacidades de los jóvenes para desempeñar actividades en áreas donde la agricultura o la ganadería no es necesariamente la respuesta a las problemáticas del desarrollo rural.