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Desarrollo con Cohesión Territorial

Transformando Territorios

Territorios funcionales rural-urbanos en Guatemala: “La causa de la pobreza no es la ruralidad, sino el abandono que el Estado ha tenido históricamente a esas áreas”

30 abril, 2019

Wilson Romero, investigador de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, utilizó la metodología de Rimisp para identificar los territorios funcionales en el país centroamericano.


– ¿Cuáles son los principales hallazgos que da cuenta su investigación Territorios funcionales rural-urbanos en Guatemala?

Al relacionar los territorios según su dinamismo económico y el grado de ruralidad-urbanidad, se puede identificar que el país está dividido en dos: la parte urbana y urbana-rural, que se expande del centro del país hacia el occidente-sur  y en menor escala hacia el oriente-sur. El área con mayor ruralidad, tiene dos dinámicas diferenciadas: la parte rural-norte con mayor porcentaje de población indígena, menores niveles de consumo de bienes y servicios y con alto grado de pobreza, y la rural sur  y sur-oriente con población mayoritariamente mestiza-ladina y mayor actividad económica agrícola exportadora. Es una diferenciación espacial que contiene una desigualdad social en contra de los pueblos indígenas. En esos espacios la agricultura de subsistencia y la agricultura de exportación (monocultivos) son las principales actividades económicas.

La construcción y distribución espacial entre lo urbano y lo rural está determinada no solo por la geografía; la concentración de la población, el tipo de actividades económicas y la presencia de ciertas infraestructuras que potencian la rentabilidad de las empresas también juegan un papel relevante. Por medio de una expansión lineal se puede considerar que conforme aumenta la distancia del núcleo o centro urbano hacia el espacio rural, la mayor presencia de población, viviendas, actividades industriales y de servicios se van diluyendo y su lugar va tomando parecencia el sector primario. Esta idea de linealidad lleva implícito el reconocimiento de que entre los extremos del núcleo urbano y lo rural no hay una frontera que defina un límite entre ambos mundos, sino que existe un continuum de espacios semi rurales o semi urbanos que tienen un peso importante en la estructura económica y social. Son zonas que constituyen un eslabón que articulan funcionalmente a las áreas urbana y rural.

 – ¿Qué evidencias nos demuestran los datos?

Los datos analizados sugieren que los municipios rurales tienden a ser más homogéneos entre sí, lo cual cambia cuando se transita hacia lo urbano, dando lugar a brechas económicas y sociales entre lo rural, la semi ruralidad y lo urbano. La mayor brecha se observa entre la parte rural y cuatro municipios urbanos: Palencia, Villa Nueva, Mixco y la ciudad capital. A título de ejemplo, la capital tiene un 10% de población pobre y en tres municipios rurales la pobreza afecta al 90% de su población (Santa Bárbara, departamento de Huehuetenango; Lanquín y Cahabón, de Alta Verapaz).  De ello no se puede colegir que la causa de la pobreza es la ruralidad ‑como algunas veces se interpreta‑ sino el abandono en que el Estado y sus instituciones han tenido históricamente a esas áreas. No obstante, al interior de los territorios rurales o urbanos también se dan brechas. 

Del total de municipios del país, el 58% son parte de los territorios que se han identificado como funcionales (TF), que por definición son los municipios rural-urbanos y los urbano-rurales, y por ende se excluye de esta definición a los rurales y los cuatro municipios que constituyen la parte metropolitana.  Los TF se caracterizan por la presencia de una mayor actividad económica en la manufactura y los servicios respecto a lo que se registra en el área rural y contar con una o más ciudades intermedias. Del total del territorio del país el 63.6 % es rural, 32.5% rural-urbano, 3.5% urbano-rural y el 0.4 urbano. El peso relativo de la población en el área rural, rural-urbana, urbana-rural y urbana fue de 31.5, 34.7, 17.8 y 16% respectivamente.

Si se considera a la pobreza cómo un indicador de bienestar y de inclusión o exclusión, con datos de información disponible a nivel de municipio, se puede afirmar que la pobreza es amplia y profunda. La pobreza rural es del 70%, en los territorios funcionales el 50%, y en la parte metropolitana el 13%. En ausencia de un indicador aceptable de la concentración de la riqueza o del ingreso a nivel de municipio, el consumo de bienes y servicios de los hogares puede dar una aproximación de las diferencias territoriales: en la parte rural el consumo anual por persona en el 2002 fue de Q6029.0 frente a Q19117.0 en la zona metropolitana.

En general se puede afirmar que los territorios funcionales tienen un mejor bienestar que los rurales, pero muy por debajo de la zona metropolitana.

– ¿Por qué las brechas se ahondan cuando los municipios tienden a lo urbano?

– En la literatura económica se ha considerado que los países o regiones tienden a converger en los niveles de ingreso.  También tiene sentido suponer que, con la urbanización, reducción de costos de transacción, acceso a mayores servicios no solo se tiene un mayor bienestar sino que las diferencias o brechas podrían reducirse.  En efecto, como resultado de políticas públicas deliberadas y no del mercado se han reducido algunas brechas sociales entre la parte rural y la urbana, entre los padres e hijos, mujeres y hombres, tal es el caso de acceso a energía eléctrica y  mayor nivel de escolaridad. 

Sin embargo, para el caso de Guatemala, en los componentes estructurales de la desigualdad y la pobreza se observa lo contrario en dos sentidos: uno, la brecha o distancia entre la zona metropolitana y los territorios rurales en cuanto a la dotación de infraestructura básica, la presencias del Estado a través de sus instituciones formales, cumplimiento de la ley, entre ellas el pago del salario mínimo, etc. 

Dos, la desigualdad también se observa al interior de lo rural, rural-urbano, urbano-rural y urbano. Por ejemplo, retomando el consumo como una aproximación del ingreso, se constata que entre quintil inferior y el quintil más alto de los municipios rurales la brecha en el consumo para el año 2002-2006 fue de Q4143.0 por persona/año;  para los municipios rural-urbanos 5535.0 y para los municipios urbano-rurales la brecha creció a Q7,342.00. Tomando en cuenta que el censo, y en particular las encuestas de condiciones de vida de los hogares no registra la información de las élites económicas, se puede considerar que la brecha es mucho mayor en la parte metropolitana.

– ¿Nos puede explicar la tendencia hacia proletarización del campo de la que habla en su investigación?

– En la proletarización del campo inciden varios factores, por un lado desde mediados de la década de 1980 y con mayor fuerza en lo que va del presente siglo, se ha incrementado la actividad agrícola exportadora que demanda fuerza de trabajo agrícola y grandes extensiones de tierra en detrimento de los cultivos de subsistencia. Por otro lado, la poca atención que ha recibido el campo y la agricultura familiar y la falta de acceso a recursos productivos obliga a las familias a complementar su ingreso por medio del trabajo asalariado en las mismas plantaciones, los servicios, migrar hacia la periferia de las principales ciudades o hacia el exterior del país.

– ¿De qué manera se puede lograr un desarrollo económico que sea inclusivo  para todas las regiones en Guatemala?

Hay un problema de fondo que tiene que ver con la concentración de la riqueza, de los medios de producción, y la distribución del producto social, lo cual no es fácil resolver en el corto o mediano plazo. Es conocido el hecho que Guatemala,  en el período del 2006 y 2014, fue el único país de América Latina que tuvo un relativo crecimiento  económico y a la vez un aumento de la pobreza. Del 53% se pasó al 59.3%. Teniendo en cuenta esa realidad y que se requiere una adecuada mezcla de políticas públicas, del estudio sobre los territorios funcionales se extraen conclusiones que apuntan a que es posible transitar hacia un desarrollo económico inclusivo.  En el corto y mediano plazo hay algunas áreas de intervención: 

La primera es el factor institucional que tiene que ver con el fortalecimiento del Estado como promotor del desarrollo (ley del servicio civil, medidas que limiten la captura del Estado, el combate a la corrupción, etc.). La segunda es la inversión pública en infraestructura básica en los territorios funcionales y el área rural. La tercera es la atención especial requiere el mercado laboral en la parte de la política salarial y de generación de empleo. Y la cuarta son las medidas de protección del medio ambiente. Este conjunto de medidas, en el corto plazo están relacionadas con la implementación de una política fiscal.