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Inclusión Social y Desarrollo

Jóvenes rurales

¿Qué tienen en común los territorios colombianos afectados por cultivos ilícitos y qué pasa con la juventud rural en ellos?

10 abril, 2019

Se estima que en 186 municipios se concentra y perpetúa la presencia de cultivos ilícitos, limitando las alternativas de desarrollo de los jóvenes que en ellos habitan.


Continuando con los espacios de análisis y discusión del Grupo de Diálogo Rural (GDR) en Colombia, el pasado 2 de abril se analizaron factores y características que tienen en común los territorios colombianos afectados por los cultivos ilícitos y cómo se relacionan con las trayectorias de la juventud rural.

Para ello, Juan David Quiñones, asistente de investigación de la oficina de Rimisp en Colombia, presentó un resumen de lo que dice la literatura al respecto.

Se destacaron dos variables que influyen en el aumento y la permanencia de los cultivos ilícitos en el país. La primera variable tiene que ver con las condiciones territoriales que permiten el
desarrollo de cultivos ilícitos, donde el conflicto, el medio ambiente, la pobreza y la presencia institucional han sido determinantes históricos para la generación y desarrollo de estos cultivos. El sistema de identificación de la correlación de estos factores con el comportamiento reciente de los cultivos de coca en el país representa la probabilidad de presencia de estos cultivos a nivel municipal. La segunda variable está enmarcada en el contexto de las condiciones y motivaciones individuales y colectivas que motivan a las familias a tomar la decisión de vincularse a ellos, donde observan otros incentivos, además del monetario, que explican la relación de estas comunidades y los jóvenes rurales con los cultivos ilícitos.

“Si bien los incentivos monetarios han sido fundamentales, en la literatura también se ha resaltado la vinculación a los cultivos de coca como un mecanismo de interlocución con el Estado para manifestar las demandas de ausencia de este en los territorios”, afirmó Juan David Quiñones. Ello implica que un determinante, normalmente no identificado para la elección de fomentar estos cultivos, es la capacidad de incidencia política que estos pueden dar a las comunidades.

De este modo, se resaltaron datos relevantes que surgieron para presentar un contexto sobre estas zonas con cultivos ilícitos y los jóvenes que viven en ellas. De acuerdo con la encuesta del Programa Transformando Territorios realizada por Rimisp, en territorios priorizados para el postconflicto con presencia de cultivos ilícitos, se presentó un desempleo juvenil del 15,5% para el año 2017. Según cifras del censo del DANE (2005), la incidencia global a la pobreza en estas zonas llega a ser de un 81%, presentando una diferencia considerable de 69% del promedio nacional. Por esta razón, se hace necesario avanzar en el diseño alternativas lícitas para los jóvenes rurales.

A partir de lo anterior, una de las principales conclusiones es la necesidad de comprender las particularidades de los territorios rurales para el diseño de una política pública que reconozca la heterogeneidad del país y en especial las características socioeconómicas y aspiraciones de los jóvenes rurales vinculada a los cultivos ilícitos.

Para ello, será necesario focalizar el análisis en un grupo de jóvenes rurales vinculados en los diversos roles de la cadena de producción de estos cultivos, con el propósito de identificar estrategias y alternativas integrales para incidir en la transformación de sus trayectorias socioeconómicas.

En este contexto, el GDR generará un espacio de diálogo directo con algunos de los jóvenes rurales vinculados a estas actividades ilícitas.

Michael Camacho, representante e integrante de la Red Nacional de Jóvenes Rurales de Colombia, afirmó que “es importante entender por qué los jóvenes rurales que se dedican a los cultivos ilícitos. Lo hacen por las problemáticas que existen en el contexto dentro de su territorio, y a partir de eso es importante pensar cómo se puede ayudar”.

Al respecto, Álvaro Balcázar, asesor de MSI International, afirmó que “es importante pensar en los jóvenes que habitan zonas con cultivos ilícitos porque ellos son una población que puede potencialmente ayudar a salir del problema, o potencialmente colaborar a agravarlo”.

Por último, Michael Morales, analista del Observatorio la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, declaró que “es importante comprender su realidad porque hay que considerar que este es un país con una vocación agraria muy grande, y esto implica que el campo representa una gran prioridad para todos y tenemos que saber todo lo que está pasando con la población que está vinculada a todos los proyectos relacionados con el agro, y en esos proyectos los jóvenes juegan un papel muy importante”.