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¿Qué ha pasado con el ejido desde 1992?: Ponencia en LASA 2018

19 junio, 2018

En LASA 2018, César Suárez habló de los cambios experimentados por el ejido desde que en 1992 una reforma constitucional liberalizó la negociación de la tierra de propiedad social; en entrevista comenta qué sinergias hace la investigación del ejido con otros proyectos de Rimisp


Transcurridos 25 años desde que la reforma al Artículo 27 Constitucional liberalizó en 1992 los tratos mercantiles de tierra denominada “de propiedad social”, el ejido permanece y en apariencia es pequeño el porcentaje de lo que se ha privatizado (10%, según el Censo Ejidal de 2007), además de que se observan experiencias positivas donde los ejidatarios se han organizado colectivamente para tomar ventaja de oportunidades de inversión en sus tierras. Asimismo, el ejido dejó de ser un aparato de control del partido político que gobernó interrumpidamente durante más de siete décadas hasta el 2000, y que recuperó la Presidencia en el 2012, el Partido Revolucionario Institucional.

No obstante, los ejidos han perdido representación política para la toma de decisiones del Estado, lo cual ha propiciado que el presupuesto público para el fomento agrícola sea cooptado por los grandes productores, quienes tienen capacidad de cabildeo ante el gobierno.

Adicionalmente, se ha generado un vacío de gobernabilidad del ejido, y ello ha sido aprovechado por empresas mineras, de energía y otros megaproyectos, que se adueñan de miles de hectáreas ejidales por medio de documentación falsa o de engaños con los cuales convencen a los campesinos a de vender sus tierras. Y, en un contexto de fragmentación de los grandes carteles de la droga de México que ocurre desde 2007, grupos violentos se han asentado en el medio rural (aprovechando una presencia escasa del Estado), y los ejidos en varias regiones están expuestos a actividades delictivas, como el cultivo de drogas, extracción de gasolina, tala ilegal, y al desplazamiento de su tierras por parte de los criminales. Hay un problema de falta de gobernanza por parte de los ejidatarios.

Estas consideraciones fueron expuestas por César Suárez, de la Oficina para México y Centroamérica de Rimisp, que fue parte del grupo de investigadores de Rimisp que participaron en el XXXVI Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA2018), realizado en Barcelona, España, del 23 al 26 de mayo.

“El ejido y sus desafíos de gobernabilidad en México después de 1992” es el nombre de la ponencia presentada por César Suárez, y ésta es parte de un proyecto de investigación denominado El Ejido y la Gobernanza Rural que se realiza desde hace dos años y medio con apoyo de Rimisp y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y con la conducción de Gustavo Gordillo de Anda, investigador asociado de Rimisp. El proyecto en su conjunto fue expuesto por Gustavo Gordillo y otros expertos participantes del proyecto en un mismo panel en LASA2018.

En entrevista, César Suárez comentó que si bien todas estas ponencias relativas al ejido fueron presentadas el último día del Congreso en Barcelona, resultaron de interés para la audiencia y generaron debate. Por ejemplo, se cuestionó si hoy en día es válido aún usar el concepto “ejido” o si éste debe ser sustituido por otro que dé idea de los cambios generados desde la reforma constitucional de 1992; se habló también de qué herramientas institucionales deberían ponerse en marcha para garantizar el desarrollo de estos núcleos agrarios tanto en la parte productiva como en la toma de decisiones ejidales. Hubo quien analizó las motivaciones de los ejidatarios que adoptan el dominio pleno (el paso para convertirse en propiedad privada); se dijo que no necesariamente predomina una lógica economicista, de obtener un pago por las tierras, sino que pudiera haber un trasfondo de corrupción y amedrentamiento por parte de quien se adueña, pues hay tradición entre los campesinos de manejar riesgos para conservar sus tierras dado los valores culturales, sociales y familiares que le confieren a su patrimonio.

César Suárez comentó que hay investigadores, como Alain de Janvry, miembro del Consejo Internacional de Rimisp, que ha expresado interés por indagar de manera profunda cuánta tierra de la llamada propiedad social (ejidos y comunidades indígenas) se vende, por qué se vende, a quién se vende y para qué propósitos. Investigar esto resultaría complicado pues, al pasar a ser propiedad privada, la situación de la tierra debe indagarse en múltiples fuentes (registros civiles, para saber quién compró, y visita a los propios predios, para saber a qué se dedican).

“Pero nuestro proyecto busca dar algo de luz para saber qué está ocurriendo. Por ejemplo, en la Península de Yucatán muchas de las tierras han sido compradas por grandes empresarios, por medio de prestanombres, para la expansión de la industria hotelera. La mecánica es que los testaferros se convierten en ejidatarios, corrompen las asambleas ejidales y con ello logran mayoría en votaciones y así inducen a ventas masivas de tierras de los ejidos. En Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Sonora y Coahuila, las tierras ejidales están tomadas por el crimen organizado; si alguien entiende la importancia del territorio son precisamente estos delincuentes y por eso mismo se adueñan de las tierras, con fórmulas violentas y de amedrentamiento. Entonces estas bandas están asentadas en territorios de estos estados y ello hace que sea complicado combatirlas. Y los campesinos han sido desplazados”.

César Suárez explicó que el proyecto El Ejido y la Gobernanza Rural en conjunto consiste de dos componentes, uno cualitativo (donde él participa) y otro cuantitativo. En este último, hay especialistas que analizaron una base de datos con toda la información que se tiene sobre el campo mexicano, como son datos productivos, tenencia de la tierra, extensión, programas públicos para pobladores rurales, pobreza, etcétera.

Comentó que el proyecto tiene sinergia con otros trabajos que desarrolla Rimisp, como es el del Grupo Agenda Rural (GAR), el cual hasta ahora ha emitido un documento, La nueva sociedad rural,que es una propuesta amplia e integral de política pública para el medio rural. “Por ejemplo, la ausencia del Estado, la afectación de terceros como empresas mineras y el crimen organizado sobre la gobernabilidad de los ejidos, son elementos parte de la narrativa del documento del GAR, y por tanto podría ser de gran apoyo en términos de evidencia para sostener argumentos del GAR. En ese mismo sentido pueden actuar los datos que tenemos de las características actuales de los ejidatarios, sus problemáticas y sus mecanismos de resiliencia ante el abandono por parte delas instituciones estatales”.

Asimismo, el trabajo sobre el ejido hace sinergia con el proyecto de Diversidad Biocultural para el Desarrollo, que conducen Fabiola Leiva y Pablo Díaz, de Rimisp, pues, por ejemplo, “en nuestra investigación se menciona, sobre todo en la Península de Yucatán, cómo están presentes compañías energéticas que han usado a los ejidos para crear parques eólicos, en detrimento de la vida ejidal y haciendo uso de fórmulas de corrupción.

Asimismo, el proyecto sobre el ejido aporta mucho a la agenda sobre violencia que la Oficina de Rimisp en México y Centromaérica, dijo Suárez.