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La Agenda 2030 y la transformación de los territorios rurales: un desafío para institucionalidad latinoamericana

5 agosto, 2019

Son 33 documentos los que integran la colección denominada “2030 Alimentación, agricultura y desarrollo rural en América Latina y el Caribe”, en la cual se abordan distintas dimensiones de la agricultura, la alimentación y el desarrollo rural.


La Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, con la colaboración del Instituto de Estudios Peruanos, adelantó un proceso de reflexión sobre el futuro de la agricultura, los sistemas alimentarios y el mundo rural latinoamericano y caribeño, en el contexto de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En este proceso participó Ángela Penagos, directora de la oficina de Rimisp en Colombia y Claudia Ospina, investigadora de la misma oficina.

El documento “La Agenda 2030 y la transformación de los territorios rurales: un desafío para institucionalidad latinoamericana” realizado por Ángela Penagos, directora de Rimisp en Colombia y Claudia Ospina, investigadora de la misma oficina, destaca la necesidad de reconocer que los espacios rurales son determinantes en el logro de las metas de la Agenda 2030 y que las políticas públicas y los arreglos institucionales deben considerar su complejidad. En este sentido, la publicación destaca los principales desafíos de la institucionalidad rural latinoamericana y formula algunas principales recomendaciones al respecto.

En lo que se refiere a la importancia de abordar la ruralidad, el documento señala la necesidad que los países dediquen su atención y recursos al ámbito rural, sin caer en simplificaciones que descuiden su diversidad territorial y humana. Esto implica que los gobiernos y su institucionalidad desarrollen políticas e instrumentos y presupuestos específicos que incluyan de manera expresa a la sociedad y el sector privado en su conjunto.

Señala además que si bien en América Latina y el Caribe (ALC) la mayor parte de la población vive en las zonas urbanas (82% en 2016), y buena parte de sus países son considerados de ingreso medio-alto o alto (datos del Banco Mundial y CEPAL), el 48,6% de la población rural es pobre y el 22,5% está en la pobreza extrema. Además, en las zonas rurales se encuentra el 29% del total de personas pobres de la región y el 41% de las personas en pobreza extrema (FAO, 2018).

Las autoras advierten que las zonas rurales tienden a presentar dinámicas de conflicto social que, ante la ausencia de instituciones y mecanismos que equilibren la capacidad de negociación de los actores, se generan impactos negativos sobre el crecimiento de los territorios.

Respecto a los desafíos de la institucionalidad rural latinoamericana con miras al cumplimiento para enfrentar la Agenda 2030, el documento destaca que, si bien los países tienen diversos modelos de operación, presentan siete (7) rasgos que afectan el diseño e implementación de intervenciones en el mundo rural y, por lo tanto, el cumplimiento de la Agenda 2030:

  • Los arreglos institucionales y los modelos de intervención en lo rural
  • Los ministerios sectoriales no tienen modelos de intervención modernos en lo rural
  • La debilidad de los ministerios de agricultura lo que les impide desarrollar una política agrícola acorde a las transformaciones del mundo rural y la Agenda 2030
  • La institucionalidad desconoce la operación de las dinámicas territoriales, lo que favorece la generación de tensiones en los territorios rurales. Además, no cuenta con mecanismos efectivos que permitan una gestión de estos conflictos en favor del desarrollo
  • La institucionalidad basa su operación en divisiones político-administrativas que no capturan algunas relaciones funcionales (sociales, económicas y ambientales) entre unidades administrativas
  • La institucionalidad aún enfrenta problemas para promover y facilitar la complementariedad público-privada
  • Falta de procesos de monitoreo y evaluación que retroalimenten las políticas

Finalmente, las recomendaciones para la institucionalidad rural giran en torno a siete líneas de trabajo. La primera consiste en consolidar un centro de gobierno que facilite las transformaciones necesarias de la institucionalidad rural. “Los ministerios de agricultura al no poder desprenderse de su origen sectorial ni de sus inercias políticas, han demostrado no ser los candidatos idóneos para asumir este liderazgo, aunque deben seguir jugando un rol tan importante como el que debe jugar cualquier ministerio sectorial” señala el documento.

Como segunda línea, se destaca la necesita apoyar las estructuras productivas territoriales diversificadas, para lo cual es necesario contar con políticas que promuevan sectores agrícolas más sostenibles, incluyentes y eficientes, así como políticas que promuevan las condiciones para que el empleo rural no agrícola sea calificado, sostenible, y complementario a las demás actividades económicas.

En tercer lugar, señala la necesidad de enfocar esfuerzos para que la institucionalidad agropecuaria provea los bienes públicos que aumenten la productividad de alimentos saludables y sostenibles.

Como cuarto elemento, se enfatiza en la necesidad de asegurar que la inversión y el gasto público en los territorios rurales estén sujetos a sistemas de reglas que den voz y voto a los actores locales.

El quinto aspecto está relacionado con el diseño de instrumentos que permitan desarrollar iniciativas que favorezcan la asociatividad territorial más allá de los límites político-administrativos.

En sexto lugar, se precisan las sinergias que la institucionalidad rural pública debe establecer con el sector privado, incluyendo organizaciones del territorio, empresas, y la academia.

Finalmente, la séptima línea de trabajo hace referencia a la evaluación de políticas públicas para promover procesos de aprendizaje organizacional y rendición de cuentas que incentiven el paso de las lecciones de política a las acciones de política.

Para conocer el documento completo, siga el siguiente enlace

http://www.fao.org/3/ca5432es/ca5432es.pdf