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Estrategia de Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad para Pequeños Productores

México

Expertos de Latinoamérica comparten experiencias y recomendaciones en extensionismo

22 octubre, 2018

En colaboración SAGARPA, Cofupro y Rimisp, buscan fortalecer el sistema de extensionismo; para ello se generó un webinar donde participaron especialistas de seis países: alrededor de 200 personas en el subcontinente atendieron el evento.


Expertos de seis países de América Latina expusieron sus conocimientos y reflexiones en materia de extensionismo y asistencia técnica para el sector agropecuario durante el Seminario Latinoamericano de Extensionismo, realizado por medio de un webinar el 11 de octubre, bajo la coordinación de Héctor Robles, investigador asociado de Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.

El evento fue auspiciado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), por la Coordinación de Fundaciones Produce (COFUPRO), ambas de México, y por Rimisp. El webinar, dijo Héctor Robles, es parte de un proceso para fortalecer el sustento científico y tecnológico en cuanto al desarrollo de capacidades y extensionismo rural, y con ello fortalecer la capacidad productiva y organizativa de los pequeños y medianos productores y abonar al crecimiento económico y al desarrollo de los territorios rurales del país.

El webinar –que tuvo una participación de unas 200 personas de 15 estados de la República Mexicana (desde el norte hasta el sur) y de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Perú y Venezuela– contó con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC).

Mariel Zamora, de la Dirección General de Desarrollo de Capacidades de la Subsecretaría de Desarrollo Rural de la SAGARPA, expresó la justificación del seminario: dijo que en el marco del programa de Apoyo a Pequeños Productores para el ejercicio 2018, la SAGARPA identificó como una de sus prioridades de estrategia en extensionismo el poder construir una red de instituciones nacionales e internacionales que provean conocimiento en materia de desarrollo de capacidades en el ámbito rural. Por ello, con la participación de Rimisp, busca conocer y analizar experiencias de toda América Latina, y con ello coadyuvar en el diseño de estrategias, de herramientas y de modelos de intervención que sean efectivos y puedan fortalecer la capacidad organizativa de los productores.

Las exposiciones de cada ponente giraron en torno a tres preguntas: 1.- ¿Se requieren extensionistas para llevar a cabo un programa gubernamental o, en vez de ello, se necesitan para ampliar las capacidades de las comunidades y las organizaciones rurales con el fin de que éstas pueden decidir, de manera informada, qué programas o intervenciones gubernamentales les convienen? 2.- ¿Cuáles deberían ser las características de un programa de extensionismo para pequeños y medianos productores? 3.- ¿Es adecuado el término/concepto de “extensionismo”, o debería replantearse con un enfoque distinto que responda más a las necesidades actuales del medio rural?

María Auxiliadora Briones, gerente general de la Fundación para el Desarrollo Tecnológico, Agropecuario y Forestal de Nicaragua (FUNICA), resaltó la necesidad de transformar el concepto de sistema de extensión por algo más amplio: un sistema de innovación, pues “en esta era hablar de innovación es obligatorio y es una necesidad”. El concepto involucra en efecto la extensión pero con una visión sectorial y nacional y con la participación de instancias de apoyo como es el sector financiero. Precisó que la extensión ha sido asumida por diversas agendas nacionales e internacionales como la de FAO, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y el Mercosur, y está implícitamente presente en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) pues se le concibe como prioridad para el desarrollo territorial.

Entre las tendencias de la extensión en la región, dijo, está aprovechar los saberes locales, y focalizar la extensión en agendas específicas como la agricultura familiar implicando temas como cambio climático, inclusión social, seguridad alimentaria, mercados y desarrollo rural territorial; asimismo, por medio de programas interrelacionados de protección social y de fomento productivo. Y en ese marco, agregó, se observa el rol de facilitador que está jugando el Estado en algunos países para implementar sistemas combinados de participación privada y pública; es el caso de Nicaragua, en 2002 se creó el FUNICA en el marco del Programa Nacional de Tecnología Agrícola, con un esquema de prestación de servicios público-privados cuya orientación está no en llevar como institución los servicios sino fortalecer los servicios de las organizaciones de los productores y de otros actores locales.

Resaltó la experiencia de Costa Rica: “es bastante interesante pues no ha tenido los quiebres de los sistemas de extensión de otros países”. En el marco de las reformas estructurales de los años 80s, dijo, este país siempre mantuvo el servicio público, sin coartar la dinámica privada de prestación de servicios, que se da sobre todo en los rubros de exportación de alto valor. Así, su servicio de extensionismo evolucionó al pasar de un esquema que era muy vertical, de transferencias, con la Revolución Verde, y con el productor en un papel pasivo, hacia un modelo mixto, para luego pasar hacia un enfoque de los sistemas de producción, con el productor teniendo una mayor participación, para llevar la investigación y la extensión a los problemas territoriales. “Actualmente Costa Rica revitaliza su sistema de extensión orientado a los nuevos retos que presenta el contexto económico del mercado, de cambio climático, de inclusividad y otros”.

Destacó, no obstante, que “el servicio público [de extensión] es una necesidad y un deber”. Hay diferentes tipos de productores y hay actividades que demandan un servicio público, como bien público. En ese sentido, debe ser apoyado por promotores, y éstos desarrollar las capacidades de las comunidades y ser gestores de innovación, abiertos al cambio, “pero sobre todo que vean el interés de los productores, que se pongan en los zapatos de los productores, que sean promotores de la innovación comunitaria, y que la ampliación de cobertura no se traduzca en descuido de la calidad”.

Hur Ben Corrêa da Silva, coordinador de Asuntos de Agricultura Familiar y de Cooperación Internacional, de la Secretaría Especial de Agricultura Familiar y Desarrollo Agrario (SEAD) de Brasil, señaló que en los 15 años recientes han trabajado muy duro para restablecer en el país un servicio público de extensión, el cual está orientado específicamente a los campesinos de la agricultura familiar, quienes son fundamentales para la producción de alimentos, para la canasta básica, aunque están también insertos en las commodities (como soya y carne) y en la exportación. “Son unos 25 millones de familias de la reforma agraria que tienen un 25% de toda la tierra agrícola del país y que son responsables también de 25% del valor de la producción agrícola, además de que ocupan la mayor parte de la mano de obra en el campo”.

Dijo que Brasil también se ha esforzado en promover la inclusión productiva de campesinos que en su mayoría están en condición de pobreza y no orientados a mercados, que producen básicamente para su familia, para la subsistencia. “Hemos trabajado en la construcción de políticas que garantizan crédito y precio, que aseguran renta y que permiten acceso a servicios institucionales, que agregan valor a la producción”. Pero estas políticas, aclaró, solo se ofrecen a los campesinos que tienen la extensión trabajando con ellos. Caso contrario, las políticas no llegan al terreno.

Y “hemos trabajado también en cuanto a política pública para integrar la extensión en la visión de la academia, para que se compartan los conocimientos y las tecnologías apropiadas para la amplia diversidad de la agricultura familiar: de norte a sur tiene producción recursos naturales, culturas, conocimientos ancestrales muy diversos”. Hoy día, señaló, la investigación está muy apartada de la extensión, pues se enfoca fundamentalmente a las commodities; solo la pequeña parte de la investigación pública está enfocada a las necesidades de la agricultura familiar.

Diferenció los conceptos de extensionismo y de asistencia técnica. El extensionismo está muy enfocado a la complejidad de la actividad rural de la familia, los modos de vida y la comunidad, y asistencia técnica tiene una función mucho más centrada en la tecnología de producción. “Por eso es tan importante la extensión para la cuestión de las políticas públicas. Pero tenemos desafíos, como es la capacitación de los extensionistas en la manera de comprender las demandas, de buscar las soluciones adecuadas a las condiciones del terreno”, dijo.

Juan Carlos Gallego, asesor de Agrosavia, antes denominada Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica), dijo que esta instancia ha venido trabajando en el proceso de acompañamiento de la nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, llamada Ley 1876, que configura el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria.

Dijo que la formación de capacidades en las regiones es clave, considerando que la construcción del desarrollo debe pasar por una activa participación de las regiones y del empoderamiento de los territorios.

Dijo que en la ley 1876 hay un enfoque territorial que busca superar el tema municipal (presente en la ley previa, que tenía el problema de que muy frecuentemente diversos municipios con cultivos y condiciones similares pagaban servicios técnicos similares cada uno por su cuenta), sin que eso signifique quitar las capacidades a los municipios, para actuar sobre el proceso de asistencia técnica. Y otro tema que la nueva ley comenzó a plantearse es que la asistencia técnica que se venía prestando tenía que ser reemplazada por la extensión agropecuaria, y que eso suponía una serie de elementos, como empezar a mirar temas de capital social, de asociatividad, del territorio y otros, e incorporar de forma muy activa las variables ambientales y la orientación a los mercados, así como la evaluación del propio servicio de extensionismo porque “uno de los problemas que enfrentamos en el pasado era que había productores que venían recibiendo asistencia técnica durante muchísimo tiempo pero no se veía con el paso del tiempo un incremento en las capacidades de éstos, en el desarrollo de los sistemas socio-productivos, o en el sobre la comunidad y el territorio en términos del sector agropecuario”.

Adicionalmente, el tema de la asistencia técnica que se trabajaba antes es retomado por la ley incorporando los temas de propiedad intelectual; se empieza a ver que la extensión agropecuaria, y sobre todo el extensionista tiene que pensar estos temas y ver cómo los productores deben trabajar, organizarse y actuar en función de la reglamentación de propiedad intelectual que llegan al sector agropecuario, dijo.

En la nueva ley aparece también el tema de seguridad alimentaria que se venía trabajando mucho con huertas pero que ahora comienza a volverse un elemento transversal y esencial para la prestación de servicios, y finalmente en la nueva ley aparece el reconocimiento de que los productores son agentes básicos de la investigación y el desarrollo.

Señaló que la extensión agropecuaria ahora para Colombia tiene estos aspectos: a) un desarrollo de capacidades humanas integrales (equivalente a capital intelectual), b) un desarrollo de capacidades sociales integrales (equivalente a capital social), c) un aprovechamiento efectivo de las tecnologías de información y comunicación (TICs), d) una gestión sostenible de los recursos naturales y e) una mayor participación de los productores en los espacios de política pública. Y transversalizado todo esto con el tema de la capacidad técnica productiva, que está en el primer aspecto.

Octavio Sotomayor, oficial de Asuntos Económicos de la Unidad de Desarrollo Agrícola de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con sede en Chile, comentó la experiencia chilena de extensionismo, desarrollada por medio de un programa de desarrollo territorial, y del Programa de Desarrollo Local (PRODESALl) dependiente del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), que atienden a los productores más rezagados y vulnerables, unos 210 mil, y se aplica a nivel de municipios, aunque en algunos casos se trabaja con ONGs o con empresas privadas de agrónomos que prestan el servicio técnico. La extensión se realiza con equipos técnicos multidisciplinario que en terreno atienden a grupos de cien, 200 o 300 productores y les entregan consejos técnicos así como recursos a fondo perdido por 140 dólares por productor, además de contar con un fondo de inversiones para pequeños proyectos. Los campesinos venden su producción primaria, alimentos procesados, artesanías, servicios turísticos y otros en ferias de fines de semana, de una forma muy exitosa. Y hay mecanismos de cofinanciamiento donde participan los municipios.

Destacó los procesos de transferencia de campesino a campesino. En Chile hay un programa iniciado en el gobierno de Michelle Bachelet, en que los productores avanzados dan recomendaciones a los más rezagados, y ello tiene bajo costo. Asimismo, iniciada también por Bachelet, existe una comunidad virtual de jóvenes, creada por el INDAP, que es un sistema horizontal de campesino a campesino, y que a través del Facebook y con la importante participación de un animador, los jóvenes intercambian conocimientos a partir de preguntas que allí hacen y responden. Esta red suma hoy 3 mil personas y va creciendo a un ritmo de cien por semana.

John Preissing, representante de FAO en Ecuador, dijo que hoy día en América Latina hay un mayor enfoque hacia la agricultura familiar, la inclusión social, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo rural y territorial, y una preocupación es la innovación de los pequeños y medianos productores, cuya participación en la alimentación básica de la región es fundamental. Dijo que, según los más recientes censos en la región, el extensionismo llega a no más de 20% de los productores, por lo tanto su ampliación es un desafío y particularmente debe crecer en favor de los pequeños productores.

Con base en estudios hechos por FAO, dijo que si en un momento dado hubo extensionismo desde el Estado, hoy día se están generando fórmulas e intervenciones distintas, y se generan no solo desde los ministerios de Agricultura, sino de otros como Salud, Medio Ambiente, Forestería, etcétera, y también hay procesos de descentralización y lo que ello conlleva en términos de mayor dificultad en el control de calidad y de recursos. Todo esto es una oportunidad pero también un reto para los sistemas. “Obliga a una coordinación mucho más permanente”.

Dijo que en algunos países hay una confianza excesiva en los mecanismos de mercado, y se piensa que solo se debe requerir la asistencia técnica cuando hay una necesidad específica. Eso es erróneo, sentenció.

Consideró que las comunidades deben ser empoderadas y dotárseles de capacidades para que orienten sus demandas y que los modelos de extensionismo deben impulsarse con recursos públicos y privados, si bien algunos deben ser más públicos, y todo ello depende del interés y circunstancias de cada país.

Mariel Zamora, de la Dirección General de Desarrollo de Capacidades de la Subsecretaría de Desarrollo Rural de la SAGARPA, comentó que en México durante más de 60 años se han tenido diversos esquemas de extensionismo, pues se transitó de un sistema de contratación de extensionistas como parte de la nómina gubernamental, a esquemas de prestadores de servicios profesionales y consultores privados.

Comentó que de 2001 a 2011 el extensionismo se dio por medio de prestadores privados de servicios. “Y en 2012 se retomaron esfuerzos para el extensionismo bajo un esquema integral, en donde el acompañamiento a los productores se realiza en toda la cadena de valor, y el Estado, en coordinación con diversos, actores participa para definir prioridades y líneas de trabajo de los extensionistas con los productores, basado siempre en un enfoque territorial”. Dijo que actualmente la SAGARPA implementa un modelo que opera a través de dos conceptos de apoyo básico. Uno, el apoyo a extensionistas, y otro el apoyo a estrategias de extensionismo, y una modalidad preponderante es la de concurrencia, donde participan con recursos las entidades federativas y el gobierno federal. En cada entidad del país se constituyen comités estatales de desarrollo rural y es allí donde se definen las prioridades de extensionismo considerando territorios y cadenas productivas. Allí participan autoridades estatales y federales en materia agropecuaria, productores, centros regionales de extensionismo, instituciones de investigación y de educación superior, asociaciones civiles y otros.

Héctor Robles expresó al final del webinar que la discusión sobre extensionismo continuará, por medio de diversos foros, y que las ponencias de este seminario serán hechas públicas.