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Enfoque de transversalización de género: Necesario para el avance de las mujeres en el campo

28 marzo, 2019

Análisis de Rimisp muestra la condición de desventaja que enfrentan las mujeres rurales. Los testimonios recogidos en un estudio confirman los datos. Hay un reconocimiento de la tendencia de las instituciones a favorecer a los hombres sobre las mujeres


Como parte de un fenómeno latinoamericano y global, en México las mujeres rurales enfrentan desventajas históricas: en relación con sus pares varones, tienen menor ingreso económico, más largas jornadas de trabajo, menores oportunidades de posesión y de tenencia de la tierra y limitada participación política en la toma de decisiones sobre sus bienes.

Asimismo, en comparación con mujeres urbanas, tienen mayor incidencia de pobreza, acentuada en el caso de las indígenas. El 60% de las mujeres rurales enfrenta pobreza por ingresos, y en el caso de las indígenas es 62%; para las urbanas el porcentaje es de 49%.

Para lograr cambios estructurales, es imperativo impulsar el enfoque de transversalización de género, con una visión de largo plazo, en instituciones, sistemas y organizaciones, de acuerdo con Rimisp.

El documento “Lineamientos a nivel político, estratégico y operativo para avanzar en la incorporación de la perspectiva de género en las estrategias de extensionismo de la Secretaría de Agricultura”, elaborado por Rimisp México y Centroamérica, muestra esta consideración y señala que tal enfoque se justifica a partir “del reconocimiento de la tendencia existente [en tales instancias] a favorecer a los hombres por encima de las mujeres, y del hecho de que las desigualdades restringen la calidad de vida de las mujeres en los territorios y además afectan las oportunidades de desarrollo de las localidades”.

Según Celeste Molina, coordinadora del documento, “si bien es cierto que en México ha habido avances en la etiquetación presupuestaria y en algunos programas específicos que buscan reducir las brechas, la perspectiva de género no opera aún como lo mandatan los instrumentos de transversalización con que cuenta el Estado mexicano”, como es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH) y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), entre otros.

La perspectiva de género aparece en la política pública de manera simplista, comenta Celeste Molina, por ejemplo con cuotas de mujeres en los programas, o expresado en los propios programas en la atención de las necesidades básicas de las mujeres (como paquetes para el autoconsumo o proyectos de producción primaria) pero no incide en las necesidades estratégicas (como el acceso a la tierra, una mayor participación política o la redistribución de la carga doméstica).

El documento mencionado recoge en un anexo testimonios de mujeres, obtenidos en talleres con productores, productoras y técnicos (realizados en ocho estados de la República a finales de 2018 como parte del diseño de un esquema de extensionismo para la Secretaría de Agricultura con enfoque de género). Esos testimonios revelan con palabras sencillas pero de forma muy cruda las limitaciones y discriminaciones que sufren las mujeres.

Una desventaja estructural se observa en la tenencia de la tierra: solo 21% y 25% del total de ejidatarios y comuneros son mujeres, respectivamente. “Las mujeres tienen menos posibilidades para la posesión de parcelas y acceso de uso común”, dice el documento. Ante ello, las mujeres buscan espacios laborales fuera de la tierra, pero sin mucho éxito.

Una mujer de Nayarit dijo en uno de los testimonios: “A veces nos gustaría tener más una empresa o un proyecto, digamos un taller de costura, donde se pudiera bajar recurso para máquinas para coser, para hacer bordados, porque uno sabe, pero no tiene los medios para comprar la máquina. De hecho, ahorita vamos a empezar de nuevo con cursos de corte y confección; les va a costar a ellos, porque ahorita no hay programas o proyectos que apoyen con nada de lo necesario”.

La escasa participación de la mujer en la tenencia de la tierra ocurre no obstante que la población rural está equilibrada en el balance numérico. Según datos a 2016, en México hay 196 mil 350 localidades rurales (menores de 2 mil 500 habitantes cada una); su población total suma 26 millones, o sea 23.2% de la población nacional. La relación numérica en el caso de las mujeres rurales es de 104 por cada cien hombres.

En cuanto a trabajo no pagado, el texto señala: “A nivel nacional las mujeres trabajan semanalmente de forma no remunerada 19 horas más que los hombres, pero la mayor brecha se observa en los territorios rurales, donde las mujeres trabajan 22 horas más que los hombres, y aquellas jóvenes rurales 23 horas más”. Una mujer de Jalisco dice: “Él llega de su trabajo, llega a la casa y él ya terminó su día, a pesar de que sabe que yo hago más cosas, y llego a la casa y no se termina mi día, ¿por qué?, porque tengo que limpiar la casa, tengo que hacer tareas”.

El documento destaca también la escasa participación de las mujeres en los espacios de representación de los núcleos agrarios. “A diciembre de 2017 se reportaron 14 mil 926 ejidos y comunidades con órganos de representación vigentes, en donde se registraron poco más de 88 mil representantes, de los cuales eran mujeres el 15.8%”. Su participación, no obstante, ocurre con el interés de generar bienestar a su comunidad entera, como lo muestra este testimonio.

“Yo en mi caso, yo soy agricultora, yo siembro caña y ahorita me da la oportunidad de ser la tesorera del ejido y me da oportunidad de ir a dependencias a tocar puertas y poder gestionar, pero me dicen: ‘apenas entramos y todo eso es de enero hacia adelante. Pero sí estoy viendo a detalle, qué dirige cada dependencia, qué requisitos hay, para que en su momento acudir a cada lugar y tratar de proveer a las mujeres en sus necesidades, ayudar un poco. Y no nada más en trabajo, sino también beneficios para mejorar el templo, para mejorar la plaza, que se pueda ayudar a los agricultores […] Aparte me encanta todo eso porque hago cosas para mi gente y para mi pueblo” (Mujer, Nayarit).

A pesar de todas las desventajas que enfrenta la mujer, el trabajo femenino en el campo es fundamental, como lo señala el documento con base en bibliografía de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de Agricultura: “Las mujeres rurales e indígenas aportan significativamente a la producción de alimentos, a la seguridad alimentaria y al desarrollo de emprendimientos rurales. Fueron responsables de más del 50% de la producción de alimentos en 2016, dato que no ha cambiado mucho en 2017. El cultivo principal en el que las mujeres participan es maíz grano, con un 16% del total de la producción. Las mujeres rurales cultivan 95 mil hectáreas de hortalizas, dedicadas a chile verde, elote, tomate verde y jitomate, y a la producción de frutales destinan 150 mil hectáreas, principalmente en mango, naranja, aguacate, limón, fresa y sandía”.

Dice el anexo de testimonios: “Me acercó al campo mi papá, que nos inculcó que nos gustara el campo y a mí me encanta irle a ayudar a mi papá. Con el simple hecho de poderlos ayudar, con eso nos pagan. Eso da satisfacción. A sembrar, a tirarle químico, a todo. Es amor al arte porque no te queda, siempre dicen ‘ya no voy a sembrar porque no nos fue bien’, y se llega la temporada y sí quieren sembrar” (Mujer, Nayarit).

Avance de las mujer rural en los años recientes: FAO

Si bien es cierta la desventaja de la mujer mexicana en la tenencia de la tierra, también lo es que, en un marco de transformaciones importantes en el medio rural del país ocurridas durante el último cuarto del siglo XX, se hizo cada vez más relevante el rol femenino en las actividades económicas, señala la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en su informe México rural del Siglo XXI. “De hecho, dice, actualmente las mujeres poseen 18% de los terrenos agrícolas, en comparación con el menos de 1% de hace 30 años”.

Son un millón 877 mil las mujeres que actualmente son dueñas de la tierra, y se distribuyen así: 701 mil ejidatarias, 201 mil comuneras, 656 mil posesionarias y 318 mil propietarias privadas.

“Las mujeres en el campo participan en el desarrollo del país con su trabajo cotidiano, en el ámbito doméstico, agropecuario y artesanal, sin que hasta ahora se reconozca específicamente su aporte a la actividad nacional”, señala FAO.

Entre las transformaciones destaca que las actividades económicas no-agrícolas han ido incrementando su participación en los ingresos y en los empleos de las familias rurales, y el encadenamiento de las actividades primarias con otras de mayor valor agregado ha permitido a los trabajadores agrícolas vincularse a mercados laborales que ofrecen mejores remuneraciones.

Aun así, dice el documento, fechado en 2018, la pobreza sigue siendo más alta en las áreas rurales: seis de cada diez habitantes de zonas rurales eran considerados pobres en 2016, en contraste con los cuatro de cada diez en zonas urbanas. Y los rendimientos por hectárea del maíz y frijol –dos de los principales cultivos cíclicos del país– han experimentado solo incrementos moderados en casi 40 años.

Ese rezago se aúnan a otros problemas que deben ser vistos como desafíos crítico, como es el cambio climático. Dice FAO: “en los próximos años será fundamental encontrar alternativas efectivas para adaptar y mitigar los riesgos climáticos que enfrenta no solo la agricultura, sino el conjunto de actividades económicas de las familias rurales. Para ello será necesario desarrollar prácticas sustentables en el manejo de los recursos naturales, así como formas de resiliencia que permitan adaptarse a los shocks climáticos. En ese sentido, los saberes y prácticas de las comunidades indígenas, así como su manejo de gran parte de los recursos naturales del país serán fundamentales para cumplir con este desafío”.