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Apoyo institucional para el fortalecimiento de la Oficina de Rimisp para México y Centroamérica

México

Defender la apicultura es defender la vida y el medio ambiente

12 octubre, 2018

Luis Arturo Carrillo, miembro de Ma OGM, organización de la Península de Yucatán que confronta la siembra de soya transgénica, relata a Rimisp la lucha jurídica que están dando las comunidades mayas para defender su apicultura; en este proceso han contado con muchas alianzas sociales, pero la soya se está sembrando de manera ilegal. La apicultura es una actividad que está íntimamente ligada a la presencia de la selva, al cuidado de los mantos freáticos, a la cultura maya, en fin, a la vida.


La autorización por parte del gobierno federal de siembra de soya transgénica en siete estados de la República en 2010 dio origen a la conformación en la Península de Yucatán de una agrupación, el Colectivo Ma OGM (que en maya significa No a los Organismos Genéticamente Modificados), el cual se basa en el interés de las comunidades rurales e indígenas mayas de la zona, que es importante productora de miel de abeja, pero también ha atraído el interés y apoyo de ambientalistas, académicos, empresarios, organizaciones de la sociedad civil y de la población en su conjunto.

De esos siete estados, tres conforman la Península de Yucatán: Quintana Roo, Yucatán y Campeche; tres más son de la zona de las Huastecas: San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas, y por último está Chiapas, en el sureste mexicano.

El objeto de defensa de Ma OGM son en efecto las abejas (en la Península existen alrededor de 180 variedades de abejas nativas, incluidas las meliponas, y también están las de variedad europea Apis) y la actividad apícola, que es ancestral y genera trabajo e ingresos importantes. (México está entre los diez exportadores líderes de miel de abeja en el mundo y la Península participa con 40% de esa miel. Cifras oficiales señalan que en 2016, México produjo 55 mil 84 toneladas de miel y de ellas exportó 29 mil 109 valuadas en 93.7 millones de dólares.)

Asimismo la defensa que hace Ma OGM es del medio ambiente, porque la siembra transgénica ha arrasado con cientos de hectáreas de selvas (reduciendo el hábitat y tránsito de las abejas), y los agroquímicos asociados, el glifosato particularmente, se filtran al manto freático contaminando todo el lago subterráneo que comparten los pobladores peninsulares, pues los suelos de la zona son muy porosos y permeables.

Así lo comenta Luis Arturo Carrillo Sánchez, integrante del área de Comunicación de Ma OGM y subraya: “defendemos el patrimonio cultural y biológico de la Península de Yucatán”. Luis Arturo fue uno de los participantes en Mérida en el seminario-taller “Gobernanza Territorial para la Sostenibilidad. Diálogo de experiencias territoriales que promueven alternativas”, realizado el 5 y 6 de septiembre pasados y organizado por Rimisp con apoyo de la Fundación Ford y de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).

En entrevista con Rimisp, explica que el Colectivo ha enfrentado de manera ininterrumpida la decisión e insistencia de la siembra transgénica, y ello ha dado pie a una serie de alianzas y apoyos de fundaciones como Ford y Kellog y de agrupaciones sociales como Fundar y otras de derechos humanos y de asistencia legal, así como de un colectivo nacional que trabaja en la defensa del maíz frente a los transgénicos. El apoyo de los consumidores ha sido también fundamental, pues Europa mantiene su exigencia de alimentos libres de transgénicos. Y lo más importante, se ha logrado generar la conciencia en las comunidades de que la defensa de la apicultura es también la defensa del trabajo, del medio ambiente y de la vida.

Relata la experiencia:

“Cuando surge ese permiso de la soya modificada genéticamente, en 2010, atenta contra la actividad apícola, que es milenaria, preponderante y muy importante aquí; genera muchas divisas, pues la Unión Europea, a donde se exporta el 95%, no acepta la miel con polen transgénico. La situación afecta no solo a los apicultores, también a los comercializadores y a los ambientalistas, porque el proyecto de soya implica talar selva y meter soya transgénica de forma masiva. La actividad apícola es transversal. Si baja la actividad apícola, baja la cantidad de abejas, y con ello la biodiversidad y la ocupación de mano de obra”.

Ante tal amenaza “nos juntamos todos, y con ello digo académicos, activistas, apicultores, gobierno del Estado representado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), organizaciones de derechos humanos, empresarios… y armamos este colectivo amplio, multicultural, horizontal cuyo objetivo era en ese momento detener el avance de los transgénicos aquí en la Península. Entonces el Colectivo nació siendo diverso, multicultural, con muchos sectores integrados. Hicimos un evento, con presencia humana formamos las letras Ma OGM en nueve zonas arqueológicas de Yucatán y Campeche. Luego de ese gran clamor, las personas que quedamos en el grupo trabajamos para articular la defensa de la apicultura y nos dividimos en cinco ejes: comunicación, trabajo social, vinculación, trabajo científico y trabajo legal, y presentamos dos recursos de amparo en Yucatán, dos en Campeche, uno en uno en Quintana Roo, y fuera de la Península, uno en Chiapas. Todo ello, siempre de la mano de las comunidades. En este proceso creamos vínculos con otras organizaciones, como Indignación (que maneja litigio estratégico y derechos humanos), con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), con Greenpeace y otros. Hay una información constante y un respaldo de las comunidades en los tres estados de la Península.

“Empezamos entonces a ver que necesitábamos vincularnos más y tener más visibilidad, e hicimos una alianza con Acción Colectiva del Maíz (la cual demanda al Poder Judicial la prohibición absoluta al maíz transgénico, pues Mesoamérica es centro de origen y diversidad de este grano). Juntos expresamos públicamente nuestra unión y suma de esfuerzos y desde entonces hemos caminado juntos, apoyándonos mutuamente en temas legales, con financiamiento y con planeación estratégica. De hecho, cuando se conformó Acción Colectiva del Maíz, uno de los casos de Ma OGM estaba a punto de resolverse en el juzgado de primera instancia, y esta experiencia ha servido y ha venido creando en el ambiente jurídico la decantación por un rechazo a los transgénicos. Se ha ido creando un ruido de que los transgénicos van perdiendo.

“Después de esto vino ya el proceso donde ganamos los amparos que interpusimos. Cuando ganamos el primer juicio nuestras noticias se tornaron internacionales y los medios nacionales y extranjeros permanecen desde entonces muy atentos a todo lo que ocurre”.

Las demandas de amparo de Ma OGM fueron contra el gobierno federal, particularmente contra la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGARPA), por las violaciones que cometió esta dependencia al emitir el permiso, por medio del Servicio de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). En los amparos se plantearon diversas violaciones: al derecho al medio ambiente sano, al derecho al trabajo y al derecho a la alimentación; también violación al derecho a la consulta libre, previa e informada, y adecuada culturalmente en comunidades. También se argumentó inconstitucionalidad de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

“Los jueces nunca se metieron al asunto de fondo; sobreseyeron la mayoría de nuestros argumentos (los relacionados con los derechos), y se enfocaron a dos errores procesales: uno fue que el gobierno no hizo la consulta, y dos, no haber tomado en cuenta las opiniones negativas que en su momento emitieron el Instituto Nacional de Ecología (hoy llamado Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INECC), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

Luis Arturo precisa: Esos tres órganos desconcentrados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) –cuya opinión es requerida por ley para cualquier autorización de siembra comercial de transgénicos– coincidieron en decir que era inviable la soya transgénica en los siete estados mencionados y por tanto la emisión del permiso. Pero la SEMARNAT simplemente archivó esas opiniones y le dio luz verde a la SAGARPA para el permiso.

“Por ese error procesal todos los tribunales nos dieron la razón y ganamos los amparos. Luego la SAGARPA apeló, y Monsanto (empresa líder en transgénicos), que se integró al juicio como tercero interesado, también apeló. Todos los tribunales colegiados resolvieron entonces enviar el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues consideraron que el asunto era de relevancia nacional.

“La decisión de la SCJN, fue muy pobre, determinó entonces, en tres resoluciones, que efectivamente había habido faltas al procedimiento pero decidió no prohibir definitivamente la siembra de transgénicos; solo la prohíbe en tanto se realice la consulta, y además dice que, una vez hecha la consulta, al margen del resultado de ésta, las autoridades correspondientes (el SENASICA-SAGARPA) quedan en libertad decisoria de entregar o no el permiso”.

El entrevistado considera que esas resoluciones de la SCJN incurren en un error garrafal y en una grave contradicción respecto del derecho internacional, pues las mismas establecen que el proyecto de la soya transgénica puede tener un impacto profundo y nocivo en la cultura y el territorio de las comunidades, y sin embargo no integran la figura del consentimiento en el proceso ordenado de consulta a las comunidades.

Explica: “Hay una cosa en el ámbito de la consulta que se llama el consentimiento. Éste es el que hace vinculante [obligatoria] una consulta indígena. Si la Corte no te otorga el consentimiento, el resultado no es vinculante, y no hay reglas claras de cuándo debe entregar el consentimiento la Corte. Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional, el consentimiento se otorga cuando hay afectaciones profundas al medio ambiente o a las personas”.

Cabe decir que en 2012 Ma OGM presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y tres años después (luego de un cambio de titular de esta institución), ésta emitió la resolución, la cual recomienda al gobierno federal que se detenga la siembra de soya transgénica, porque se afectan todos los derechos que defiende Ma OGM, y recomienda también que se realice una consulta en los siete estados donde fueron dados los permisos de siembra.

Para el caso de la Península, en Campeche la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) iniciaron la consulta (satisfaciendo criterios de la SCJN y de la CNDH), y en Yucatán y Quintana Roo el proceso está en stand by. En Yucatán, las mismas comunidades se han negado a iniciar la consulta, pues previamente habían hecho una solicitud a la SAGARPA para que declare al estado como libre de transgénicos y están ahora pidiendo a SAGARPA que responda esta petición antes de la consulta.

Comenta el entrevistado que en Campeche la consulta se ha viciado la consulta, pues al ver la CIBIOGEM que no está consiguiendo la autorización de las comunidades, “empezaron a dividir a la población y en lugar de respetar el acuerdo inicial de hacer una consulta general con todas las comunidades, han querido hacer consultas comunidad por comunidad”.

Mientras tanto Ma OGM ha realizado durante varios años muestreos y encontró la presencia de siembra ilegal de soya transgénica e hizo demandas contra SENASICA, contra la SEMARNAT y otras instituciones y con esto se logró que el SENASICA revocara, en noviembre de 2017, el permiso de la siembra, ese permiso que ha provocado todas las polémicas y acciones jurídicas. Ante ello, Monsanto interpuso un recurso administrativo y SENASICA confirmó la revocación, luego Monsanto interpuso un juicio de nulidad y Ma OGM pidió ser parte del juicio como tercero interesado. “No queremos quitarle la vista a esto pues SENASICA y Monsanto en algún momento han sido aliados”.

“Hoy día los empresarios agrícolas de la Península están sembrando soya con semillas híbridas fundamentalmente; sin embargo, hemos hecho nuevos muestreos y hemos encontrado soya ilegal, transgénica, en porcentajes altos en algunas comunidades, más de 50%, en comparación con 10% que habíamos encontrado en años previos. Está prohibida, pero siguen sembrando”, se lamenta el entrevistado.