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Inclusión Social y Desarrollo

GDR México

Coordinadores de Comisiones presentan resultados de su diálogo

20 julio, 2015

Casio Luisselli asumirá la Secretaría Técnica de GDR México, a partir del primero de agosto de este año.


Rimisp. MÉXICO. Los coordinadores de Comisiones del Grupo Diálogo Rural México (GDR) dieron a conocer sendos documentos preliminares del trabajo de diálogo que han realizado. Ante el secretario técnico del GDR, Gustavo Gordillo, y ante Casio Luisselli, quien asumirá esta Secretaría Técnica a partir del primero de agosto, hicieron sus comentarios.

Comisión de Presupuesto

Coordinador: Héctor Robles Berlanga, quien es coordinador de la página Subsidiosalcampo.com. Secretario técnico: Isaí González, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Héctor Robles dijo que el documento de esta Comisión se compone de cuatro apartados: 1. Qué es el sector agropecuario y forestal; 2. Algunos problemas estructurales que ocurren el campo. 3.- Propuestas de lineamientos de política, como es presupuesto multianual, apoyos públicos en un marco donde se reconocen las diferencias en los tipos de productores, e inversión en bienes públicos (“puntos todos donde hay consenso de la Comisión”), y 4.-Propuestas de apoyo a la pequeña agricultura.

Reconoció que hay un diferendo en la Comisión sobre la idea inicial de promover una propuesta de que el Proagro (antes Procampo) acote su apoyo a 20 hectáreas y el Progama cien cabezas de ganado. Una parte de la Comisión pide ese acotamiento y otra parte dice que no debe haber tales límites, dijo.

Comisión de Mercados Agroalimentarios

Coordinador: Alfonso Cebreros Murillo, director de Relaciones Institucionales de Maseca, presidente de la Cámara Nacional del Maíz Industrializado (Canami) y miembro del Consejo Nacional Agropecuario (CNA). Secretario técnico: Ismael Dionisio Valverde Ambriz, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Alfonso Cebreros dijo que el documento de esta Comisión menciona cuál es la situación de los mercados agroalimentarios, afectados actualmente por factores tales como la volatilidad de precios y el cambio climático, y hace una reflexión de que en el país nunca hemos tenido una política de planeación, que establezca qué queremos sembrar y para qué mercados. “Dado que ha habido una baja generalizada en los precios de las materias primas, incluyendo los granos principales, hay molestia entre los productores por lo que consideran falta de apoyo del gobierno”, dijo y señaló que una solución sería pedir el fortalecimiento de apoyos públicos pero eso resulta difícil en el contexto de recorte presupuestario en el país, además de que debemos preguntarnos ¿productividad, a qué costos?, pues hay lugares como la costa de Sinaloa, deteriorada por el derrame de agroquímicos de este importante estado productor de granos y hortalizas.
Después del contexto, dijo, “vienen los consensos” relacionados con la agricultura por contrato y la inversión necesaria en bienes públicos(caminos, bodegas, investigación, extensionismo agrícola…). Precisó: en el presupuesto hay dos grandes rubros: Proagro y el dinero que maneja la agencia Aserca para apoyos a la comercialización. En el caso de Proagro, la propuesta es que sus fondos se vayan orientando poco a poco a financiar bienes públicos con una estrategia por regiones, por territorios.Y que parte de estos recursos sirvan para financiar proyectos productivos, y que se otorguen por concurso. “La idea es ir transformando las condiciones productivas y de vida en el campo. La política asistencial ha ayudado a prolongar la vida de los pobres pero no para mejorar sus condiciones”.

Señaló que el documento plantea también la propuesta de asociaciones público-privadas para financiar situaciones de rezago, como es la falta de infraestructura de almacenamiento y logística en Chiapas, que lleva a que el maíz se maneje en costales de yute (con problemas como la presencia de insectos y larvas en el grano cuando llueve), o la falta de escuelas de ferrocarril en Guanajuato, lo cual hace que los granos se transporten en autobuses de forma muy ineficiente.

Comisión de Articulación entre la Política Social y la Política Productiva

Coordinadora:Rosa Elena Montes de Oca, es miembro del Centro de Estudios sobre Biodiversidad y Medio Ambiente y del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM. Secretario técnico: Carlos Brown Solá, analista y consultor, maestro en economía por El Colegio de México.

Rosa Elena Montes de Oca dijo que el documento de esta Comisión tiene un prólogo, donde se revaloriza el mundo rural, con la idea de que han predominado ideas equivocadas en el sentido de que todos deberían aspirar a urbanizarse.“Hacemos énfasis en que en el medio rural se puede también vivir con dignidad y con el mismo o mejor nivel de ingresos”. Señaló que los pronósticos para 2030-50 es que el número de pobladores en México se estabilice y aumente la proporción de urbanos sobre rurales, pero en términos absolutos los habitantes rurales sumarán 30 millones de personas. Dijo que la revalorización tiene sustento en factores sociales, económicos y ambientales. Destacó estos últimos: “Las zonas rurales, en particular el sur, son el gran reservorio de la diversidad biológica, y (debemos cuidarlas) a riesgo de que todo se acabe”.También dijo que tenemos mayor potencial de incrementar la producción para el consumo interno de alimentos en las zonas campesinas que en las empresariales.

El documento, agregó, hace la consideración de que no podemos estar separando lo rural de lo urbano, pues desde hace mucho tiempo todo es un continuo. Y hace un diagnóstico de la situación social rural, con descripción de la pobreza y de la situación de los servicios sociales, poniendo énfasis en los indígenas, y en las mujeres, pues ellas cada día están más presentes como jefas de hogar, como productoras y como migrantes. Asimismo, hay un apartado sobre la seguridad alimentaria (sobre el acceso a los alimentos y la dependencia de productos básicos del exterior), y hay una mención a los jornaleros, los cuales son víctimas de un problema laboral, “aunque nos estamos haciendo los locos queriéndolo ver como problema social”.

Por último, el documento hace una propuesta de “una nueva estrategia de desarrollo rural que consiste en reformar las reformas, y nuestro énfasis está en las políticas sociales”. El planteamiento es que “tenemos que privilegiar la provisión de bienes públicos frente a los privados en el sector rural (…) pero sobre todo esto tiene que ir encabezado por no separar las políticas, no hacer compartimento estancos de políticas sociales y productivas, sino hacer una combinación de éstas que de veras permita un crecimiento de la producción, de la productividad y de la inversión en el campo, con proyectos que vengan de abajo, decididos por los productores”. Señaló que hay procesos en marcha, como el Programa Territorios Productivos (PTP), de PROSPERA y con colaboración de Rimisp, que están en esa línea y pueden dar enseñanzas. Dijo que en esto debe respetarse la diversidad étnica, regional, cultural y de género.

Por último, dijo que el documento propone que el Coneval realice evaluaciones rigurosas de impacto, y también monitoreo continuo, a los programas públicos rurales.

Comisión de Derechos Humanos

Coordinador: Diego de la Mora Maurer, quien es coordinador del área de Presupuesto y Políticas Públicas de Fundar-Centro de Análisis e Investigación. Secretaria técnica: Ana Joaquina Ruiz, profesora de la UNAM.

Diego de la Mora dijo que esta Comisión ha tenido un problema de convocatoria y ello ha limitado su avance.Dijo que el documento establece dos apartados, citando las violaciones graves a los derechos humanos que ocurren en el medio rural: uno es sobre los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), y otro se refiere a derechos civiles y políticos, pues “con las reformas y desde antes hay una afectación a los derechos sobre la tierra y el territorio de los campesinos, y hay una amenaza que cada vez se materializa más de expropiaciones para megaproyectos, minería, petróleo, etcétera”. El documento, agregó, trata de identificar las causas de las violaciones a los derechos humanos, luego divide las violaciones por grupos de población y por último hace propuestas.

“En la última reunión (de la Comisión) acordamos que nos parece que lo más grave,o la amenaza más grave es el caso del derecho a la tierra y territorio, pues la reforma energética dice que la actividad extractiva es de interés nacional y entonces puede tener consecuencias muy serias con posibilidad de expropiación, y aún más, uso de la tierra sin siquiera pagar por eso”.Dijo que esto es muy importante, “y por eso queremos dar mucho peso a las propuestas de derecho a la consulta libre e informada, con todas las características del derecho internacional”.

Por su lado Ana Joaquina Ruiz dijo que De la Mora y ella están actualmente en el proceso de equilibrar el documento, pues tiene un enfoque muy centrado en la parte de las violaciones a los derechos, y atendiendo una propuesta de una representante del Consejo Nacional de Prevención de la Discriminación (Conapred), participante en la más reciente reunión de la Comisión, Sonia Río Freije, se está incorporando en el documento alcances de políticas públicas en materia de derechos humanos.