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Inclusión Social y Desarrollo

GDR México

Comisión de Derechos Humanos avanza en documento de diagnóstico y propuestas

20 julio, 2015

Entre las propuestas de políticas públicas, el borrador del documento menciona la creación de un ombudsman visitador rural y acciones de política que regularicen tierra a favor de las mujeres.


Rimisp. MÉXICO. La Comisión de Derechos Humanos del Grupo Diálogo Rural México (GDR) celebró su tercera reunión de trabajo y allí los participantes dialogaron a partir del borrador del documento de diagnóstico y propuestas que han venido trabajando. Al final, acordaron integrar en el texto avances que se han tenido en materia de derechos humanos desde el gobierno, con el señalamiento de que éstos son perfectibles. Asimismo, se convino destacar dos aspectos en que es viable impulsar avances: el derecho a la consulta y el derecho a la tierra.

En el encuentro, realizado el 15 de julio en las instalaciones de Fundar-Centro de Análisis e Investigación, en la Ciudad de México, participaron José Valencia, asistente de Gustavo Gordillo de Anda, secretario técnico del GDR; Diego de la Mora Maurer, coordinador de la Comisión y coordinador del área de Presupuesto y Políticas Públicas de Fundar; Ana Joaquina Ruiz, secretaria técnica de la Comisión y ex miembro de Fundar; Sonia Ríos Freije, directora general adjunta de Estudios, Legislación y Políticas Públicas del Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación (Conapred), y Gustavo Sánchez, presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf).

Sonia Ríos planteó la necesidad de que el documento sea equilibrado entre las consideraciones de las organizaciones sociales y las del gobierno federal, y para ello debe integrar información de acciones que el gobierno federal ha realizado en materia de derechos humanos. Ofreció aportar bibliografía, aunque, aclaró, ésta no tiene un enfoque que haga distinción entre lo rural y lo urbano.

Entre los avances gubernamentales en esta materia, destacó experiencias de consulta pública realizadas por las secretarías de Energía (Sener) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanrat). Reconoció, sin embargo, que el país carece de una legislación que garantice el derecho de la sociedad a la consulta.

Gustavo Sánchez comentó que en el marco de encuentros internacionales realizados con organizaciones sociales con la temática forestal y de cambio climático donde él participa, y con miras a la 21 Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, se ha acordado enfocar los esfuerzos de diálogo y propuestas en cuatro temas que son críticos a escala global: el derecho sobre la tierra, el derecho a la consulta, los recursos (fondos) para indígenas y campesinos y la no criminalización de la lucha social.

Consideró que esta visión puede aportar ideas al documento de la Comisión de Derechos Humanos del GDR, a fin de hacerlo más concreto y con mayores posibilidades de efectividad en su incidencia sobre las políticas públicas.

Entre los elementos que destacan del borrador de la Comisión del GDR están la puntualización de las poblaciones más expuestas en el medio rural a la violación de derechos: indígenas (por carencia de políticas para atenderlos), mujeres (por la feminización del campo), jóvenes (por la emigración de personas en edad de trabajar), adultos mayores (por sus condiciones generales de pobreza y falta de protección social), pequeñas y pequeños productores (por violaciones al derecho a la tierra y al territorio), niñas y niños(tanto en el campo como cuando emigran) y avecindados.

También destaca una lista de las causas estructurales de la violación de los derechos humanos en el medio rural, a saber: 1. Nuevas tendencias del desarrollo (en política energética y extractiva, y monocultivo intensivo –con afectación de derechos agrarios-, modelos de consumo y desarrollo extractivista). 2.- Falta de participación de las poblaciones en la definición de políticas públicas; ausencia del derecho a la consulta en la Constitución. 3.- Entramado patriarcal vinculado a la propiedad de la tierra. 4.- Usos y costumbres que propician la expulsión de personas o familias de las comunidades.

Entre las propuestas de políticas públicas, el borrador del documento menciona: 1.- Creación de un ombudsman visitador rural. 2.- Ampliar los márgenes para que los titulares de la tierra puedan negarse legalmente a enajenarla para intereses de extracción energética. 3.- Acciones de política que regularicen tierra a favor de las mujeres.