Las trabajadoras del campo, las jornaleras, que se estima podrían sumar por lo menos 500 mil personas en México (de un total de tres millones de jornaleros hombres y mujeres), ven el Día Internacional de la Mujer desde dos ángulos: para algunas, muchas, pasa desapercibido, igual que Semana Santa, el Día del Niño o la Navidad, no porque la fecha carezca de importancia, sino porque su espacio de vida está en el surco –que representa vulnerabilidad absoluta– y no alcanzan a comprender en su totalidad la lucha por sus derechos.
Pero para otras tantas –que han sido sacudidas por situaciones particulares muy fuertes, como la violencia doméstica o el acoso sexual en el trabajo, y se han atrevido a denunciar– este día sí se conmemora y debería servir para “hacerse visibles” ante el gobierno y la sociedad.
Isabel Margarita Nemecio, coordinadora de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas y miembro del Grupo de Diálogo Rural México (GDR), describe a las trabajadoras del campo como “las invisibles dentro de las y los invisibles”.
Son mujeres, dice, “que destinan su fuerza de trabajo a cosechar productos que son de subsidio para la economía del país pero que están invisibilizadas por su mismo estatus migratorio, por su condición de género, por su pertenencia predominante a grupos indígenas, por su sexualidad (pues se casan muy jóvenes, responden a usos y costumbres culturales, son violentadas dentro y fuera del ámbito familiar) y por la precariedad laboral que enfrentan”.
La propia Ley del Trabajo las anula pues en su categorización de oficios, concibe a “los trabajadores del campo”, sin ninguna perspectiva de género. Y ocurre lo mismo con las instituciones, el gobierno y las políticas públicas; ninguna las hace visibles. Es cierto, agrega Isabel Margarita, en el campo las mujeres enfrentan situaciones igual de complejas que sus hijos, esposos y hermanos (exposición a agroquímicos; salarios precarios; insuficiente seguridad social; pobreza que los expulsa de sus zonas de origen, etcétera), pero su condición de género les aumenta el grado de vulnerabilidad y ello no está bien comprendido y reconocido.
“En una visita reciente a Sinaloa me tocó ver algunas compañeras con seis, siete y hasta ocho meses de embarazo trabajando en el campo, y eso es entendible porque, dicen, ‘de mi trabajo depende que mis hijos coman’. El Estado señala que en su situación no deberían trabajar, pero no les genera los mecanismos necesarios por lo menos de seguridad social. De cinco mujeres que vi en cinco campos agrícolas, ninguna tenía acceso a la seguridad social, y a la única que le vi un documento, tenía un pase con un sello que decía que no podía recibir la pensión por maternidad porque no cumplía la cotización. Eso es una condición que vulnera su situación de trabajadora embarazada, pues no accede a un beneficio que por ley debería tener”.
Igual que los hombres, en muchas ocasiones, debido a la naturaleza de los cultivos y periodos de cosecha, las mujeres deben duplicar jornadas laborales, pero ellas adicionalmente deben cumplir con las labores de cuidado del hogar y de la familia, lo cual las lleva a riesgos de salud. Pero la angustia por conservar su trabajo hace que guarden silencio, que no denuncien, como tampoco denuncian situaciones constantes en las explotaciones agrícolas y agroindustriales de acoso sexual. Y carecen de instancias que les den acompañamiento jurídico, social, económico, cultural, incluso sicoemocional. “Cuando sufren la pérdida de un hijo que pudo haber muerto en el surco, en el campo, o que el marido está enfermo, hay duelo por supuesto, pero ellas no pueden desfogar, llevan su carga, y una da por hecho que la vida sigue. Salen de un surco y se van con sus niños a trabajar otro cultivo o a otro campo o a otro estado, a seguir trabajando”.
A esto hay que agregar que la política pública está distanciada de las necesidades de las jornaleras. Programas sociales como PROSPERA (que enfrenta la pobreza) o el Seguro Popular tienen en sus orientaciones el “arraigar” a los beneficiarios en sus lugares de origen o residencia. Anteriormente PROSPERA aceptaba entregar los apoyos monetarios a algún familiar de las mujeres beneficiarias, pero ahora exige que ellas lo reciban. Así, obliga a las jornaleras migrantes a regresar a sus comunidades cada dos meses, lo cual implica gastos. “Observé cómo mujeres de Guerrero que estaban trabajando en Benito Juárez (municipio de Elota) o en Culiacán, en Sinaloa, debieron pagar entre 920 y mil cien pesos para regresar a sus pueblos tan sólo para recibir el PROSPERA, una iba con ocho meses y medio de embarazo y hoy ya nació su bebé (niña), pero sí tuvo riesgo de perderla debido a ese viaje”.
Entonces, esa política no contempla el enfoque de migración, de movilidad. Es una carencia que ocurre por las reglas de operación. Y es que en la lógica de PROSPERA y de otros programas sociales (que ofrecen paquetes de gallinas o puercos) está la idea de que los y las indígenas o población pobre permanezca en sus comunidades para que no sea vulnerada fuera de éstas, pero esos paquetes apenas sirven para autoconsumo. No se les ofrece opciones para que generen productos y abran canales de comercialización (adicionales a los que ya operan y que están cooptados y son impenetrables); esto es, nuevos mercados de economía sustentable, solidaria, de intercambio. “Tenemos entonces programas y políticas disfuncionales por la lógica con que operan”.
Por otro lado, comenta, hay programas del Servicio Nacional de Empleo, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los cuales ofrecen apoyos a las y los jornaleros migrantes para su transporte desde zonas de residencia a los campos agrícolas, los cuales en muchas ocasiones están condicionados a que las personas permanezcan en el trabajo durante el tiempo que el empleador requiera, cuatro, seis, ocho meses. “En principio, el transporte debería ser pagado por el empleador, por obligación, pero al ser sufragado con apoyo del Servicio Nacional de Empleo, lo que en realidad ocurre es que ese dinero sirve para ‘reclutar’, para garantizar mano de obra a los empleadores. Formalmente, se disfraza el apoyo de oportunidades de empleo a grupos vulnerables, y con argumentos de que se pretende que las empresas empleadoras garanticen estándares mínimos de derechos humanos. En los hechos nunca se vigila si las empresas están cumpliendo tales estándares. En las visitas que hago me toca ver albergues para los jornaleros en condiciones muy, muy deplorables. Así el Servicio Nacional de Empleo se convierte en una agencia reclutadora”.
Esto vulnera a la mujer cuando toma la decisión de migrar de su comunidad de origen, y es mucho más grave para quienes están moviéndose constantemente por las diversas rutas migratorias, en Zacatecas, Michoacán, Sinaloa, Coahuila, Morelos, en fin hay 20 estados de la República receptores de jornaleros y jornaleras. Algunos de estos trabajadores, que en mucha ocasiones se mueven en grupos familiares, cubren periodos de uno, dos o incluso cinco años de pasar de un campo a otro, de un estado a otro, antes de regresar a sus lugares de origen o residencia.
La entrevistada considera que en el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) hay un “vacío impresionante” respecto de las mujeres jornaleras. “Se habla de que ofrecen talleres y capacitación para que enfrenten la violencia por ejemplo. Pero estas mujeres migrantes, mayoritariamente indígenas y que atraviesan condiciones muy complejas, requieren otro tipo de acompañamiento, más integral, que considere su contexto de migración. Y pensemos que se trata no sólo de las jornaleras, sino de sus hijas y nietas, jóvenes, adolescentes y niñas que van con ellas a las zonas de trabajo y que entran también en condiciones de vulnerabilidad, incluso más graves debido a su edad”.
El estimado de número de jornaleras, de entre 500 mil y un millón, surge de información brindada por Isabel Margarita, en el sentido de que “la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al igual que las fuentes censales, hacen un subregistro de mujeres jornaleras. Según la ENOE en 2017, había 305 mil jornaleras, que representan 10% del total de jornaleros. Sin embargo, en mercados de trabajo específicos de cultivos de exportación, las mujeres jornaleras representan más de 35% del total. Son los casos de los mercados de trabajo de Sinaloa y Baja California. El registro de jornaleros por sexo es muy importante pues son las mujeres quienes sufren las ausencias de apoyos sociales”.
Cabe señalar que el GDR tiene como punto principal de abordaje la juventud rural, y su acceso a las políticas y los programas públicos de fomento productivo. Sin embargo uno de sus subtemas es el de jornaleros y jornaleras agrícolas, con miras a apoyar a este grupo en sus luchas por que se les garanticen sus derechos humanos.
