En medio de la información que relata la violencia cotidiana, que en los años recientes ha llegado a su clímax, en México hoy en día los medios de comunicación resaltan también los reportes y declaraciones relacionados con la desigualdad social, la necesidad de fortalecer los salarios y la urgencia de generar empleos decentes versus el trabajo informal y precario que ha venido en ascenso.
Estas por supuesto son preocupación de Rimisp, en particular del Grupo de Diálogo Rural México (GDR), que ha centrado su debate en los jóvenes rurales, sus aspiraciones y medidas y políticas a impulsar para empoderarlos.
Una de las notas destacadas de los días recientes refiere la emisión del informe Premiar el trabajo, no la riqueza, que elaboró Oxfam, y cuya base es una encuesta a más de 70 mil personas de diez países (incluido México), las cuales representan –según señala– a una cuarta parte de la población mundial. La encuesta reveló que más de tres cuartas partes de las personas están de acuerdo o muy de acuerdo en que la brecha entre ricos y pobres es demasiado grande.
Y es que, dice Oxfam, en 2017 “se produjo el mayor aumento de la historia en el número de personas cuyas fortunas superan los mil millones de dólares, con un nuevo milmillonario cada dos días. En 12 meses, la riqueza de esta élite ha aumentado en 762 mil millones de dólares. Este incremento podría haber terminado con la pobreza extrema en el mundo hasta siete veces. El 82% de la riqueza generada durante el último año fue a parar a manos del 1% más rico, mientras que la riqueza del 50% más pobre no aumentó lo más mínimo […] La riqueza extrema de unos pocos se erige sobre el trabajo peligroso y mal remunerado de una mayoría […] Los Gobiernos deben favorecer la creación de una sociedad más igualitaria a base de dar prioridad a los trabajadores y a los pequeños productores agrarios en vez de a los más ricos y poderosos”.
Para Oxfam, cuya Representación en México es parte de los co-convocantes del GDR México, “la crisis de desigualdad es una realidad”.
El reporte de Oxfam señala respecto de México que el coeficiente de Gini del país en 2014 aumentó de un 0.49 a un 0.69, o sea es mayor que el de Sudáfrica, caracterizado en el informe como uno de los países más desiguales del mundo (cuanto más próximo al valor 1 tiene este coeficiente, mayor es la desigualdad).
Es evidente que la población mexicana percibe la desigualdad. Según el reporte, “Cerca de dos terceras partes de las personas encuestadas [en el conjunto de diez países] piensan que la brecha entre ricos y pobres debe abordarse de manera urgente o muy urgente. Y muchos expresan una mayor urgencia: el 73% en India, el 79% en Sudáfrica, el 85% en Nigeria y el 93% en México opinan así”. En la encuesta a los mexicanos resaltó el interés por la creación de empleos con salarios decentes y al aumento del salario mínimo.
Cabe aquí mencionar algo que dice el Diagnóstico sobre la juventud rural en México y acciones para atenderles, elaborado por la Representación México y Centroamérica de Rimisp: “[…] alrededor del 30% de los jóvenes, hombres y mujeres [tanto urbanos como rurales] son trabajadores subordinados y remunerados que ganan entre uno y dos salarios mínimos; es decir, casi una tercera parte de los jóvenes reciben un ingreso laboral que a duras penas podría cubrir sus gastos de manutención y vivienda”.
El debate público sobre los salarios ha alcanzado incluso a la discusión de la renegociación en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y es que se percibe su grave deterioro (como ejemplo están las declaraciones del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, urgiendo a México a subir salarios, en pleno proceso de renegociación, https://elpais.com/internacional/2018/02/07/estados_unidos/1518025643_992646.html).
Una investigación del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, “México 2018: otra derrota social y política a la clase trabajadora” (http://cam.economia.unam.mx/1018-2/), que fue divulgada el 31 de enero pasado, señala que en 1987 un salario mínimo alcanzaba para comprar la canasta básica y al trabajador le restaban 19 horas y siete minutos para transportarse, comer, asearse, convivir con su familia, salir a pasear y dormir, entre otras actividades, y ahora el tiempo necesario para comprar esa canasta ha sobrepasado las 24 horas del día.
Esto llevó a que 69 asociaciones civiles agrupadas en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza presentara este mes de febrero un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que revise el salario mínimo que reciben 7 millones de trabajadores (formales e informales), el cual viola la Constitución mexicana así como tratados internacionales al estar 11 pesos por debajo del costo de la canasta básica. Previamente la asociación había recurrido con ese mismo propósito a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero ésta rechazó la petición. Rimisp es una de las agrupaciones que respaldan este recurso.
“Agotadas las instancias de la justicia nacionales, se reclama ante la CIDH una violación de derechos humanos que afecta a millones de personas al fijar el monto de los salarios mínimos (88 pesos diarios) por debajo de la línea de pobreza, una cantidad evidente y notoriamente insuficiente para satisfacer las necesidades básicas de una persona trabajadora y su familia en el orden material, social y cultural”, aseveró Acción Ciudadana (ver http://www.sinembargo.mx/08-02-2018/3383127).
El artículo 123 constitucional expone que el salario mínimo, fijado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), debe ser “suficiente” para satisfacer “las necesidades normales” de un jefe de familia.
Para el GDR las acciones a favor de salarios y empleos decentes y en contra de la desigualdad son prioridades.
