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Valoremos a los productores de pequeña escala: Héctor Robles

29 Mayo, 2017

Participa investigador asociado de Rimisp en foro de la Fundación Fredrich Ebert Stiftung sobre el futuro del sector agropecuario; agricultores de pequeña escala, predominantes en México, requieren ser tratados como “productores” no como “pobres”


Los productores de pequeña escala –también denominados agricultores familiares – son mayoría en México, representan 70% del total y cuentan con predios de cinco hectáreas o menos, pero están marginados de los programas de fomento productivo y son objeto casi exclusivamente de apoyos de tipo social; es decir, la política del gobierno les da trato de “pobres” y así ha sido por lo menos en las dos décadas recientes.

Héctor Robles Berlanga, investigador asociado de Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural y miembro de la alianza Valor al Campesino, afirmó esto y dijo que tener una política de gobierno con esta visión no ha dado buenos resultados; han crecido año con año los presupuestos públicos destinados al agro y en general al medio rural (en más de 170% en los 15 años recientes), pero la calidad de vida de los productores de pequeña escala y sus familias no ha mejorado y las estadísticas de pobreza del país –que se expresan en particular en el sur-sureste, donde están predominantemente esos campesinos– se mantienen sin cambio.

¿A dónde han ido todos los recursos presupuestarios”, se preguntó y afirmó: es hora de generar un cambio donde a los productores pequeños se les dé un trato de productores, no de pobres.

Robles Berlanga participó en la “Mesa de diálogo: El futuro del sector agropecuario en México – ¿Pequeños productores o grandes agro empresas?”, organizada por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES) en el Club France de la Ciudad de México el 24 de mayo. En el grupo de invitados estuvo Jorge Romero León, representante de Rimisp en México-Centroamérica; Gustavo Gordillo, investigador asociado de Rimisp, y César Suárez, investigador de Rimisp.

Además de Robles, presentaron ponencias Max Agustín Correa, secretario general de Confederación Campesina Cardenista (CCC), y Marco Antonio Galindo Olguín, director de Estudios Económicos del Consejo Nacional Agropecuario (CNA). El primero se centró en un llamado a establecer el enfoque de derechos humanos en las políticas para el campo (con temas tales como un salario mínimo para los jornaleros agrícolas y el respeto al derecho a la consulta de las comunidades indígenas, entre otros) y resaltó la condición de monopolios y monopsonios en varias ramas del sector agroalimentario y del comercio de alimentos en México. “Estamos exportando cada vez más berries, pero con trabajo esclavizado”, afirmó.

Por su parte, el representante del CNA –que agrupa a los consorcios agroalimentarios nacionales y trasnacionales, así como a organizaciones de agroproductores de tipo comercial- destacó indicadores del sector, tales como el hecho de que el agro otorga siete millones de empleos, esto es 14.5% del empleo nacional, y que la balanza comercial agroalimentaria e incluso la balanza agrícola registran superávit en los dos años recientes, lo cual contrasta con el déficit persistente que se tenía desde 1996 (en 1995 hubo superávit debido a la devaluación del peso en el marco de la crisis financiera de ese año). Destacó esto para evidenciar la importancia que tiene el agro en el panorama económico y social del país.

Un mapa de la República Mexicana que en el norte se colorea casi por completo con rosa y en el sur con morado fue una evidencia presentada por Héctor Robles para expresar cómo en el norte se concentran los recursos presupuestarios destinados a la vertiente de competitividad (color rosa, aplicados en su mayoría por la Secretaría de Agricultura) y en el sur los subsidios asistenciales (color morado, operados por la Secretaría de Desarrollo Social).

Para demostrar la importancia de los agricultores de pequeña escala, Robles brindó datos de la alianza Valor al Campesino (la cual agrupa a organizaciones campesinas y de consumidores, así como ONGs y académicos):

 “La pequeña unidad es predominante en el campo mexicano. De los cuatro millones 69 mil 938 Unidades de Producción (UP) con actividad agropecuaria o forestal, 67.8% son menores o iguales a cinco hectáreas. A pesar de sus condiciones precarias para producir y de la falta de apoyos económicos gubernamentales, genera el 39% de la producción agropecuaria nacional y siete de cada diez son productores de maíz (blanco y amarillo) y seis de cada diez de frijol. Además, estas pequeñas UP generan el 56.8% del empleo agropecuario, tanto el familiar como el contratado; producen alimentos sanos y nutritivos; mantienen la diversidad biológica, de manera fundamental la del maíz, base de nuestra alimentación; resguardan los recursos naturales, y son importantes abastecedoras de la agroindustria. Todo lo anterior lo realizan en sólo 16.9% de la superficie laborable de nuestro país, muchas de ellas en condiciones de temporal y con escasos apoyos de la vertiente productiva.”

 Gustavo Gordillo señaló que la coexistencia de productores de pequeña escala y de agricultores empresariales, así como la situación de monopolio y monopsonio señalada por Correa, son realidades coexistentes que no pueden ni deben ignorarse. Pero es necesario preguntarnos si es posible seguir alimentando este modelo de producción y de apoyos públicos y por cuánto tiempo. Sobre todo por la situación de deterioro grave de los recursos naturales que tenemos (agua, suelo). Y considerando también que en el medio rural de México vive 38% de la población (si se toma en cuenta la clasificación de rural para localidades de 15 mil habitantes o menos, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE) o el 22% (según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, que considera rural a las comunidades con menos de dos mil 500 habitantes).

 “¿Es posible sustituir este modelo? ¿Cuál es la coalición política que podría generar un ajuste?”, preguntó Gordillo.

 Otros participantes del encuentro pusieron de relieve que la política agroalimentaria integre el enfoque de derechos humanos de manera transversal, a fin de fortalecer la producción sostenible y un cambio en los patrones de consumo, a fin de proteger el planeta. Ello, dijeron, es parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, con los cuales México está comprometido formalmente.

 

Subsidios a la productividad (rosa) y apoyos asistenciales (morado)