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Quienes son las mujeres indígenas en Chile

31 Octubre, 2017

Actualmente, el 9,2% de las mujeres que residen en el país se identifican como parte de los nueve pueblos indígenas reconocidos por la ley chilena, acercándose a una población de 850.000 cuya mitad se constituye por niñas y jóvenes[1] (Casen, 2015). Se trata de mujeres de distintos pueblos que existen en el actual territorio nacional desde tiempos precolombinos: “la Mapuche, Aimara, Rapa Nui o Pascuenses, la de las comunidades Atacameñas, Quechuas, Collas y Diaguita del norte del país, las comunidades Kawashkar o Alacalufe y Yámana o Yagán de los canales australes.” (Art. 1, Ley 19.253). Constituyen por tanto un grupo heterogéneo que se distribuye en todas las regiones del país, si bien la mayoría pertenece al pueblo Mapuche (el 83%), y reside entre la Región Metropolitana, La Araucanía y Los Lagos (respectivamente el 31%, 19% y 13%).

[1] El 52,1% es menor de 30 años.


La actual condición de la mujer indígena en Chile se inserta en un contexto histórico de discriminación y exclusión de los individuos y comunidades indígenas en el ejercicio de los derechos sociales, económicos y políticos, que se manifiesta en tasas de pobreza por ingresos y multidimensional que se acercan respectivamente al 18% y al 30% frente al 11% y 20% de las mujeres no indígenas. Esta situación resulta agravada por desigualdades de género, las cuales se expresan en tendencias nacionales que caracterizan la mujer tanto indígena como no indígena, tal como las bajas tasas de participación laboral, los altos índices de violencia intrafamiliar y la escasa representación política (INE, 2016; Casen; 2015; Subsecretaría de Prevención del Delito, 2017; CONADI, 2015).

Estas inequidades de género y étnicas se insertan al mismo tiempo en contextos territoriales específicos, caracterizados por distintas dinámicas de interacción entre: i) las actividades económicas que se desarrollan en el territorio; ii) los actores territoriales y sus formas de agencia individual y colectiva; iii) las reglas e instituciones tanto formales como informales que regulan el comportamiento de los actores (Berdegué et al., 2012; Rimisp, 2016). Las interacciones entre estos elementos territoriales determinan diferentes oportunidades para las mujeres de participar y beneficiarse del desarrollo de sus territorios (Cortínez, 2016; Paulson, 2013; Paulson & Equipo Lund, 2011).

La intersección entre las brechas de género, étnicas y territoriales se hace más evidente en las áreas rurales del país. En los territorios rurales de Chile reside cerca del 23% de las mujeres indígenas, con porcentajes más relevantes en las regiones de La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos. En estas áreas, ellas enfrentan mayores dificultades de acceso a trabajos e ingresos seguros, a viviendas en condiciones aceptables de habitabilidad, a la educación y a la atención médica. Así, si en las áreas urbanas el 49% de las mujeres indígenas mayores de 18 años son desocupadas o inactivas, en las zonas rurales este porcentaje alcanza el 71% de las mujeres, frente al 31% de los hombres indígenas (Casen, 2015). En el país, la participación laboral de la mujer tanto indígena como no indígena, resulta principalmente limitada por la distribución desigual de las tareas domésticas y de cuidado (INE, 2016). Sin embargo, en el caso de mujeres indígenas, el acceso al trabajo es ulteriormente restringido por la falta de títulos educativos formales. Efectivamente, a pesar de las mejoras en el acceso a la educación de las generaciones más jóvenes, sus índices de alfabetización y escolaridad siguen siendo más bajos que los de las mujeres no indígenas, destacándose un 6% que no sabe leer ni escribir, frente al 3% de las no indígenas (Casen, 2015).

Aunque cuando las mujeres puedan acceder al trabajo, la probabilidad que este sea informal, inestable o con bajos ingresos es mayor que en caso de los hombres, persistiendo a nivel nacional una brecha salarial del 27%, que se mantiene a paridad de nivel educativo. Esta probabilidad es aún más alta para las mujeres indígenas, especialmente si son rurales, siendo que sus ingresos principales derivan de actividades vinculadas con la agricultura y el comercio. En línea con lo anterior, resaltan índices de pobreza por ingresos y multidimensional significativamente más altos en el caso de las mujeres indígenas rurales, respectivamente el 33% y 52%, frente al 14% y 23% de las urbanas (Casen, 2015).

Por otro lado, la seguridad de los ingresos y las condiciones de vida de las mujeres indígenas rurales se encuentran afectadas por una grave preocupación con respecto a la tutela de los derechos de los pueblos sobre sus territorios ancestrales y recursos naturales asociados, frente a las empresas extractivas y al Estado, que frecuentemente conduce a fenómenos migratorios hacia las ciudades y centros intermedios.

En este escenario, las mujeres indígenas tanto en áreas urbanas como rurales, han ido fortificando su rol tradicional de gestoras y protectoras del patrimonio de sus pueblos, a través de la enseñanza de la lengua, las prácticas de salud y educación tradicionales, la administración del patrimonio natural o arqueológico, la artesanía, la gastronomía, la poesía, la danza y otras prácticas. A la vez, estas actividades asociadas a la puesta en valor del patrimonio cultural y natural de los pueblos indígenas, constituyen un espacio relevante de participación laboral, permitiendo a las mujeres de manera individual, pero especialmente a través de iniciativas asociativas, aumentar sus ingresos (Ranaboldo y Leiva, 2013).

Finalmente, su creciente participación, organización y liderazgo en la lucha para la afirmación de los derechos de sus pueblos y territorios ha ido fortificando su rol de líderes haciéndose participes de nuevos procesos y agendas comunitarias, territoriales y nacionales en debate hoy entre los pueblos indígenas y las instituciones ad hoc del país.