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La atención a territorios y contextos de las familias pobres, prioritario para afrontar la exclusión social: Ignacia Fernández

25 Abril, 2018

La Directora Ejecutiva de Rimisp participó en un conversatorio sobre la marginación en México, realizado en el Senado de la República; habló del Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad y esbozó propuestas de políticas integrales para afrontar la exclusión en México.


Ante el problema de la marginación y pobreza, las políticas públicas deben atender no sólo la situación de los individuos o de las familias, sino también de los territorios y buscar soluciones sostenibles en el tiempo, las cuales implican fortalecer la capacidad de las personas y las comunidades de tener voz y ejercer derechos; “de expresarse y exigir, y eso requiere organización, capacidad de diálogo y participación”, afirmó Ignacia Fernández, Directora Ejecutiva de Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.

En el conversatorio “La marginación en México, retrospectiva de una década”, realizado el 18 de abril en el Senado por convocatoria del Instituto Belisario Domínguez (IBD) y la Comisión Especial de Zonas Marginadas de la Cámara Alta, Ignacia Fernández resaltó la importancia de favorecer el empleo del término “exclusión social” sobre el de pobreza y marginación, por razones fundamentales y no solo de semántica:

“Partimos de una constatación del carácter estructural de la pobreza; no se trata de resolver carencias o atender caso por caso el tema de ingresos monetarios. Es mucho más que eso. El problema tiene que ver con la falta de acceso a espacios de poder y de decisión, a oportunidades políticas y laborales; lo cual genera y perpetúa trampas de pobreza y de desigualdad, y evidentemente esto tiene un corolario de políticas importante, pues la resolución no es sólo atender fenómenos individuales, hogares aislados, sino atender la desigualdad y atender el acceso desigual a bienes, servicios y activos económicos, sociales, culturales y políticos”.

Esta visión contrasta con las soluciones de corto plazo, y con esquemas individualizados, que por la vía de entregar dinero mejoran indicadores y estadísticas de ingreso, pero no atienden la condición de las familias de una manera sostenida, dijo.

Ignacia Fernández presentó su ponencia en la mesa de “Retos y recomendaciones para enfrentar la marginación en México”, donde compartió con Gerardo Esquivel y Raymundo Campos, académicos de El Colegio de México. Allí comentó que la Oficina de Representación de Rimisp en México está trabajando en una propuesta de un “fondo único” de apoyos de fomento productivo para el medio rural, para evitar la dispersión, fragmentación y desarticulación que se observa en la gran cantidad de programas vigentes que existen para el campo.

Se refirió al Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad, que desde 2011 Rimisp edita cada dos años. “Este Informe muestra cómo las grandes cifras nacionales ocultan brechas gigantescas entre los territorios dentro de cada país en dimensiones diversas –salud, educación, seguridad ciudadana, ingresos/pobreza, dinamismo económico y empleo”.

Lo que el Informe ha encontrado, y no sólo para cada periodo bianual que reporta, sino a lo largo de todos estos años, indicó, “es que en todas las dimensiones siempre los territorios rezagados tienen el mismo perfil en todos los países de la región. Son predominantemente rurales, pequeños, con alta presencia de población de grupos étnicos (indígenas y afrodescendientes), con mayor proporción de jóvenes menores de 15 años. Y, agrupados, son territorios rurales que representan una problemática de carencias para la cual las políticas públicas de los países de la región no están dando respuesta adecuada. Son grandes concentraciones territoriales más o menos en la misma situación de personas con altas carencias no sólo de ingresos, sino de condiciones básicas para resolver el acceso a los alimentos”.

Resaltó un punto: “sabemos que la pobreza rural alimentaria casi duplica a la urbana, y que las mujeres tienen serias dificultades pues ni siquiera poseen las tierras que trabajan, menos del 20% de la propiedad agrícola está en manos de ellas. Entonces tienen menos voz, más dificultades de participación y una evidente mayor inseguridad alimentaria. Y la situación se agudiza cuando las dificultades se intersectan: ser mujer, joven, jefa de hogar e indígena es una condena absoluta a la pobreza, a la exclusión”. Las mujeres rurales comparten con los jóvenes rurales y los grupos étnicos la característica de grupos excluidos.

Precisó que Rimisp no plantea que las soluciones a los problemas de exclusión estén solo en programas de desarrollo territorial. “El planteamiento que hago es que en esta perspectiva de un problema múltiple, complejo y de carácter estructural, la solución no pasa exclusivamente por la dimensión institucional del problema, ni por la económica, ni por la participación social o generación de capital social, sino por una interacción de los tres factores”. Ejemplificó con algo observado en el Informe Latinoamericano 2015, el cual se enfocó a la situación de las mujeres. “Nos preguntábamos ¿qué hacen las políticas para cerrar las brechas de género? Tratan de resolver desventajas en puntos tales como años de escolaridad, o menor formación laboral. Pero esas mujeres [en pobreza] están insertas en un contexto territorial determinado y hay ciertos lugares donde el tipo de empleo que se genera no contrata mujeres o donde el acceso que hay a jardines de niños o guarderías es escaso respecto de otros lugares. Entonces debemos no sólo atender a las mujeres como individuos, sino hacernos cargo también de su contexto y por tanto de los factores estructurales”.

Habló de la necesidad de impulsar en México y en general en la región de América Latina una política activa e intensiva de generación de bienes públicos territoriales, de manera tal que se creen condiciones positivas en los territorios, y que el territorio no sea un factor determinante de las oportunidades que la política pública puede ir resolviendo de manera individualizada.

“Podríamos resolver todos los problemas de fragmentación y desarticulación que caracterizan a los programas públicos rurales y sociales dirigidos a individuos, pero si no invertimos también en bienes públicos territoriales, como infraestructura, caminos, condiciones mínimas de mercado, de acceso a puertos, de acceso a lugares de comercialización de los productos que allí se producen, no vamos a resolver este doble carácter del problema”.

Ello debe ser combinado con reformas institucionales. La exclusión es un asunto muy complejo que no puede ser resuelto por un solo ministerio (secretaría), sino por una visión integrada, y además debe frenarse la fragmentación de los programas públicos. Ignacia Fernández recordó que Rimisp trabajó durante el actual sexenio con PROSPERA, en el diseño y operación de un programa piloto, Territorios Productivos, que buscó integrar los programas de fomento productivo al esquema PROSPERA, para inducir a que los beneficiarios salieran de la condición de pobreza por medio de su trabajo. Pero resultaron muchas dificultades de dispersión y captura de los mencionados programas productivos, y esas dificultades persisten. De allí la propuesta que ahora se trabaja de un fondo único de recursos para el agro, que debe ser acompañado de una mejor gobernanza local, o sea del fomento de la participación y la garantía del ejercicio de voz y de derechos en los pobladores de las localidades rurales.

La Directora de Rimisp concluyó con una frase: “La mejor política pública se hace dialogando. No solo la hace el gobierno o el Congreso, o el sector privado, o la academia, o las organizaciones, sino todos; por ello los espacios de diálogo son valiosos, permiten pensar y reflexionar para implementar soluciones que se hagan cargo de la integralidad en las políticas y avanzar en la resolución de los problemas de exclusión social”.