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Migración: perspectiva desde México

Jorge Romero León: “Generar desarrollo y frenar la criminalización de migrantes, tareas urgentes para la política pública”

15 Febrero, 2017

“Son múltiples los retos que en materia de política pública plantea el tema de la migración y las deportaciones tanto de centroamericanos y personas de otras nacionalidades en tránsito por México, como de mexicanos y de familias mixtas mexicano-estadounidenses asentados en los Estados Unidos”, afirmó Jorge Romero León, Director para México y Centroamérica de Rimisp. 


En su exposición para un programa de la televisión pública, Jorge Romero León subrayó la urgencia de generar políticas públicas para ofrecer un trato digno a los migrantes, evitar que se les criminalice por el simple hecho de buscar oportunidades de vida en el norte y, sobre todo, generar condiciones de desarrollo económico en las comunidades expulsoras. La forma en que actúa México hoy sólo profundiza la crisis humanitaria que enfrentan las personas migrantes.

En mancuerna con Carla Pederzini Villarreal, académica de la Universidad Iberoamericana, Romero León participó en la grabación de un programa de diálogo, “Opinión 16”, para el canal digital Una Voz con Todos, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Los expositores abordaron el tema “Migración: perspectiva desde México” como parte de de un bloque de programas que abordan los “Desafíos bajo la presidencia de Donald Trump”.

En el programa, que se transmitirá próximamente por el canal 14.1 de la televisión pública, y que fue conducido por Óscar Sandoval Sáenz y Gabriel Bauducco, Romero León hizo algunos planteamientos centrales:

Entre 350 mil y 400 mil personas de Centroamérica y del resto del mundo transitan por México para llegar a Estados Unidos cada año; de ellas, casi la mitad son detenidas y deportadas desde México, no sólo desde Estados Unidos. Una proporción cada vez mayor de migrantes en tránsito por México es del resto del mundo, y no de los tres países del Triángulo del Norte en Centroamérica (Guatemala, Honduras y Salvador). Como país, estamos jugando un papel en la política de control de los EEUU, en la que se ha llamado ‘política de corresponsabilidad’. México ejerce controla flujos migratorios en coordinación con Estados Unidos desde 1998, pero esta estrategia se ha fortalecido desde que echó a andar la Iniciativa Mérida, en 2005-06, y con la puesta en operación de un programa nuevo en 2013 que específicamente busca controlar los flujos de migrantes centroamericanos en tránsito por México. Esto ha representado un aumento consistente en el número de personas del Triángulo del Norte detenidas y deportadas entre 2013 y 2016.

¿Qué tenemos preparado para enfrentar la dinámica demográfica y de violencia que está generando el enorme flujo de migrantes en tránsito por México? Hay que entender que la migración de centroamericanos en tránsito por México no se va a detener pronto, pues es motivada por altísimas tasas de violencia en el Triángulo del Norte, y una extraordinariamente alta proporción de niños y jóvenes que no tienen opciones productivas ni de ingreso (alrededor de 60% en Guatemala). Si la migración representa oportunidades de desarrollo ¿Por qué no exploramos alternativas a la detención y deportación?

La política de corresponsabilidad tiene fuertes costos. La crisis humanitaria es innegable: el número de solicitudes de asilo en México subió de tres mil 500 en 2015 (año en que ya se había duplicado) a ocho mil en 2016. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) prevén que la cifra llegará a 22 mil en 2017. El 72% de estas solicitudes son aceptadas, pero la mayoría de las organizaciones que trabajan con los migrantes demandantes de asilo consideran que deberían aceptarse más solicitudes, y atenderse más casos.

En suma, en México, debemos establecer políticas de reinserción de repatriados, de prevención de las condiciones de migración, de atención a la violencia que enfrentan las y los migrantes y de mitigación de las crisis que genera el tránsito de una manera integral, que hasta ahora no se ha planteado. Por eso la actual crisis representa una gran oportunidad. Hay que establecer políticas de apoyo a los países de origen, en este caso los del Triángulo del Norte, y también en México, de tal forma que en las comunidades que expulsan personas y familias se trabaje para generar oportunidades de empleo e inclusión productiva. Además son necesarias políticas que impidan que quienes están en tránsito se vean criminalizados, sean víctimas del crimen organizado y sujetos de violaciones graves a sus derechos humanos por parte de nuestras autoridades. Hoy la ‘política de corresponsabilidad’ genera y habilita estas condiciones, y por tanto profundiza la crisis humanitaria.

Es importante conceptualizar correctamente el problema de la migración. Debido al giro en el discurso oficial de los Estados Unidos ocasionado por la llegada de la administración Trump, existe la percepción de que hay un vínculo entre criminalidad y migración. Eso es falso. También se menciona que la mayoría de migrantes son miembros de pandillas. Igualmente falso.

Los más recientes informes sobre deportaciones desde Estados Unidos indican que en 2015, mil de los 235 mil deportados, esto es menos de 0.5%, eran miembros de pandillas; en 2016, el dato fue dos mil 17, de un total de 240 mil. En Estados Unidos opera desde 2005 una política para meter a la cárcel a los migrantes por el “crimen” de migrar. Hay tres condiciones por las cuales migrar sin papeles hace “criminal” a la persona: cuando cruza sin papeles, cuando cruza indocumentado una segunda vez, después de haber sido deportado (y esto implica cárcel de 18 a 24 meses) y cuando se ingresa con papeles falsos. El 52% de todos los casos legales llevados en EEUU ante un juez el año pasado fueron “crímenes” de migración. Sumaron 69 mil 636.

Deberíamos preguntarnos en México por qué el cruce ilegal de frontera es considerado aquí un antecedente penal y por qué no hemos puesto el grito en el cielo desde antes para tratar mejor a los mexicanos que son encarcelado entre 18 y 24 meses con un costo anual de 45 mil dólares, por el “crimen” de reincidir en su intento por llegar a Estados Unidos.

La importancia de la comunidad mexicana trasnacional va mucho más allá de las remesas. Suman 12.4 millones los nacidos en México que viven en Estados Unidos con permanencia autorizada y no autorizada (alrededor de 10% de la población mexicana). Pero en realidad el número de mexicanos de primera y segunda generación que se identifican con esta nacionalidad es de 30 millones. 6.2 millones de mexicanos son indocumentados pero todos los demás cuentan con papeles o son ciudadanos con doble ciudadanía o que podrían acceder a la ciudadanía mexicana por ser hijos de mexicanos. El reto que esta realidad plantea es enorme. Y no se trata sólo de preguntarnos qué vamos a hacer al recibir a los deportados y a los hijos de mexicanos, con ciudadanía estadounidense, que vengan a México. El reto pasa por entender que esta es una comunidad trasnacional, por defender los intereses de esta comunidad transnacional allá, y por construir alianzas aquí y allá para defender los intereses de estas familias mixtas. Hay 3.3 millones de familias mixtas mexicano-estadounidenses. Hay seis millones de estadounidenses que nacieron en familias donde por lo menos uno de los padres es indocumentado. Alrededor de 5.7 millones de estos seis millones es menor de 18 años de edad; si deportan a uno o a ambos padres, habrá un costo extraordinario para el propio Estados Unidos. Y si deportan a ambos padres, y quedan los menores en Estados Unidos, lo más seguro es que esos padres intenten regresar a Estados Unidos y lo que va a pasar es que los pueden meter a la cárcel entre 18 y 24 meses. Es imprescindible que en México nos preguntemos cómo podremos defender mejor la situación de estas familias mixtas.