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Editorial: Participación para la transformación de los territorios

29 Septiembre, 2017

Los procesos de profundización de la democracia han exigido sostenidos esfuerzos a nuestra sociedad para avanzar en la calidad de las instituciones políticas, los sistemas de gobernanza, las políticas públicas, la participación de los actores, con foco en el ejercicio activo de una ciudadanía basado en derechos y corresponsabilidades.


 

Por: Fabiola Leiva
Coordinadora Grupo de Trabajo Diversidad Biocultural y Territorios

 

Los procesos de profundización de la democracia han exigido sostenidos esfuerzos a nuestra sociedad para avanzar en la calidad de las instituciones políticas, los sistemas de gobernanza, las políticas públicas, la participación de los actores, con foco en el ejercicio activo de una ciudadanía basado en derechos y corresponsabilidades.

Es este régimen político hoy que reconocemos para el desarrollo, entendido como la “ampliación de las capacidades de las personas a través de la expansión de sus libertades, para que puedan actuar y decidir sobre sus propias vidas” (Berdegué y Modrego 2012). En ello, la participación de los actores, los sistemas de acuerdos y la gobernanza son claves.

En nuestra región, con amplias y extendidas desigualdades, no podrá entenderse entonces el fortalecimiento de la democracia y la promoción del desarrollo sin la participación activa y empoderada de los actores territoriales y en ellos los grupos más excluidos ¾mujeres, jóvenes, indígenas¾ exigen de instituciones como Rimisp la reflexión, análisis y acción para articular y facilitar procesos que los posicionen como agentes activos de cambio y transformación en sus respectivos espacios de acción. Esto, en un marco de respeto a los derechos humanos—civiles, políticos, económicos, sociales y culturales— y de superación de cualquier forma de exclusión, discriminación o desigualdad.

En Rimisp el desarrollo territorial exige procesos de transformación productiva y fuertes cambios institucionales a partir de la concertación de los actores locales entre sí y entre ellos y los agentes externos relevantes, como la atención a procesos que tienen que ver con modificar las reglas del juego e involucrar a actores propios del gobierno junto con actores externos y propios del territorio.

Esta preocupación por el fortalecimiento institucional, el perfeccionamiento de los sistemas de gobernanza de las políticas, y la participación e inclusión de los actores territoriales ¾públicos, privados pero también de la sociedad civil¾ para nuevas reglas institucionales, copa también a las agendas de los organismos internacionales como el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en dialogo con los gobiernos de la región.

En el Informe sobre el Desarrollo Mundial 2017 (Banco Mundial, 2017), se fortalece la idea de que “los cambios se producen a lo largo del tiempo a medida que se forman coaliciones entre los distintos actores”, en ello “la participación de los ciudadanos en la gobernanza local puede ser decisiva para mejorar la calidad de las deliberaciones y la legitimidad de las decisiones”, corrigiendo así asimetrías donde la participación ciudadana aporta justamente a modificar la distribución de poder.

Por su parte, la Agenda 2030, en su objetivo “Paz, justicia e instituciones fuertes” indica que se necesitan “sociedades e instituciones inclusivas y participativas”, aspirando a promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.

Acciones en materia de fortalecimiento y desarrollo de capacidades, procesos participativos en los sistemas de planificación, espacios de dialogo y reconocimientos de los saberes y conocimientos territoriales, y construcción de agendas consensuadas con los diversos actores territoriales, con especial voz de aquellos más excluidos, significan cambios y aportes para la transformación institucional, como el proceso actual de levantamiento y posicionamiento de una Agenda Política para el empoderamiento  y desarrollo de las mujeres indígenas en Chile, impulsada por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) en acuerdo con ONU Mujeres, el apoyo de Rimisp y la voz y liderazgo de mujeres representantes de los 9 pueblos indígenas del país.

En esto, el poder de los ciudadanos para incidir en nuevas reglas institucionales y agendas es primordial. Los modos de participación ciudadana como las elecciones, la organización política, los movimientos sociales, y la participación y deliberación directas, requieren complementarse entre sí. No se tratará entonces solo de mecanismos y sistemas de participación e información, y acciones innovadoras ¾ como línea base ¾ sino de la capacidad de los actores ciudadanos de actuar y decidir sobre sus propias vidas.

Muchos desafíos guían una agenda futura, entre ellos las capacidades para empoderar y construir esas voces y acciones locales, y visibilizarlas en las arquitecturas institucionales actuales como requisito para nuestra democracia.