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Colombia

Desafíos territoriales para la implementación de políticas públicas

3 noviembre, 2016

“A medida que aumenta la ruralidad de los municipios, la distancia a nodos dinamizadores incrementa drásticamente. Los municipios postconflicto están a 81 km del nodo dinamizador. Lo anterior dificulta la integración de actividades e infraestructura, y, por tanto, la convergencia regional. Adicionalmente, se debe reconocer que, en los últimos 20 años, lo rural se ha circunscrito a lo agropecuario y dejando una ausencia en términos de políticas integrales y multisectoriales orientadas a brindar mejores condiciones de vida, oportunidades y desarrollo para los habitantes rurales”, señaló Ángela Penagos.

Seminario Internacional Tierras y Paz Territorial

En el marco del Seminario Internacional, Tierra y Paz Territorial realizado por el Observatorio de Tierras de la Universidad del Rosario el pasado 26 y 27 de octubre, Ángela Penagos Directora de la oficina de Colombia, participó con la conferencia Desafíos territoriales para la implementación de políticas públicas en un escenario de construcción de pazEl objetivo de la actividad fue indagar sobre las condiciones necesarias para la sostenibilidad de un eventual escenario de posconflicto, teniendo como fundamento, la paz territorial.

La exposición inició con un contexto sobre la desigualdad territorial en el país señalando que los municipios del Postconflicto muestran diferencias importantes con respecto al promedio nacional, en variables de geografía económica, estructura económica, incidencia e intensidad de la pobreza, estructura fiscal y convergencia regional.

En particular, Penagos mencionó que, según un estudio realizado por Rimisp estos municipios se diferencian del promedio municipal a nivel nacional en mayor ruralidad, mayor distancia a ciudades y menor densidad poblacional y densidad vial, menor PIB y PIB per cápita, menor participación del sector agropecuario y de la industria; mayor pobreza (incidencia e intensidad) tanto rural como urbana; mayor presencia de población étnica, menor participación de recursos propios y mayor participación de regalías, mayor presencia de cultivos ilícitos y de grupos armados ilegales.

“A medida que aumenta la ruralidad de los municipios, la distancia a nodos dinamizadores incrementa drásticamente. Los municipios postconflicto están a 81 km del nodo dinamizador. Lo anterior dificulta la integración de actividades e infraestructura, y, por tanto, la convergencia regional. Adicionalmente, se debe reconocer que, en los últimos 20 años, lo rural se ha circunscrito a lo agropecuario y dejando una ausencia en términos de políticas integrales y multisectoriales orientadas a brindar mejores condiciones de vida, oportunidades y desarrollo para los habitantes rurales”, puntualizó Penagos.

En términos de políticas públicas y competencia en desarrollo rural, mencionó que están concentradas en el orden nacional dificultando el enfoque territorial. La tendencia reciente es que el ministerio sectorial concentra la ejecución del presupuesto de inversión. De hecho, la Misión para la Transformación del Campo y el Plan Nacional de Desarrollo recomiendan desconcentrar el gasto y avanzar en la creación de un aparato institucional que responda más a esta realidad.

Según la Directora de la Oficina en Colombia, los instrumentos y las instituciones que se desarrollen deben apuntar a los siguientes objetivos:

• Políticas de transformación de las estructuras productivas: dejar la alta dependencia de los ingresos provenientes de las actividades agropecuarias y fortalecer el desarrollo de bienes y servicios.
• Fortalecer los vínculos urbano – rurales en términos de flujos de bienes y servicios de forma que los pobladores rurales se puedan beneficiar de los mercados urbanos y que reconozcan los atributos de la ruralidad.
• Ordenar social, productiva y ambientalmente el territorio.
• Identificar territorios pertinentes para la conformación de subregiones con miras a la transformación territorial, debe tener en cuenta por lo tanto la existencia de nodos o ejes dinamizadores que potencien al mismo tiempo la articulación con los mercados, y la potencialidad de interacciones económicas, sociales y políticas entre los actores del territorio.
• Avanzar en la implementación de la política integral de tierras, sin desconocer la importancia de la seguridad jurídica, la administración y la información.
• Establecer condiciones que favorezcan el desarrollo de la pequeña, mediana y gran empresa agropecuaria.

El panel contó con la participación de Rocío Peña, investigadora del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, quien afirmó que después de analizar el despojo rural en Colombia y las sentencias de restitución de tierras, las instituciones normativas en son fundamentales para el despojo legal de las tierras. “Es decir los despojadores usan el derecho para despojar las tierras. Quien tiene acceso a las leyes y a la información, le quita la tierra quien no la tiene” afirmó Peña.

El Seminario Internacional destacó la apuesta de la Reforma Integral Agraria que plantea el punto 1 de los Acuerdos de Paz de La Habana. No obstante, el país sigue dialogando y buscando caminos que le permitan avanzar en su implementación.