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Cohesión Territorial para el Desarrollo

Propuestas

 

Elegir por sufragio popular al
Intendente Regional

Descentralización política y capacidades públicas – Egon Montecinos

Elegir de manera directa al Intendente es una necesidad para garantizar la legitimidad y representación territorial en la acción de gobierno en la región, lo cual no es excluyente con mantener un representante directo e inmediato del presidente de la república en regiones, principalmente porque se debe garantizar la implementación de políticas nacionales en espacios territoriales, especialmente cuando se pueden generar situaciones donde gobiernos regionales pueden entrar en tensión con gobiernos nacionales. El primer desafío pasa por la incorporación de otros actores territoriales en el proceso de construcción de políticas públicas regionales. La deliberación de los asuntos territoriales con participación activa de actores sociales y productivos, con el actual diseño está lejos de ser una realidad política.

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Crear por ley un Fondo de Convergencia
Regional para apoyar el desarrollo de los
territorios más rezagados en materia de
desarrollo socioeconómico

Financiamiento del desarrollo – Sergio Granados y Jorge Rodríguez

Este Fondo sería complementario al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), pues consideraría como criterio básico para la asignación de recursos las brechas existentes en distintos indicadores socioeconómicos regionales respecto del promedio nacional. Dentro de estas brechas también deben incluirselas brechas de capacidad de gestión de los Gobiernos Regionales. (Propuesta planteada también por Von Baer et al, 2012).

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Establecer por ley un impuesto
específico de beneficio para los
municipios y para los Gobiernos
Regionales (compartido en una
proporción a determinar), a aquellas
actividades empresariales y proyectos
de inversión que por su naturaleza
generen externalidades negativas en
el territorio donde se ubican

Financiamiento del desarrollo – Sergio Granados y Jorge Rodríguez

Este impuesto sería un ingreso propio de los municipios y Gobiernos Regionales que lo reciban, por lo que el uso de los recursos recaudados sería de libre disposición. El impuesto en cuestión debiese pagarse en cuotas mensuales, y debiese aplicarse mientras la actividad generadora de externalidades esté en funcionamiento. El pago de este impuesto en ningún caso debe eximir a los proyectos de cumplir las normas (ambientales, sanitarias, laborales y otras) que la ley les exige.

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Desarrollar programas de formación de la dirigencia social para capacitar líderes sociales en regiones.

Capacidades territoriales – Gonzalo Delamaza

El gran ausente de las políticas de participación ha sido el componente de fortalecimiento de la sociedad civil, cuestión fundamental en el marco de una estrategia de fortalecimiento de las capacidades regionales para el desarrollo. Es necesario capacitar líderes para la actuación pública: esto puede canalizarse a través del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público y debiera permitir abrir un espacio en las universidades para la formación de la dirigencia social.

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Reformar la institucionalidad pública encargada de la generación de información estadística y tributaria, de modo tal de asegurar la existencia de información desagregada a escala regional y comunal para el adecuado planteamiento y seguimiento de políticas de desarrollo en los territorios

Desarrollo productivo – Hernán Frigolett

Gran parte de la información generada por el INE no tiene representatividad estadística a nivel regional y, menos aún, a nivel comunal. La encuesta CASEN que se usa para la focalización de las políticas sociales y para hacer un seguimiento de la pobreza, tampoco es representativa a nivel comunal. Decisiones fundamentales como el IPC y la línea de pobreza se basan en encuestas que solo se hacen en algunas grandes ciudades. Incluso los impuestos que pagan las empresas se registran como generados en la ciudad donde tienen su casa matriz, que en la gran mayoría de los casos es Santiago. Ello debilita notoriamente las capacidades de diagnósticos, de diseño de políticas, de evaluación de impactos y de control social de las decisiones de política pública.

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Reformar los programas sociales de capacitación vía SENCE a través de una oferta diferenciada para cada región, estimando regionalmente la demanda (cantidad de cupos y áreas)

Empleo y género – Andrea Bentancor

Se propone que el proceso de estimación de demanda, tanto por cantidad como por áreas o temas de capacitación, se realice a nivel regional por unidades del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) territoriales con atribuciones, competencias y recursos para definir estrategias y planes regionales que se enfoquen en fortalecer el territorio. En esta línea, se propone avanzar hacia una estructura descentralizada del SENCE.

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Mejorar la capacidad de atención especializada en salud para territorios lejanos y/o aislados, realizando interconsultas a través de Internet y otras herramientas de comunicación a distancia

Salud – Ricardo Fábrega

Existe un enorme potencial de igualación en el acceso a servicios rompiendo las barreras geográficas. El uso de tecnologías de información y telecomunicaciones permitiría aumentar la capacidad resolutiva descentralizada y dar soporte a los profesionales de Atención Primaria de Salud ubicados en territorios alejados. Ya existen experiencias exitosas de telemedicina en algunas patologías vinculadas al Auge que cuentan con especial preocupación del sistema.

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Crear agencias locales de educación de base provincial para la administración de la educación pública, que cuenten con un financiamiento basal complementario al sistema de subvención por asistencia

Educación Escolar – Gonzalo Muñoz y César Muñoz

Es necesario atacar seriamente los factores de desigualdad estructurales que influyen en las condiciones y calidad en la que se desarrolla el proceso educativo. Para ello se propone superar la estructura municipal, creando Agencias Locales de Educación Pública, de carácter descentralizado, pero que respondan a una línea común: un Servicio Nacional de Educación. Construir un nuevo sistema de educación pública supone un gran desafío económico e institucional. Un paso indispensable en esta línea es la creación de un financiamiento basal para la Educación Pública, complementario y distinto a la subvención, que permita mejorar las condiciones del sector e implementar la nueva institucionalidad propuesta. Este financiamiento debe hacerse cargo de las diferencias territoriales que existirán entre los territorios aún en esta nueva estructura, y debe ir acompañado de un plan de desarrollo de capacidades en las nuevas agencias locales.

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Establecer una relación más estrecha entre las universidades y los procesos de desarrollo regional, involucrando a las universidades en los procesos de planificación del gobierno regional

Educación Superior – Miguel Crispi

Diseñar un nuevo tipo de relación entre las universidades públicas y los gobiernos regionales, asegurando que las competencias, capital humano e investigación que desarrollan dichos planteles, se encuentre vinculado y sirva para los propósitos que cada gobierno regional ha definido para el futuro de sus regiones. El objetivo principal que persigue una medida de este tipo es asegurar que los bienes públicos que generan las universidades públicas colaboren al desarrollo regional. Como medida concreta se sugiere involucrar a las universidades, en la persona de sus rectores, a los gobiernos regionales, invitando a éstos a hacerse cargo de los desafíos que proponen las agendas regionales de desarrollo.

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Implementar un programa de superación de la pobreza que garantice un ingreso básico a todas las personas en situación de pobreza extrema, pero donde el monto y los criterios de asignación sean territorialmente diferenciados, que además se complemente con el desarrollo de iniciativas específicas en cada región

Pobreza – Juan Carlos Feres

Los programas nacionales de transferencias de recursos a la población en situación de pobreza que conocemos hasta la fecha se caracterizan por un diseño parejo para todo el país y una excesiva centralización institucional. Ello limita su capacidad de responder adecuadamente a situaciones de pobreza que son territorialmente muy heterogéneas. Se propone avanzar hacia garantizar un ingreso para todas las personas en situación de pobreza extrema, pero donde el nivel de dicho ingreso se defina en función de las brechas de pobreza regionales y no nacionales, donde las poblaciones beneficiarias sean seleccionadas en función de puntos de corte regionales y donde los mecanismos de monitoreo de la implementación del programa y de coordinación con los sectores implicados sean diseñados e instrumentados por las regiones.

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