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Cohesión Territorial para el Desarrollo

Capacidades Territoriales

 

Por Gonzalo Delamaza

  1. Promover una política de fortalecimiento del rol público de la sociedad civil. Se propone la ampliación y fortalecimiento de la asociatividad; incorporar el criterio de “impacto sobre las capacidades sociales” en los sistemas de evaluación y asignación de la inversión pública; constitución de un Consejo para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil de carácter mixto y dotado de una estructura operativa regionalizada, como un interlocutor de las políticas públicas en la materia, que de seguimiento y cautele el cumplimiento de la ley 20.500 y administre el Fondo de Fortalecimiento; y establecimiento de la Formación Ciudadana como materia obligatoria del curriculum escolar.
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  3. Desarrollar programas de formación de la dirigencia social para capacitar líderes sociales en regiones. El gran ausente de las políticas de participación ha sido el componente de fortalecimiento de la sociedad civil, cuestión fundamental en el marco de una estrategia de fortalecimiento de las capacidades regionales para el desarrollo. Es necesario capacitar líderes para la actuación pública: esto puede canalizarse a través del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público y debiera permitir abrir un espacio en las universidades para la formación de la dirigencia social.
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  5. Perfeccionar, potenciar y monitorear las herramientas legales para la participación. Monitorear la aplicación integral por parte de los servicios y reparticiones públicas de las herramientas legales de participación ciudadana, generando información periódica, realizando capacitación a servidores públicos, acogiendo denuncias ciudadanas, realizando indicaciones y planteando reorientaciones a la acción pública; modificar la Ley General de Urbanismo y la Ley de Bases del Medio Ambiente en lo relativo a participación (estableciendo participación anticipada; mecanismos de involucración “activa” y dotación de soportes técnicos a disposición de la ciudadanía); en el caso de la Ley N° 20.500 al menos incorporar el nivel regional dentro de las reparticiones que deben contar con Consejos de OSC (al igual que los municipios); aprobar una ley para permitir la realización de plebiscitos comunales con menores barreras de entrada, asegurando una partida de financiamiento público para ello (por ejemplo, una vez durante el período alcaldicio); establecer las materias y regulaciones que deben ser sometidas a plebiscito para su entrada en vigencia legal, entre ellas los Planes Reguladores Comunales; y promover la asignación de atribuciones resolutivas a los Consejos Escolares de los establecimientos educacionales públicos, tal como lo permite la ley del 2005.
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  7. Crear sistemas territorializados de información y estadísticas para la deliberación pública. En el marco de la necesaria reforma del INE, incorporar una División Regional que se ocupe de diseñar y perfeccionar la estadística e información regionalizada y a escala comunal a disposición de la ciudadanía; desarrollar estudios de opinión y encuestas regionales y locales periódicas (Barómetros regionales) para la deliberación pública y la toma de decisiones, a cargo de las universidades regionales. Una figura institucional que podría contener lo anterior podría ser la propuesta de Red Regional de Observatorios Ciudadanos centrados en descentralización y desarrollo territorial (CIDER, 2013: 80).
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  9. Promover Consejos de Desarrollo Territorial Público-Privados. Sobre la base de lo avanzado con las Agencias Regionales de Desarrollo, hoy Corporaciones Regionales de Desarrollo, se propone constituir Consejos de Desarrollo Territorial que permitan articular actores y orientar acciones de desarrollo para territorios específicos. Éstos estarán conformados por el GORE, el estamento municipal, los actores productivos -tanto inversores externos como empresas del territorio- y representantes de la ciudadanía organizada. Para ello, debe contarse con recursos orientados a los territorios (provenientes de un mayor royalty o canon a las actividades extractivas).
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  11. Fortalecer la comunicación regional para la deliberación pública. Para asegurar la comunicación y deliberación de contenidos regionales como parte del debate democrático y de desarrollo, es necesario profundizar aspectos específicos relacionados a la legislación sobre telecomunicaciones, radiodifusión, etc., entre los cuales se puede avanzar en: incorporar un representante de las universidades públicas regionales al Consejo Nacional de Televisión, con la finalidad de cautelar la presencia de puntos de vista regionales en esta instancia reguladora; introducir cláusulas de incentivo a contenidos, locaciones y proyectos regionales en los fondos que administra al efecto tanto el CNTV como la CORFO; establecer fondos estables de incentivo a la comunicación de alcance local y regional, tanto escrita, como audiovisual; y establecer un Observatorio de Medios de Comunicación, como organismo independiente, con financiamiento público y presencia de representantes regionales, que tenga por misión establecer las características y evolución del sistema de medios en términos de los requerimientos de comunicación pública que tiene el país.
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  13. Fortalecer el rol de las Universidades Regionales del Estado en la producción de bienes públicos regionales. Para ello, se propone establecer Fondos Basales para Universidades Regionales en función del fomento de la producción de bienes públicos en espacios regionales y macro regionales (definiendo de manera participativa algunos bienes públicos que es necesario proveer en las regiones y en función de ellos determinar fondos orientados a su producción por parte de las universidades regionales, ya sea individualmente o bien asociadas entre sí, dependiendo del tema que se aborde); reformar los gobiernos corporativos de la universidades públicas regionales, creando un mecanismo de participación de las sociedades regionales en los Consejos Superiores, que reemplace al actual de nombramientos presidenciales y discrecionales, y estableciendo participación estatal regional en las Juntas Directivas de las universidades que reciben financiamiento público.
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  15. Reformar el Sistema Nacional de Investigación: Conicyt para las regiones. Se propone modificar la composición de los Consejos de Conicyt asegurando la presencia de científicos de regiones y crear una división de ciencia regional de Conicyt. Esta división debiera elaborar y promover las agendas macrorregionales de investigación y educación superior; financiar una línea de las alianzas entre universidades y sociedad civil organizada; y apoyar la creación y desarrollo de los centros de pensamiento estratégico regional. Se propone adicionalmente desarrollar un procedimiento de adscripción de investigadores/as a un Sistema Regional de Investigación, con incentivos específicos y mecanismos concursables y no concursables de financiamiento (lo cual supone redefinir el papel de Fondecyt).