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Cohesión Territorial para el Desarrollo

Descentralización política y capacidades públicas

 

Por Egon Montecinos

  1. Elegir por sufragio popular al Intendente Regional. Elegir de manera directa al Intendente es una necesidad para garantizar la legitimad y representación territorial en la acción de gobierno en la región, lo cual no es excluyente con mantener un representante directo e inmediato del Presidente de la República en regiones.
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  3. Presupuesto participativo regional. Se propone avanzar hacia una “presupuestación participativa regional”, en donde los representantes sociales y productivos tengan la posibilidad de participar en el diseño, decisión, evaluación y control de las políticas públicas regionales. Consiste esencialmente en que una parte del Fondo Nacional de Desarrollo Regional sea priorizada y decidida por agentes regionales (representantes de la sociedad civil, del sector productivo e instituciones públicas). Teniendo como ejemplo el modelo peruano, la priorización que hacen los “agentes participantes” se haría resguardando que, por un lado, los proyectos discutidos estén en directa consonancia con las áreas de desarrollo contenidas en la planificación regional que hacen los GORE y, por otro, que éstos otorguen apoyo técnico y capacitación a los agentes participantes para garantizar un cierto equilibrio en las condiciones y capacidades con que llegan al espacio de participación.
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  5. Instalación de capacidades técnicas en municipios y regiones. Una de las desigualdades más relevantes que actúa como condicionante ante la captación de recursos fiscales para municipios, es la que se produce entre municipios grandes (que tienen más posibilidades de contar con profesionales calificados) y los municipios pequeños (que cuentan con menos posibilidades para acceder a dichos profesionales). La instalación de recurso humano calificado en municipios y en regiones es una urgencia. Desconocer esta problemática no deja de tener consecuencias políticas, especialmente sobre aquellos municipios de menor tamaño relativo, porque contribuye a profundizar las inequidades territoriales entre municipios con más capacidades técnicas y municipios con menos capacidades técnicas.
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  7. Traspaso efectivo de competencias en regiones. En la actualidad, las regiones sólo implementan políticas públicas y no inciden en el diseño, ni en la formulación presupuestaria, la cual es de corte nacional en cada ministerio. Por tanto la identidad regional y la pertinencia territorial de la política pública, no es un elemento consustancial en dicho proceso. Si queremos avanzar hacia la idea de “hacer” gobierno regional, es necesario transferir a regiones una parte importante de la capacidad efectiva de “formular políticas públicas” en los gobiernos regionales en ámbitos como fomento productivo, capacitación laboral, medioambiente y territorios. Respecto a la metodología más adecuada para realizar el traspaso efectivo de las competencias se pueden usar 3 modalidades: la primera sería la transferencia homogénea de las atribuciones y capacidades a todas las regiones; la segunda puede inspirarse en la experiencia española, que implica la transferencia a la demanda con mecanismos de acreditación; finalmente, la tercera modalidad es el traspaso acordado por grupos de regiones, modalidad similar a como se aplicó la reforma procesal penal en Chile.
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  9. Atribuciones políticas al Consejo Regional.En la práctica, lo que existe en Chile son “Delegaciones Regionales” que administran e implementan políticas públicas, las cuales deciden el destino territorial de recursos condicionados por el nivel central de gobierno. Para pasar de la administración al gobierno regional debiera darse al menos que los Consejeros Regionales cuenten con atribuciones políticas para proponer temas de interés regional y políticas públicas, de tal forma que efectivamente el Consejo Regional se transforme en un espacio de debate, deliberación y de construcción de “Política Pública Regional”.
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  11. Descentralización de los partidos políticos. Quienes deben proponer reformas para modificar el centralismo -los partidos políticos-, pertenecen a las instituciones más centralizadas que tiene el país, lo cual constituye un obstáculo. Se deben incorporar reformas a la ley de partidos políticos que valoricen un poco más las estructuras regionales de decisión interna, de tal forma que se puedan fortalecer los sistemas de decisión y participación de ciudadanos y militantes en pos de democratizar las decisiones y de promover más capacidades políticas a escala local y regional.
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  13. Revisar la actual regionalización y emprender una gran reforma sobre regionalización y descentralización democrática. Ésta reforma debe permitir construir “regiones” en base a criterios socio-políticos (no geopolíticos ni administrativos solamente), enmarcados en una nueva regionalización democrática. Para ello, se debe considerar como referencia a las provincias como la unidad histórica de identidad política territorial, la cual se verá potenciada a partir de la elección de los consejeros regionales –que tiene como unidad electoral justamente a las provincias-. En el actual diseño, se generarán tensiones políticas entre las provincias y la región, por lo que es necesario avanzar hacia un nuevo pacto territorial en el que se revise la actual regionalización, anticipándose a la fragmentación territorial que eventualmente podría incrementarse al interior de algunas regiones.